EscucharLos problemas financieros y estructurales del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no surgieron de la noche a la mañana. Durante años se advirtió que existía una necesidad de hacer reformas más profundas y no se hizo nada, y hoy el costo empieza a sentirse, incluso teniendo que utilizar las reservas.
El envejecimiento acelerado, menos cotizantes por jubilado, deuda estatal creciente y reformas aplicadas tardíamente conforman el cóctel que llevó al IVM a los problemas financieros que enfrenta ahora.
Hoy, el sistema cubre a cerca de 393.000 jubilados y cuenta con aproximadamente 1,8 millones de cotizantes, según los registros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, el desbalance entre los ingresos y los gastos se ha ido ampliando, aseguró Rocío Aguilar, exsuperintendenta de pensiones, quien dijo que “estas eran las profecías”.
“La situación actual no nos toma por sorpresa. No es posible que se le entregaran sumas superiores a las personas que no complementan el monto para el que han contribuido, en un contexto demográfico y laboral adverso para su sostenibilidad. La situación del IVM es como una crónica de una muerte anunciada antes de lo previsto, atribuida a ajustes que debieron aplicarse oportunamente y que siguen sin realizarse”, aseguró.
¿Cómo llegamos aquí?
No existe una única causa, sino una combinación de factores acumulados durante décadas:
1.Cambios demográficos: La esperanza de vida supera los 80 años y la tasa de fecundidad viene bajando.
Esta transformación demográfica tiene efectos directos sobre un régimen de reparto como el IVM, en el cual las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de quienes ya se retiraron.
2.Caída en la relación cotizante/pensionado:
Hace décadas había más trabajadores activos por cada jubilado.
“La relación cotizantes/pensionados ha disminuido de manera sostenida. Donde antes existían seis o siete trabajadores activos por cada pensionado, hoy esa proporción se acerca a tres, con tendencia descendente”, destacó Leiner Vargas Alfaro, economista de la Universidad Nacional.
Este cambio estructural altera el equilibrio financiero del sistema y genera presiones crecientes sobre su sostenibilidad.
3. Reformas estructurales tardías o tímidas:
Aunque se aprobaron cambios en años anteriores, no han sido suficientes, ya que llegaron cuando el deterioro financiero ya era significativo.
“Desde hace 20 años se viene alertando de que el régimen está en una situación complicada y que las reformas que se hicieron fueron insuficientes e incluso en contra de lo que le convenía al régimen”, aseguró Édgar Robles, exsuperintendente de pensiones.
Robles explicó que en el 2005 se aprobó un aumento de la cuota de 0,5% de manera tripartita a partir de 2010, ritmo que se aceleró a cada tres años desde 2020, ante el insuficiente crecimiento de los ingresos.
En 2017 y 2018, la cuota del trabajador aumentó adicionalmente 0,5% en cada año, luego de que no se cumplieran las proyecciones actuariales, las cuales no consideraron el aumento en la informalidad producto del mayor costo de afiliación.
En el 2021, la Caja aprobó una nueva reforma que entró en vigencia en el 2024 al aprobar la pensión adelantada, y eso ocasionó una oleada de pensionados que quería aprovechar la ventana de oportunidad y quitó mucho dinero de los aportes en el 2025.
Esa medida elimina la pensión anticipada para hombres, manteniendo la edad de jubilación en 65 años y el aumento de la edad mínima de retiro para mujeres a 63 años; el cálculo de la pensión con base en los mejores 300 salarios, en lugar de los 240 previos, y la adición de un 1% a la pensión por cada año adicional trabajado a partir de las 300 cuotas, en vez de 240. En la práctica, las dos últimas medidas reducen las nuevas pensiones de un trabajador promedio en más del 10%.
“El régimen comenzó a perder bastantes ingresos para que se hiciera un faltante que se comió todos los intereses, ¢215.000 millones, más ¢100.000 millones de la reserva, que es como ¢2,3 billones. El principal problema que existe es que la gente se retira llevándose el doble de lo que cotizó y por eso es que la solución es variar la fórmula de cálculo”, dijo Robles.
4. Uso anticipado de la reserva:
El régimen comenzó a utilizar recursos que estaban previstos para etapas posteriores, reduciendo su margen de maniobra futura.
Lo más lamentable de esto es que el estudio actuarial más reciente, con fecha de junio de 2024, indicaba que el IVM empezaría a gastar los intereses hasta el 2030 y a utilizar la reserva en 2041, para agotarla en 2047.
5. Beneficios superiores a aportes históricos:
El sistema continúa otorgando tasas de reemplazo del 50% o más del salario de referencia, mientras algunos análisis indican que el monto promedio recibido supera lo cotizado.
6. Deuda estatal acumulada:
El impago del aporte estatal ha debilitado el financiamiento tripartito y presiona la liquidez del fondo.
A 2025 la deuda del Estado con la Caja ascendió a unos ¢4,4 billones, casi un 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta deuda se incrementó en poco más de un 60% durante la actual administración Chaves Robles.
Ante este problema, la actual ministra de la Presidencia y próxima presidenta, Laura Fernández, ha dicho que propone saldar la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social mediante la venta del BCR.
7. Desaceleración en los ingresos por cotizaciones:
El aumento de la informalidad reducen el dinamismo de los aportes.
Para el economista Leiner Vargas, el régimen no enfrenta una crisis inmediata de pago, pero sí un desafío estructural de sostenibilidad que requiere liderazgo técnico y diálogo social informado.
“La sostenibilidad del IVM no es únicamente un asunto financiero. Es un componente esencial del contrato social costarricense y uno de los pilares del Estado Social de Derecho. Actuar con responsabilidad hoy es proteger la dignidad de quienes ya se pensionaron y de quienes aspiran a hacerlo en el futuro”, aseguró el analista de la UNA.
Se evidencia un crecimiento de 108% en el activo corriente, pero una caída del 20% en el activo no corriente, lo que sugiere un cambio en la estrategia de manejo financiero. Los pasivos representan solo un 4% del total de los activos totales.
El rendimiento del IVM mostró una tendencia creciente hasta 2022, cuando alcanzó su punto máximo (9,98%), pero desde entonces registra una desaceleración que lo llevó a 7,85% en 2025, el nivel más bajo de la última década, según datos dados a conocer por la gerencia financiera de la Caja.
¿Posibles soluciones?
Muchas soluciones se barajan en ese momento, pero ninguna es sencilla. Incluso, se creó un grupo interinstitucional que estudia el tema y que presentará las propuestas en abril próximo.
El Comité de Vigilancia viene analizando algunas posibles soluciones, sin concretar una sola, entre ellas:
- Reducir la tasa de reemplazo para que la pensión oscile entre 35% y 40% del salario.
- Reestructurar las cargas sociales para que el IVM se financie exclusivamente con cuotas de aportes obrero-patronales.
- Gestionar el pago completo de la deuda estatal.
- Corregir debilidades en inversiones y cartera crediticia.
Rocío Aguilar aseguró que es hora de buscar soluciones como un todo para que el sistema de pensiones sea sostenible, y eso incluye fortalecer también el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
La situación también preocupa a la Gerencia de Pensiones de la Caja, que asegura que la ausencia de ajustes oportunos podría generar una presión creciente sobre las reservas del régimen, lo que, en el tiempo, incrementaría las necesidades de financiamiento y podría implicar mayores compromisos para el Estado.
“Este escenario tendría efectos no solo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino también sobre el equilibrio de las finanzas públicas, razón por la cual resulta clave avanzar con responsabilidad en el análisis y construcción de soluciones”, acotó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.
Sector privado solicita cambios ya
El IVM no se financia únicamente con el aporte del trabajador, sino que es una fórmula tripartita y es por eso que conocer la posición de los empleadores es fundamental.
El patrono aporta un 5,25%, los trabajadores 4% y el Estado 1,41%.
Para la Cámara de Industrias de Costa Rica, el deterioro del IVM afecta a todos los trabajadores, especialmente a quienes se encuentran a menos de diez años de jubilarse.
La posibilidad de que, en la última etapa de su vida laboral, no reciban una pensión suficiente para garantizar un nivel de vida digno en la vejez impacta su estabilidad emocional y, por ende, su productividad dentro de las empresas.
“Adicionalmente, existe una percepción generalizada entre la población joven de que no contará con una pensión digna, lo cual puede estar generando conductas equivocadas respecto a la búsqueda de empleo formal o la formalización de actividades como trabajadores independientes.
Esta situación incrementa la presión sobre los sistemas de pensiones y de salud, financiados a través de las cargas sociales. Asimismo, debe tomarse en cuenta que las cargas sociales, incluido el IVM, son elevadas en comparación con otros países, lo que afecta la competitividad de las empresas y del país”, aseguraron.
Los industriales hablan de dos posibles soluciones, la primera es que el Estado le pague a la Caja y la segunda, que la Caja cuente con sistemas de cobro actualizados que incorporen las nuevas formas de relación laboral.
“Cada vez existen más emprendimientos con esquemas de trabajo distintos al modelo tradicional obrero-patronal. A esto se suma que cerca del 40% de la población se encuentra en el mercado informal y no cotiza para la seguridad social, lo que traslada el problema hacia el futuro, cuando estas personas alcancen los 65 años sin las cotizaciones necesarias para acceder a una pensión”, aseguraron por medio de la oficina de prensa.
Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, aseguró que el deterioro del régimen ha generado un aumento en las cuotas patronales y esto implica un costo de dinero en las planillas.
“Las mayores cargas sociales afectan la competitividad de las empresas formales y estimulan la economía informal”, destacó.
El sector no visualiza una única solución, sino que afirma que se deben tomar muchas, como por ejemplo la revisión de edades de retiro, realizar los ajustes contributivos, el esquema de beneficios, incentivos al ahorro complementario y reforzar la formalización laboral para aumentar los ingresos del IVM.
38 propuestas en discusión
El jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), Hermes Alvarado, aseguró que se está trabajando en una valoración estructural para prolongar la sostenibilidad del régimen el mayor tiempo posible.
El futuro del IVM gira en torno a 38 propuestas que se analizan en un foro organizado por la Caja Costarricense de Seguro Social.
En esta mesa participan la Supén, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Defensoría de los Habitantes, el sector académico y la propia Caja.
Algunas de estas iniciativas fueron presentadas desde junio de 2024 ante la Gerencia de Pensiones y la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, y se evalúan como insumo central para definir los ajustes.
“Esperamos tener una solución para el IVM en abril, una vez que se logre un acuerdo entre todas las partes. Lo importante es que las decisiones se tomen con criterio técnico y pensando en la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”, destacó Alvarado.
