El Banco Central de Costa Rica (BCCR) hará una inyección de capital tecnológico en el mediano plazo al destinar ¢4.842 millones para modernizar su infraestructura de certificados y firmas digitales en un plazo de 36 meses.
La magnitud de esta inversión es tal que reconfigurará la estructura de gastos de la entidad en el 2027.
De acuerdo con los datos presentados ante la Junta Directiva el 12 de agosto, como figura en el acta pública de esa fecha, el presupuesto total estimado para el portafolio de proyectos de la autoridad monetaria en 2027 ronda los ¢7.142 millones.
Dentro de esta planificación, el nuevo proyecto tecnológico representará un 30% del plan de gastos para 2027 y eso lo convierte en un componente pesado dentro de la cartera de desarrollo institucional.
No obstante, ya que el monto total (¢4.842 millones) será desarrollado durante tres años, su peso no entraría completamente en 2027, según el acta publicada por el BCCR.
A nivel más general, la partida de proyectos del Banco Central representará alrededor del 3,5% del presupuesto total de la institución para el próximo año. La mayor parte se concentrará en la subpartida de bienes y servicios, seguida por las obligaciones de recurso humano.
“Así también aclarar que el motor de riesgos con el cual queremos brindarle una protección al usuario es una herramienta de detección y alertas, o sea, por sí solo no va a detener el fraude, pero sí queremos como elevar el nivel de conciencia del usuario de lo que está haciendo para que evite ser víctima de fraude digital...se está planteando hacer algunas pruebas de concepto, inclusive visitar un par de países que ya vayan encaminados”, explicó Harold Murillo, director del Departamento TI de Sistemas de Pago del banco.
El alto costo operativo y de capital de este proyecto para la modernización de infraestructura de certificados y firmas digitales se justifica por la necesidad de sustituir el hardware, el software, las licencias y los algoritmos criptográficos que resguardan la información confidencial de la entidad y del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).
El rubro principal de gasto se destinará a servicios, lo cual incluye el licenciamiento de nuevas herramientas altamente tecnológicas y analítica avanzada, seguido por la contratación de 12 profesionales tercerizados y la renovación de servidores.
No obstante, el impacto financiero no se limitará a los 36 meses de implementación: una vez que el nuevo sistema esté en marcha para enfrentar la amenaza de computadoras cuánticas hacia el final de la década, el Central estima que los costos operativos promedio de esta nueva infraestructura ronden los ¢823 millones anuales para 2030.
Para iniciar con el proceso, la Junta Directiva aprobó una primera modificación presupuestaria de ¢152,7 millones, tomados de una partida de sumas libres sin asignación, lo que haría posible empezar a ejecutar las gestiones operativas durante el último cuatrimestre de 2026.
