El Banco Popular le entregó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) información crediticia de sus clientes entre mayo y julio pasado, mensualmente, según le confirmó la oficina de comunicación de este ente a El Financiero (EF). La entrega se dio por pedido directo del BCCR.
La acción se da en medio de otras solicitudes que ha hecho el Central a autoridades y entidades financieras de datos crediticios que incluyen el número de cédula o dimex de los deudores.
En la respuesta brindada por la oficina de comunicación del Popular no se específica si los datos que enviaron al Central contenían el número de identificación de los titulares. Sin embargo, sí se mencionó que la información que solicitó el BCCR “es igual a la que se le remite mensualmente a Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)”.
Se le consultó al Popular si la decisión de compartir la información de sus clientes con el BCCR fue analizada por algún departamento legal de la entidad, pero no se obtuvo respuesta al cierre de edición. Tampoco se contestó si esos datos incluían el número de identificación, después de una repregunta hecha por EF.
Sí se mencionó que la información se compartió con el BCCR bajo el entendido de que el ente emisor está obligado a guardar la confidencialidad de los datos por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central.
Solicitudes directas
Esta no es la primera información que el Central le pide directamente a los bancos. El 6 de setiembre trascendió que el ente emisor había solicitado al Banco Nacional de Costa Rica (BN) información con “un alto nivel de detalle de todos los créditos del banco; así como la identidad de los deudores”, según confirmó la Dirección Jurídica del BN por medio de la oficina de prensa.
“El Banco Nacional no entregó la información solicitada por el BCCR”, mencionó el BN.
También se confirmó que el gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, fue denunciado en el Ministerio Público por parte del BCCR por el supuesto delito de desobediencia. El proceso se lleva en el expediente 23-000265-1218-P, en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, según reportó originalmente el medio digital El Observador.
La oficina de prensa del BN le confirmó a este medio que la solicitud del Central se hizo en diciembre del 2022 y que la denuncia fue puesta el pasado mes de julio. Según mencionó la entidad, Alfaro no había sido notificado de la denuncia, por lo menos hasta la mañana del 7 de setiembre, cuando se recibió la última respuesta por parte del equipo de prensa del Banco Nacional.
Se le consultó al Banco de Costa Rica (BCR) si había recibido una solicitud similar por parte del Central, sin embargo contestó que no se podían referir al tema porque “se encuentra en estrados judiciales y siendo analizado por la Sala Constitucional”.
Esto lo mencionaron a pesar de que el diario La Nación reportó este 7 de setiembre que el BCR sí había recibido una solicitud de estas características por parte del Central, según le confirmó la oficina de prensa del BCR a dicho medio.
EF también le consultó al BAC si habían recibido una solicitud de este tipo proveniente del BCCR, pero contestó que no se iban a referir sobre este tema. El Banco Central tampoco le contestó a este medio si le habían pedido dicha información a más entidades financieras.
El pasado 22 de agosto, en una conferencia de prensa que el Central organizó para explicar la necesidad de los datos, el economista Jefe del Banco Central, Alonso Alfaro, dijo que no sabía si el ente emisor había hecho solicitudes directamente a cada banco. “Como yo no estoy vinculado al proceso de solicitud de la información, no conozco la respuesta”, dijo entonces.
Conflicto con Sugef
El Banco Central también le solicitó a la Sugef el acceso a la información integral de todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros supervisados (bancos, cooperativas, mutuales, etc.) le remiten a la Superintendencia, incluyendo necesariamente el número de identificación de los titulares.
La Sugef se negó a entregarle esa información por temor de infringir derechos a la confidencialidad. Ante esto, la superintendenta, Rocío Aguilar, envió una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) en diciembre de 2022 para conocer si estaba obligada a acatar el pedido del Central o no.
Presuntamente, al no recibir la información por parte de la Sugef, la gerente general del ente emisor, Hazel Valverde, decidió interponer una denuncia penal contra Aguilar en la Fiscalía el 21 de abril del 2023. Esto se hizo antes de que la Procuraduría emitiera un criterio. Dicha denuncia fue comunicada por la Sugef el 17 de agosto pasado por medio de un comunicado de prensa.
Datos polémicos
Desde que salieron a la luz las solicitudes del Central se ha generado una discusión sobre la validez legal de dichos pedidos.
El Banco Central considera que la solicitud está dentro de sus competencias. Esto respaldado, entre otros sustentos legales, por el criterio emitido por la Procuraduría el pasado 3 de julio. En este documento la PGR concluye que la información crediticia no puede considerarse como “sensible”, siempre y cuando tenga un fin estadístico, como pretende el Central y, por ende y bajo estas condiciones, la Sugef debe entregarla al BCCR.
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El Central ha mencionado que requiere la información con número de cédula para poder generar estadísticas e investigación sobre los riesgos climáticos de distintas actividades económicas, entre otros fines.
También menciona que el número de identificación lo necesita para poder precisar la ubicación geográfica de los préstamos al cruzar la información con bases de datos del Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social que ya poseen y que una vez se haga ese cruce los identificadores no serán requeridos para los análisis posteriores.
Sin embargo, ya organizaciones como la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) presentaron acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo en la Sala Constitucional con el fin de detener el pedido del BCCR por supuestas violaciones a los derechos a la autodeterminación informativa, a la intimidad, confidencialidad y reserva, entre otros. Ahora le tocará a esta instancia judicial determinar la validez.
La Oficina del Consumidor Financiero también presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del BCCR este 7 de setiembre.
El abogado constitucionalista, Esteban Alfaro, considera que hay razones para creer que se podrían estar infringiendo ciertos derechos de los clientes bancarios. Aún así, entiende que cuando se habla de derecho constitucional hay una zona gris que requerirá de mucha interpretación, así que hay argumentos para mover la balanza hacia ambos lados.
Según el especialista: hay tres derechos particulares que están en juego: el primero es el derecho a la intimidad, cobijado por el artículo 24 de la Constitución Política. “Este derecho es la limitación de los poderes públicos de acceder a tu esfera privada, no todos los aspectos están para que sean públicos y ventilados”, explica Alfaro.
El segundo es el principio del secreto bancario, el cual tiene su mayor sustento en el artículo 615 del Código de Comercio, aunque según Alfaro también se recoge en el Código Penal y la Ley Orgánica del Banco Central. “Este implica el respeto al contenido de las cuentas y operaciones bancarias (incluidas las crediticias)”, dice el constitucionalista.
Sin embargo, este secreto tiene sus limitaciones, como por ejemplo cuando se está frente a un caso de posible legitimación de capitales. “Con la participación de un juez, de manera objetiva, concretamente en un procedimiento de determinación y con toda una serie de requisitos, se puede levantar el secreto bancario”, explica Alfaro. También menciona que se pide la garantía de un juez para limitar el abuso de poder.
El tercer derecho, el cual el constitucionalista ve como un complemento a los otros dos, se encuentra en la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Específicamente por el cobijo que da esta legislación a los datos que puedan ser catalogados como “sensibles”.
Uno de los aspectos que definen la sensibilidad de un dato es la revelación de la condición socioeconómica de una persona. Dado este detalle, Alfaro considera que es posible argumentar que la información crediticia personalizada, como la que pidió el Central, podría considerarse como sensible.
