A nadie convendría un default de Argentina en caso de no pagar el viernes intereses de la deuda, pero si eso ocurriese el gobierno de Alberto Fernández podría continuar igualmente, aunque con más presión, la negociación por un canje de bonos por $66.000 millones.
Fernández está embarcado en cerrar el acuerdo dentro del plazo que fijó para dentro de cuatro días, fecha que coincide con el vencimiento de un pago por $500 millones en intereses de tres de los bonos ofrecidos para el canje.
“No sé si habrá default. Se van arrimando posiciones. Estamos más cerca de un acuerdo. Hay flexibilidad para negociar”, dijo Matías Rajnerman, economista de la consultora Ecolatina.
Los bonos globales que Argentina busca canjear representan menos de la quinta parte del total de la deuda pública del país sudamericano. Pero son estratégicos. Están bajo legislación extranjera, lo que significa que si hubiera un impago y el caso llegara a la Justicia, será en un tribunal de Estados Unidos.
Si Argentina tiene éxito, antes o después del viernes, sería un paso adelante para un país que en 2001 declaró el mayor default de la historia por más de $100.000 millones en medio de una gigantesca crisis.
El presidente Fernández (centro-izquierda) era jefe de gabinete del ya fallecido mandatario Néstor Kirchner (2003-2007) cuando el país negoció 93% de aquellos papeles en mora, entre 2005 y 2010, y ahora vuelve a estar en el mismo papel. "Siempre me toca a mí", dijo en tono resignado pero risueño.
Los bonos emitidos entonces también entran en la actual propuesta de canje.
¿Ante un juez?
“Por como se mueve el índice ‘riesgo país’, en baja, hoy el mercado descuenta que Argentina no va a pagar (el viernes), pero no se van a ejecutar las cláusulas tan temidas de ‘aceleración’ de todos los pagos, para seguir negociando”, dijo Rajnerman.
La aceleración implica que si un bono entra en default, también lo hace el resto. Pero sólo con el respaldo del 25% de los acreedores el impago se convierte en causa judicial.
“Si se entra en default, supongo que los acreedores que no acepten la propuesta esperan tener mejores resultados por la vía judicial”, dijo Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE), de la privada Universidad de Belgrano.
El arbitraje internacional permitió a un grupo de fondos especulativos o “buitre” -como se los conoce en Argentina por comprar deuda en mora-, cobrar durante el anterior gobierno del liberal Mauricio Macri (2015-19) unos $11.000 millones por aquel 7% restante de la deuda argentina.
"Con los títulos de la deuda externa algunos piensan que esperar cuatro años es negocio, persuadidos por la experiencia de los 'fondos buitre'", dijo Pablo Tigani, máster en Política Internacional y profesor de la universidad privada UADE.
Por ahora, Argentina “se muestra firme y racional en su oferta porque debe enfrentar la reestructuración bajo la repetida amenaza de default”, dijo Tigani.
La oferta argentina, que ya rechazaron los acreedores, consiste en acordar tres años de gracia y sendas quitas, una en los intereses por 62% y otra en el capital por 5,4%.
La tasa mínima sería de 0,5% y la máxima de 5% con un plazo de maduración de la deuda de 17 años, entre 2030 y 2047.
Contraofertas
Las contraofertas de los acreedores son variadas, según el grupo al que pertenecen. Unos quieren capitalizar intereses, otros no quitar nada del capital y otros aumentar la tasa, de acuerdo a lo que sus voceros hicieron trascender a la prensa.
"El mercado ve algún tipo de arreglo, pero difícil que lo cierren en una semana", dijo Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.
La impresión de que habrá un entendimiento hizo que la Bolsa de Buenos Aires subiera y los bonos no cesaran de recuperarse en las últimas jornadas.
“Si hay default, podría encarecerse el crédito de empresas y estatal. Pero esto no fue un problema tan significativo en otras épocas”, constató Hernán Letcher, director del privado Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
“El riesgo de default les da una cuota adicional de poder a los acreedores para negociar, porque Argentina quiere evitarlo. La otra opción es que pretendan judicializar la discusión”, concluyó.
