Fue tan solo a inicios de marzo cuando Aldesa Corporación de Inversiones, el ala de inversiones privadas del grupo, pidió al Juzgado un régimen de administración y reorganización por intervención judicial, pero tres meses han sido suficientes para que el deterioro de las subsidiarias sea aún más evidente.
La sociedad administradora de fondos sigue en marcha, pero las cuentas de los inversionistas cayeron a menos de la mitad entre enero y mayo. Del puesto de bolsa solo queda el nombre y la espera del aval para disolverse formalmente. Los siete u ocho proyectos inmobiliarios del negocio privado, por su lado, siguen varados.
Aldesa dio curso a parte de las medidas de reestructuración que planteó al lado de la solicitud del proceso, aun sin la respuesta del Juzgado o a la espera de esta. El cierre del puestos de bolsa y el consecuente traslado de las custodias a Sama, así como la disolución de algunos fondos de inversión y el impago a los inversionistas forman parte de esas acciones.
Además, entre el 10 y 11 de junio, la Fiscalía llevó a cabo 12 allanamientos en Aldesa y otros nueve operativos en la casa de Javier Chaves, presidente de la compañía, así como en las de los directivos de la empresa. También se allanaron las instalaciones del Grupo Sama y de Sugeval. Chaves recibió medidas cautelares.
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¿Qué sigue para Aldesa? La empresa tiene puesta su mirada en que el Juzgado dé el visto bueno a la intervención, lo que le daría tiempo para desarrollar los proyectos inmobiliarios y pagar a los inversionistas. Sin embargo, ante las investigaciones de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y el Poder Judicial, esa posibilidad se nubla. El otro camino sería la quiebra.
EF envió varias consultas a la empresa para conocer sus planes a partir de este momento, pero, al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
Riesgos presentes tiempo atrás
La iliquidez que embargó a Aldesa hace unos meses era un riesgo alertado desde hacía mucho más tiempo.
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Un año antes de que Aldesa Corporación de Inversiones solicitara la intervención judicial ante el Juzgado, el auditor externo señaló la liquidez como uno de los riesgos. En el documento se cita que esta sociedad es controladora de Grupo Bursátil Aldesa S. A. Esto ocurrió en abril del 2018 y fue justo en este documento cuando el auditor dio una opinión con salvedad respecto a los estados financieros del 2017.
Desde entonces, la auditoría destacó que, al 31 de diciembre del 2017, el grupo y las subsidiarias mantenían inversiones en el Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco por ¢214,8 millones.
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Estas inversiones se mantenían registradas al precio de mercado, pero no se realizó una estimación por deterioro, aun cuando “existe evidencia de posible deterioro en su valor”, señala el documento.
En ese mismo texto se detallan algunas negociaciones que el grupo ejecutaba para generar flujos de efectivo para el fondo de Monte del Barco, dinero que a la fecha no llega.
Este proyecto –el más grande del grupo, ubicado en Papagayo, Guanacaste– cuenta con diseños para un desarrollo de 130 habitaciones de lujo y un contrato con la cadena hotelera Rosewood Hoteles y Resorts. También está firmada una concesión con las dos subsidiarias: Inversiones Monte del Barco S. A. e Inversiones Goda S. A.
El levantamiento de capital es lo que no se ha concretado y se estima en $100 millones.
Si este proyecto avanza, le daría dinero suficiente al negocio para continuar sin problemas de liquidez, afirmó Chaves en una entrevista en marzo.
Ya en 2017, el grupo registró pérdidas por más de ¢17 millones, un golpe profundo luego de un 2016 con más de ¢193 millones en réditos.
Esa cifra roja del grupo se agudizó significativamente en 2018, con pérdidas por ¢705,6 millones.
La opinión con salvedad se repitió en abril del 2019; señaló nuevamente la falta de estimaciones en el período 2018 por las inversiones deterioradas del proyecto guanacasteco, pero, además, el deterioro del negocio de Aldesa tras la solicitud de intervención judicial.
Tras la solicitud de intervención, la junta directiva de Aldesa acordó disolver la unidad de Titularización del grupo.
Posteriormente, se decidió que el Grupo Bursátil asumiría las pérdidas de la Safi, y se redujo el capital social en más de ¢300 millones.
Poco después, se concretó el traspaso de las custodias de Aldesa Puesto de Bolsa a Sama Inversiones. De esta manera, el puesto quedó solo con su nombre y a la espera de la desinscripción formal ante Sugeval.
Aunque parecía estar a poco de concretar este último paso, la Superintendencia abrió en mayo un proceso administrativo sancionatorio contra Aldesa, lo que pausó el cierre del puesto de bolsa.
Esta decisión de la Superintendencia se suma a la suspensión de la negociación de valores en el Fondo de Monte del Barco, anuncio que realizó en marzo bajo el respaldo de que la auditoría había dado una abstención de opinión.
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Mientras todo esto salía a la luz, los inversionistas de la Safi encontraban más razones para alejarse de la empresa y los activos empezaron a caer, tanto por la incertidumbre como por la liquidación de cuatro fondos y la reducción en la calificación de cuatro fondos que seguían activos.
Los activos de la Safi cayeron ¢31.196 millones entre enero y mayo, con 1.279 menos cuentas de inversionistas en igual período.
Además, los proyectos inmobiliarios –el principal activo del grupo– están pausados a la espera de la respuesta del juzgado.
El único proyecto finalizado es la zona franca Terra Industrial en El Coyol de Alajuela. Terra Verbena (antes llamada Málaga City) había iniciado construcción, pero disminuyó considerablemente el avance después de la solicitud de intervención.
Otros proyectos sin avance son Conde Monte Cristo, en Puntarenas, y Ciudad del Oeste y La Balvina, en Alajuela. Estos no han iniciado construcción, pues están a la espera de permisos o de inversionistas.
Monte del Barco es el más grande y, aunque en marzo Chaves dijo a EF que estaba negociando con inversionistas españoles, de esto no hay avance tampoco.
Sin más, el futuro de Aldesa se sigue barajando en el Juzgado y ahora en la acera judicial ante las investigaciones por posibles delitos cometidos por su principal representante, entre ellos estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos y autorización y publicación de balances falsos.
