Por: Paula Umaña.   10 febrero
El gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, explicó que por cada punto porcetual que disminuye el crédito al sector privado el PIB deja de crecer en 0,34%, por lo que en aras de la reactivación las entidades financieras buscan fomentar la colocación de crédito. Foto: Mayela López
El gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, explicó que por cada punto porcetual que disminuye el crédito al sector privado el PIB deja de crecer en 0,34%, por lo que en aras de la reactivación las entidades financieras buscan fomentar la colocación de crédito. Foto: Mayela López

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) advirtió este miércoles que el proyecto de ley Aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas al pueblo Costarricense para el Ajuste fiscal (22.384), que podría disponer hasta el 30% de las utilidades de las instituciones, afectará la capacidad de la entidad de brindar créditos a sus clientes.

De manera específica, el Banco Nacional señaló que para el período 2021-2024, dadas las utilidades proyectadas por el BNCR, se estima que la contribución adicional sería de ¢8.334 millones, lo que significará dejar de dar en crédito al menos ¢73.881 millones para el periodo 2022-2025.

“Los bancos, tanto públicos como privados, debemos tener cierto nivel de patrimonio para colocar recursos en crédito, de tal modo que otorgar más recursos de las utilidades representaría una limitante para el crecimiento de dicho crédito; cada colón adicional de utilidad que el Banco Nacional deba trasladar al Gobierno Central conllevará que se deja de prestar alrededor de 10 colones”, agregó la empresa estatal en su advertencia dada a conocer este 10 de febrero.

Mediante un comunicado de prensa, el conglomerado bancario señaló que ya contribuyen con el pago del impuesto de renta del 30% de sus utilidades y también con una serie de cargas parafiscales (Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, Conape, Infocoop y Comisión Nacional de Emergencias) que representan cerca de otro 30% adicional.

El monto de casi ¢74.000 millones se dejaría de otorgar en crédito en el período 2022-2025, y según lo indicado por la entidad, se traduciría en alrededor de 15.000 créditos a las micro y pequeñas, o casi 2.500 créditos de vivienda.

“Se estima que cada punto porcentual menos de crecimiento en el crédito se asocia, luego de un año, con hasta 0,34 puntos porcentuales menos de crecimiento del PIB. Por ello, sabemos que el aporte adicional propuesto provoca un golpe a la reactivación económica tan urgente en este momento”, agregaron en su comunicado.

Propuesta del conglomerado

Como alternativa, el Banco Nacional propone un planteamiento de sustitución de la contribución actual de las cargas parafiscales, por un dividendo único al Gobierno, que le permita a este hacer uso de los recursos según sus necesidades y no lo limita a fines predefinidos.

Según la entidad, la propuesta le generaría al Gobierno una duplicación del aporte, sin que eso menoscabe la sostenibilidad del Banco Nacional ni del Régimen del IVM, pues la contribución se mantendría.

“En ese escenario, el BNCR contribuiría (adicional al impuesto de renta) con el Gobierno Central en el período 2021- 2024, con ¢19.044 millones, que son recursos nuevos que hoy no le están ingresando, mientras que con la contribución adicional planteada el aporte en ese período sería de ¢8.344 millones, es decir, ¢10.710 millones menos”, afirma el conglomerado.

Instituciones débiles

Pese a que la idea del Gobierno es cobrar un “aporte solidario” a 14 empresas públicas del país para amortizar deuda, lo cierto es que varias de las instituciones incluidas en el proyecto de ley propuesto (N°22.384) presentan debilidades crónicas en sus finanzas entre el 2017 y el 2019.

EF revisó los estados financieros publicados por las instituciones en los periodos 2017, 2018 y 2019; la mayoría de las empresas aún no publican la situación de sus finanzas para el 2020.

Los resultados muestran dos mundos distantes entre las empresas: seis han reportado pérdidas en al menos uno de los tres años analizados; y de esas, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) han cerrado los tres periodos en números negativos.

En la otra acera, están instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituo Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, que reportan utilidades con cifras mayores a ¢1.000 millones de colones en los últimos años.