El comportamiento de la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de Ande) ya no es el mismo de antes del 2020. La pandemia y la aplicación de la ley de usura vinieron a modificar su cartera crediticia, probablemente para siempre.
El cambio, si bien no es un completo parteaguas, es lo suficientemente importante como para notar nuevos comportamientos en la entidad. Hay, eso sí, cosas que siguen relativamente igual como sus niveles de morosidad, los cuales se mantienen menores a los del sistema bancario.
Sin embargo, bajo un análisis más detallado, se puede observar un deterioro en los indicadores de mora. La primera variación ocurrió en 2020 con los inicios de la pandemia y la paralización de la economía mundial. La entidad inició dicho año con una mora mayor a 90 días y en cobro judicial del 0,61% del total de su cartera crediticia y la cerró en diciembre con 1,03%, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El segundo deterioro, y el más agresivo, se dio en 2021, con la inembargabilidad del salario mínimo que trajo la aplicación de la ley de usura (específicamente la modificación del artículo 172 del Código de Trabajo). Entre marzo y octubre del 2021, este indicador de mora pasó de 0,94% a un 1,66%. Para agosto de 2022, fecha más reciente de la que se tienen datos, Caja de Ande registró una mora de 1,47%.
Históricamente, el pago de los préstamos era deducido de manera automática de los sueldos y pensiones de los deudores de Caja de Ande, lo que reducía los riesgos de impagos. Esto cambió con la modificación del artículo 172 del Código de Trabajo, la cual vino a proteger la inembargabilidad del salario mínimo.
“El Ministerio de Hacienda toma la ley de usura, la analiza, y deja de hacer los rebajos, no solo para nosotros sino todas aquellas entidades financieras que dependen del rebajo directo, y tenemos un impacto en la morosidad”, dijo Manuel Calvo, subgerente de Caja de Ande, en entrevista con El Financiero. Aún así, Calvo mencionó que la institución se mantiene satisfecha con los niveles de mora, los cuales todavía consideran bajos.
El otro cambio importante que se presentó en su cartera es la “calidad” de sus deudores. Originalmente, Caja de Ande tenía la obligación de otorgar préstamos a sus accionistas (trabajadores del Magisterio Nacional), incluso cuando estos no tenían el mejor perfil crediticio.
Esto hacía que sus estimaciones (reservas de dinero que realiza la entidad para cubrir los créditos con mayor categoría de riesgo) fueran de las más altas del sistema financiero, aún cuando la morosidad fuera baja. No obstante, esto también cambió con las modificaciones de la ley de usura que excluyeron de la posibilidad de acceder a créditos a los accionistas con un salario menor a los ¢200.000.
LEA MÁS: El salario es inembargable hasta cierto punto: este es el límite
“Recordemos que el Magisterio Nacional está compuesto tanto por administrativos como por educadores, y allí hay guardas, cocineros, otro grupo de accionistas que tienen salarios muy bajos y con esta ley lo que se provoca es la exclusión financiera de este grupo vulnerable”, mencionó Calvo.
Desde entonces, el tamaño de la cartera de créditos de la entidad ha disminuido ligeramente al mismo tiempo de que han mejorado sus estimaciones sobre los préstamos. Es un comportamiento llamativo donde la cartera se ha vuelto más selectiva, pero también más morosa.
Otro elemento que no ha cambiado es su gran patrimonio, el cual es el más alto de todo el sistema bancario del país. Esa fortaleza está anclada en su principal método de fondeo: el aporte del 5% del sueldo bruto de sus 130.624 accionistas activos y pensionados.
Empero, desde alrededor del 2008, la demanda de crédito empezó a desbordar el capital ordinario de los aportes, lo que los obligó a buscar otros métodos de financiamiento a través del apalancamiento por medio de la banca pública.
No obstante, según cuenta Calvo, al ver truncado su crecimiento por apalancamiento en 2016, la entidad empezó a explorar nuevos métodos de financiamiento. Esa exploración los llevó en setiembre del 2022 a convertirse en emisores autorizados del mercado de valores costarricense con bonos de hasta ¢100.000 millones. Estos bonos se quedarán, de momento, guardados como un as bajo la manga hasta que llegue el momento ideal para emitirlos, probablemente lejos de la actual coyuntura de tasas de interés altas.
La eventual emisión de bonos tendrá como objetivo el financiamiento de las facilidades de crédito que ofrece a sus accionistas. Actualmente la cartera de Caja de Ande está dominada por préstamos de consumo (72%) y construcción (27%). Calvo mencionó que la entidad desea diversificar sus operaciones, pero siempre atadas a estos dos pilares.
De cara al aumento de tasas que seguirá por el resto del año en el sistema financiero, el plan de Caja de Ande es ser una especie de refugio para sus accionistas. “Queremos que esos accionistas que están endeudados en otra entidad puedan acercarse a la institución y refugiarse en créditos de vivienda o personales; que puedan refundir esa deuda y tenerla en una tasa o plazo más favorable”, explicó Calvo, quien también agregó que alrededor de un 70% de su cartera está en tasa fija; una condición atractiva en un contexto de endurecimiento monetario.
