Esta ley, que ahora espera su publicación en La Gaceta, tiene como fin lograr que las pequeñas y medianas empresas encuentren financiamiento en fondos de capital de riesgo y capital semilla, incubadoras y aceleradoras. Se aprobó bajo el nombre de Reforma para Incentivar los Modelos de Capital Semilla y Capital de Riesgo para Emprendimientos.

Hasta ahora, los emprendedores podían acceder a los recursos de la Banca para el Desarrollo mediante instituciones financieras como bancos públicos y privados, financieras, cooperativas y organizaciones de desarrollo.

Con la nueva regulación también podrán recurrir a fondos dedicados a conformar y financiar proyectos.

Según datos del Global Entreprenurship and Development Institute, los emprendedores en Costa Rica tienen grandes habilidades para iniciar negocios; sin embargo, muestran deficiencias en las áreas de capital humano, innovación de procesos, adaptación tecnológica y capacidad de generación de valor agregado para competir en el mercado.

De acuerdo con el instituto, la aceptación al riesgo y el capital de riesgo son dos situaciones críticas que presenta el país respecto al emprendedurismo.

La modificación a la ley del SBD indica que, bajo la figura del recientemente creado Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), se desarrollarán programas de fomento con la posibilidad de participar con aportes de capital en estos fondos.

La ley también establece el desarrollo de avales para mitigar los riesgos asociados a la operativa de los fondos, entre otros mecanismos.

Dos opciones

Lo que se indica en la nueva regulación es que, además del capital semilla que ha estado gestando el Sistema con agencias operadoras como Auge y Procomer, se incentivará el financiamiento en dos vías.

La primera está dirigida a emprendimientos que hayan superado la etapa de puesta en marcha y que necesiten capital para sus etapas de consolidación y aceleración.

Renato Alvarado, ministro de Agricultura y presidente del Consejo Rector del SBD, indicó que este programa en particular está en un plan piloto para valorar la viabilidad y consiste en una coinversión de capital de riesgo por parte del SBD.

La segunda está dirigida hacia pymes ya establecidas que requieran un impulso con financiamiento por medio de un coinversor o un fondo de inversión, ya que la nueva ley permite incorporar fondos como un mecanismo para levantar capital a favor de micro y pequeñas empresas y avalar estas inversiones.

Los fondos podrán ser operados por sociedades de inversión o por el mismo Sistema. Sin embargo, la valoración de riesgo y las estimaciones de pérdida esperada serán en función de la naturaleza de cada instrumento y dependerán de la entidad administradora.

Para que esto suceda, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) tendrá que impulsar una reforma a Ley Reguladora del Mercado de Valores para crear este tipo particular de fondos y que estos puedan invertir en instrumentos que no sean de oferta pública y otros activos financieros, un hecho que no está permitido en el resto de fondos del sistema.

Lo anterior lo estipula la ley recién aprobada.

Según Alvarado, el espíritu de este proyecto es brindar más opciones para los emprendimientos más dinámicos, start-ups y pymes que tengan proyectos con un alto grado de innovación, pero poco o ningún acceso a la banca tradicional.

La idea es que el Sistema abra la puerta a más agencias operadoras que puedan atender iniciativas de los diferentes tipos de emprendedores, según la visión de la operadora y su estrategia de negocio.

A la fecha, solo seis entidades bancarias tienen acceso a la administración de los recursos del Sistema, que serían las únicas con capacidad de crear fondos de inversión bajo sus propias sociedades administradoras (Safis).

Para diseñar los productos financieros, el Sistema requerirá del apoyo de Sugeval, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), cámaras empresariales, la Bolsa Nacional de Valores y las sociedades de fondos de inversión.

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Limitaciones del sistema

A pesar de que el proyecto solo espera ser publicado para convertirse en ley, hay limitaciones dentro del sistema financiero y de inversión que la nueva legislación no toma en cuenta.

Si bien el hecho de que se abran nuevas posibilidades de inversión constituye un aporte al sistema, los fondos de capital de riesgo suelen ser complejos, con riesgos especiales, y se desarrollan enfocados en nichos muy particulares de inversionistas que pueden asumir esas características, las cuales resultan poco apetecibles para el mercado local.

Hace varios años, la Sugeval había activado una normativa para que las Safis pudieran abrir fondos de capital de riesgo, pero el mercado no la vio atractiva y la regulación fue puesta en pausa.

De hecho, en el Reglamento General sobre Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, los artículos del título VI, correspondientes a fondos de inversión de capital de riesgo, se encuentran completamente vacíos.

Hasta el momento, ningún fondo dentro del sistema puede servir como vehículo para capital semilla y capital de riesgo, por lo que habría que crear una legislación que los regule, y una sociedad administradora dispuesta a venderlos.

Según explicó Víctor Chacón, director de la Cámara de Fondos de Inversión de Costa Rica, la idea es atractiva, pero aplicar el proyecto no será fácil ni rápido.

Para Chacón, las Safis tendrán que desarrollar la experiencia en estas figuras a partir de cero.

“Esto siempre sucede con productos nuevos, así fue con los fondos inmobiliarios y los de proyectos”, admitió Chacón.

Estos fondos de inversión tienen un horizonte de muy largo plazo y, en un entorno económico lleno de incertidumbre por la nueva legislación fiscal y la desaceleración de la economía, sumado a la aversión natural del mercado de valores costarricense por valores de largo plazo, es difícil que logren aceptación.

“Diseñar productos y explotar este tipo de proyectos es costoso, sobre todo porque se trata de financiar empresas no inscritas ni reguladas, posiblemente sin un gobierno corporativo robusto, sin la adecuada transparencia contable, sobre todo si son Pymes. Hay una inversión preoperativa muy alta que el fondo tiene que amortizar en el tiempo. Esto obliga a ser muy cuidadoso para elegir proyectos con una muy clara expectativa de éxito”, aseguró.

Dado que estos fondos tendrían como objetivo financiar proyectos de emprendedores y familias, sería ideal que las sociedades tuvieran incentivos en la operación, los cuales podrían ser de carácter tributario, como es usual en otros mercados, u otros incentivos gubernamentales, añadió Chacón.

“Entre todo, es positivo el interés del Sistema de querer invertir en estos instrumentos y de querer dar avales a las potenciales empresas; esto es, sin duda, un mitigador de riesgo para los inversionistas”, admitió.

Según Chacón, Costa Rica necesita inversionistas que acepten compartir el riesgo al invertir en patrimonio de las pymes, sin presión de interés ni dividendos, para que puedan desarrollarse sin la carga de los intereses.

En países que ya tienen estas figuras de financiamiento para emprendimientos, los fondos constan de pocos inversionistas que aportan sumas muy altas de capital, en especial instituciones, entidades multilaterales, bancos y agencias de desarrollo, inversionistas ángeles y otros.

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