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Las respuestas que se han generalizado sobre el principio de territorialidad de nuestro sistema tributario, por parte de las distintas autoridades, parten de una interpretación y aplicación de un concepto que no necesariamente cuenta con un claro sustento en la normativa vigente.


Para proseguir el proceso de la ampliación y profundización de la democracia liberal, base fundamental del pacto social nacional, quedan aún por cumplir determinados compromisos de mucha trascendencia para la ciudadanía en general.


Es claro que nuestro país ha optado desde hace ya muchos años por convertirse en un país que atrae inversión extranjera y en consecuencia, resulta lógico que mantenga un sistema de renta territorial, que le permite gravar la renta que generan las empresas de capital extranjero que operan en el país.