EscucharLa Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no tiene acceso a información tributaria o de los asegurados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dos fuentes de datos a las que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) sí puede acceder y quiere vincular con la información crediticia que le solicitó a la Superintendencia en noviembre de 2022.
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Esta es la razón por la cual no podría elaborar las nuevas estadísticas crediticias que desea obtener la autoridad monetaria. Además, según comunicó la oficina de prensa de la Sugef a El Financiero, la institución no se ha planteado la idea de solicitarle al BCCR acceder a estas bases para vincularlas con los datos crediticios y así elaborar los nuevos análisis.
El Banco Central, por su parte, aunque cuenta con el acceso a bases de datos administrativas, la información que tiene de los deudores está anonimizada, lo cual le impide desarrollar los análisis que pretende, entre ellos: conocer el riesgo financiero de los créditos otorgados a personas que se localizan en zonas susceptibles a fenómenos asociados al cambio climático, el nivel de endeudamiento de los hogares en el país y el impacto de los cambios en la Tasa de Política Monetaria (TPM) sobre ellos.
La autoridad monetaria aseguró que el número de identificación de los deudores le resulta vital para que su División de Gestión de Información pueda elaborar las nuevas estadísticas crediticias, ya que es la variable que le permitiría vincular los datos con información a la que ya tiene acceso.
“Al Banco Central no le interesa la información de una persona o de una empresa en particular, lo que importa es poder hacer esa vinculación entre las bases de datos”, comentó el economista jefe del BCCR, Alonso Alfaro, en la conferencia de prensa que realizó la entidad el pasado martes 22 de agosto para explicar las razones por las cuales requiere los datos individualizados de los deudores en Costa Rica.
El Banco Central tiene la capacidad técnica y de seguridad de la información para realizar este análisis que es sumamente importante para el país que alguien lo realice.
— Alonso Alfaro, economista jefe del Banco Central
Sin el número de identificación de las personas u empresas, y dadas las características de la información anonimizada disponible, el Banco Central comunicó que no le es factible vincular la actividad económica de los deudores, su ubicación geográfica y su capacidad de pago.
Actualmente, el Central recibe datos crediticios para sus análisis, sin embargo, para la entidad esa información no es suficiente para lograr obtener las clasificaciones antes mencionadas e incluso conocer si un crédito fue otorgado a familias o a empresas.
La oficina de prensa de la Sugef indicó a este medio que la entidad genera una cantidad importante de estadística disponible al público en su página web. Empero, de ser necesario, a petición del BCCR o de otras partes interesadas, podría generar mayor estadística de forma anonimizada.
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La negativa a solicitud del BCCR
El 23 de noviembre de 2022, la Junta Directiva del Banco Central le solicitó a la Superintendencia General de Entidades Financieras acceso a todas las operaciones crediticias de las instituciones supervisadas, incluyendo el número de identificación de cada deudor.
“La solicitud a Sugef forma parte de los requerimientos de información que el Banco Central plantea regularmente a diferentes entidades públicas y privadas para la producción de estadística dentro del marco de la ley, tal y como ratificó la Procuraduría General de la República el pasado mes de julio”, expone la presentación que realizó Alfaro.
A criterio de la Sugef, la información solicitada por la Junta Directiva del Banco Central corresponde a datos privados y confidenciales de los clientes, por lo cual la institución se negó a entregar los datos con el número de identificación de los deudores en el país.
“La asesoría jurídica de la Sugef ha considerado que la solicitud es contraria a los artículos 132 y 133 de la Ley N°7558 (Ley Orgánica del Banco Central), que declaran la confidencialidad de la información, documentos y operaciones de las entidades supervisadas a que tiene acceso la superintendencia y que almacena en sus bases de datos y sistemas; y en los que se prohíbe al Superintendente, Intendente, funcionarios y miembros del Conassif, suministrar información a terceros, salvo en aquellos casos de excepción que la misma ley ha definido taxativamente”, añade el comunicado de prensa emitido por la Sugef el pasado 17 de agosto.
Según Ronulfo Jiménez, economista, exdirectivo del Central y parte de quienes se encargaron de la redacción de la Ley Orgánica del Banco Central vigente desde 1995, la norma instaura que el BCCR tiene potestades para el manejo de la política monetaria y de los objetivos macroeconómicos a nivel agregado.
Mientras que la ley establece que la Sugef se encarga de la parte micro del sistema financiero, de forma tal que se debe ocupar, especialmente, por el manejo de los riesgos crediticios en las instituciones que supervisa.
“Si vos me decís que la Sugef debe tener esa información individual de las personas identificadas, sabiendo quién es quién, eso es correcto. Es decir, es la parte del Estado costarricense que tiene que tenerlo. Si vos me decís que el Banco Central tiene que tener eso, yo te diría que no, porque la función del Banco es a nivel agregado, a nivel agregado es cómo se mueven los agregados de crédito”, explicó Jiménez.
“Ahora uno supondría que el Banco además de los agregados le gustaría desagregarlos para saber cuánto es agricultura o cuánto es industria, o cuánto es crédito personal. Entonces debería de tener información con una desagregación que le permita caracterizar a los fenómenos: cuántos son hombres o cuántos son mujeres, cuántos son de diferentes edades (...), pero el Banco Central para ejecutar la política monetaria no necesita la identificación de las personas o de las empresas, de hecho podría recibir la información anónima”, agregó el economista.
