En Costa Rica hay una nebulosa que imposibilita conocer el verdadero nivel de endeudamiento de la población. ¿Cuán grande es? Nadie lo sabe, ni siquiera las autoridades financieras.
Sus consecuencias, en cambio, son más tangibles. La falta de datos concretos entorpece la creación de políticas públicas para mejorar la condición financiera del país y no permite proteger ni premiar a los malos y buenos deudores, respectivamente.
La carencia informativa proviene de un sector crediticio que opera fuera de la lupa de los reguladores y que, ante la falta de datos oficiales, se intuye que está compuesto por algunos de los estratos más vulnerables.
¿Quiénes son los no supervisados?
El sector no regulado está compuesto por todas las entidades que brindan servicios financieros pero que no están bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) debido a que, en teoría, no realizan intermediación financiera.
En el ecosistema no supervisado están las empresas financieras que se dedican primordialmente al crédito de corto plazo como Beto le Presta, Instacredit o Rayo. También están las de comercio, como tiendas departamentales y de electrodomésticos —que brindan créditos para financiar las compras en sus almacenes— y las empresas de telecomunicaciones.
Estas tres ramas normalmente suelen considerarse como empresas formales, aunque no estén supervisadas, porque suelen estar debidamente inscritas en el país bajo alguna actividad económica.
No obstante en el sector crédito también existe una rama informal: prestamistas no inscritos que van desde quienes dan créditos bienintencionados a familiares o amigos hasta grupos organizados, algunos vinculados a actividades delictivas, que dan los temidos préstamos gota a gota en condiciones de usura.
¿Qué sabemos sobre los no supervisados?
Si bien no hay datos oficiales, sí existen algunos estudios que han intentado arrojar un poco de luz sobre los vacíos informativos.
Uno de los más constantes, debido a que se realiza con una periodicidad anual, es el Informe de Deuda Morosa que elabora Equifax en colaboración con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Hasta el momento se han hecho tres entregas de este documento que comparan los datos de los primeros semestres del 2019, 2020, 2021 y 2022.
El último informe encontró que en los últimos dos años ha habido un incremento en los montos morosos vinculados a este sector. Según el informe, para el primer semestre del 2022 el monto total de mora del sector no regulado creció interanualmente en un 11%, mientras que la del supervisado bajó en un 9%.
Además, el monto promedio de mora por persona también ha venido en ascenso: pasó de ¢389.722 a ¢415.400 entre el primer semestre del 2021 y el mismo periodo del 2022.
También se mapeó que la mayoría de deudores del sector no regulado tienen operaciones en el sector comercio (71%), seguido del financiero (42%) y por último en el de telecomunicaciones (13%). Los porcentajes suman más de 100 porque un mismo deudor puede tener obligaciones en varios sectores.
Además, son las deudas en comercio en las que más personas han caído en morosidad entre junio de 2021 y 2022.
Este informe también encontró que el 52% de las deudas morosas del sector no regulado son incobrables o están en cobro judicial.
Según una recopilación que hizo la Superintendencia, de los 20.546 expedientes que el Poder Judicial tenía bajo cobro legal en junio del 2022, solo un 12% pertenecían a entidades reguladas por Sugef, mientras que el restante 88% provenían del sector financiero no regulado.
La Oficina del Consumidor Financiero también ha recopilado información sobre el crédito no regulado por medio de su estudio del 2021 titulado Endeudamiento de las personas en Costa Rica.
Este estudio encontró que cuanto más bajo es el ingreso subjetivo, mayor porcentaje de personas acuden a prestamistas no regulados por la Superintendencia.
De la población encuestada, un 49% de los que dijeron mantener deudas con empresas de electrodomésticos, “polacos” u otras tiendas mencionaron que sus ingresos no les alcanzan para sus gastos básicos. En la misma situación se encuentra el 52% que dijo tomar un préstamo de familiares o amigos en el último año.
En cambio, los encuestados que dijeron que sus ingresos les alcanzan para lo básico y más, accedieron en mayor medida a préstamos de entidades reguladas.
La Superintendencia también realizó en 2020 una estudio titulado Encuesta Nacional Sobre Inclusión Financiera en el que se recopilaron algunos datos del sector informal.
De la población encuestada, un 30% dijo tener una deuda con una casa de empeño, prestamistas, casas de electrodomésticos, amigos o conocidos, asociaciones solidaristas o cooperativa del trabajo y “otros”. Este tipo de prestamistas normalmente se encuentran en el umbral de los no supervisados y de los informales. De hecho el volumen más grande lo tienen los familiares y amigos o conocidos con un 19,8%.
El problema de la invisibilidad
Que hayan prestamistas no supervisados por Sugef no es un problema en sí mismo, de hecho el préstamo sin intermediación financiera es algo cotidiano y completamente legal. Los problemas se originan, más bien, al no contar con información certera sobre los alcances y consecuencias de estos negocios.
Esta oscuridad crediticia hace que se desconozca el verdadero nivel de endeudamiento de la sociedad y se cree un vacío informativo que dificulta la generación política pública alrededor del sector financiero. En especial cuando es un sector que, basado en estudios como los que se mencionaron anteriormente, parece tener situaciones que necesitan de atención.
“No se pueden tomar decisiones de política pública o tener alguna iniciativa para trabajar el sobreendeudamiento si no se tiene idea de cuál es ese valor”, dice Javier Cascante, exsuperintendente de Sugef y asesor de la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi).
“Ese es posiblemente uno de los elementos más cruciales que deberían tener claro los diputados y los gobernantes: no tiene sentido hacer política pública si no hay un estudio de línea base. Aquí en Costa Rica hablamos muchísimo y hacemos un montón de cosas en materia de educación financiera, pero nos debemos preguntar: ¿qué hemos logrado? Sí, aportan, ¿pero estamos atacando el problema de fondo? ¿Conocemos el problema de fondo? No, porque no se han desarrollado los estudios técnicos para comprenderlo como sí lo han hecho ya en otros países”, considera Danilo Montero, director de la OCF.
“No podemos comenzar a generar leyes sin disponer de un estudio que nos aporte un punto de partida mucho más analítico. No es lógico hacerlo a base de lo que ‘yo creo’ o a ‘mí me parece’, ‘yo siento’, ‘yo intuyo’, (...) el problema es dónde están los estudios que permitan reconocer a la gente, en qué edades o ubicación están los problemas, cuáles son los temas en que está más débil la población”, agrega Montero.
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Para los prestamistas, ya sea supervisados o no, también representa un problema no conocer el verdadero nivel de endeudamiento que tienen sus clientes. Hoy una persona puede tener un historial limpio en bancos y al mismo tiempo tener deudas hasta el cuello en el sector no supervisado.
Que no existan estos datos también es un problema para los deudores, ya sea por su buen o mal comportamiento. Por ejemplo, un deudor que ha sido buen pagador en el sector no supervisado tiene menos posibilidades de acceder a futuras operaciones más formales por la misma invisibilidad en la que operó.
“Muchas veces los deudores no tienen acceso al crédito porque no tienen una cuenta bancaria o un historial crediticio en el sistema financiero formal”, dice Cascante.
Por otro lado, la falta de un registro más global hace que sea más probable que a las personas sobreendeudadas se les otorgue más crédito, agudizando todavía más el problema.
Aumento en actividades ilícitas
Como ya se mencionó, el crédito no es un crimen, pero sí parece que actividades criminales están proliferando alrededor del negocio de prestar dinero en lo que se conoce como los préstamos gota a gota.
En este tipo de préstamos una persona saca un crédito informal, sin documentos, sin fiadores y con intereses elevados que no respetan los límites de la ley de usura. Cuando al deudor se le imposibilita continuar haciéndole frente al pago, los cobros se comienzan a realizar bajo amenazas de muerte, de agresiones físicas o de daño a familiares.
Durante el primer semestre del 2022 las denuncias por este tipo de operaciones fue tan alta que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) convocó una conferencia de prensa en agosto para alertar sobre el tema.
Al OIJ le preocupó un dato en particular: durante todo el 2021 se habían registrado 300 denuncias por extorsiones derivados de préstamos gota a gota, mientras que solo en los primeros seis meses del 2022 ese número ya llegaba a 215.
“Una de las situaciones que lastimosamente tiene como objetivo este tipo de delitos es buscar población vulnerable, siempre las víctimas van a ser personas a las que lastimosamente se les dificulta buscar un préstamo de manera formal o regular en una entidad bancaria o cooperativa y pues obviamente este tipo de grupos aprovechan para realizar su actividad comercial”, dijo Osvaldo Ramírez Miranda, jefe de la Unidad de Investigación de la Sección de Delitos Varios de la Policía Judicial en dicha conferencia.
También mencionó que estas actividades se han ido expandiendo y que no son solo un puñado de delincuentes las que las hacen, sino que se han ido creando redes más grandes.
Según dijo entonces Ramírez, por préstamos de ₡200.000 a las personas se les cobran ₡50.000 semanales solo en intereses sin que la deuda llegue a bajar.
“Hay condiciones de usura que generan presiones no sólo económicas a las personas, sino psicológicas (...) a mí realmente me alarma porque lo vemos como si fuera un problema aparte, pero es un problema de política pública en donde este país poco ha avanzado”, dice Rocío Aguilar, superintendenta de entidades financieras.
Una central crediticia como posible solución
La Sugef está trabajando en un proyecto de ley para la creación de una Central Crediticia. Esta propuesta lo que busca es ampliar lo más que se pueda el ángulo de captura de las operaciones de crédito fuera del sector supervisado.
El proyecto volvería obligatorio el registro de información crediticia de los prestamistas no supervisados para que forme parte de una base de datos protegida. Actualmente, el Centro de Información Crediticia (CIC) cumple una función similar, pero solo con los datos de las entidades bajo el manto de Sugef.
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De momento el proyecto de ley se encuentra en revisión con un abogado constitucionalista para definir cómo se procedería en materia de protección de datos.
Cascante, aunque dice desconocer todos los alcances del proyecto, ve con buenos ojos la creación de dicha central. “Entre mayor información haya, mejor va a ser el entendimiento del tema. Una de las ventajas en este tipo de iniciativas es el hecho de se va a conocer en mejor medida el nivel de sobreendeudamiento de las personas físicas y jurídicas”, dice el vocero de Asocomi.
“Una central crediticia no solo a ver la parte negativa, sino también la parte positiva: que el sistema financiero pueda conocer que hay una serie de sujetos que tienen un muy buen comportamiento de pago, aunque no sea información que esté en el CIC hoy día, me parece que es un elemento que puede contribuir muchísimo para que estos clientes puedan ser atendidos en el sector formal”, considera Aguilar.
“De los 11 países de América Latina donde opera Equifax, solo en Costa Rica los ciudadanos no tienen derecho a conocer el buen comportamiento de pago (información positiva) y que se considere en las evaluaciones cuando se adquiere un crédito. Si el país avanzara con una ley explícita para el uso de información positiva, un 21% de la población económicamente activa accedería a una opción de crédito en el mercado formal, lo que ayudaría a aliviar la situación de los ciudadanos excluidos por Ley de Usura o aquellos que son víctimas de altas tasas de interés en manos de prestamistas informales”, explicó César Calomino, gerente general de Centroamérica, México y el Caribe de Equifax, en la presentación del III Informe de Deuda Morosa.
En una entrevista con El Financiero en el mes de febrero, Federico Odio, gerente general de BAC Credomatic vio con buenos ojos la creación de una central crediticia con esas características. “Sería muy beneficioso, en tanto tengamos más y mejor calidad de información, vamos a poder tomar mucho mejores decisiones”, dijo.
Siempre habrá un porcentaje de informalidad que quedará por fuera de la lupa, eso es inevitable. Sin embargo, tanto Aguilar como Cascante consideran que al ampliar el rango de captura del historial crediticio se permitirá proteger a más personas.
