El Caso Aldesa exaltó la debilidad del perímetro de supervisión de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la necesidad de apostar por mejoras regulatorias que permitan ampliarlo.

Este fue el mayor aporte que mostraron los diputados esta tarde, luego de que María Lucía Fernández, jerarca de Sugeval, compareciera ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, sobre el caso Aldesa.

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Mientras, otros cuestionamientos con menos fundamento y poco conocimiento del mercado de valores nublaron la presencia de Fernández ante la comisión. Quien a su vez se limitó a contestar con explicaciones acerca del funcionamiento del mercado.

Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), también fue citado pero desde un inicio explicó que a esta entidad le atañen otro tipo de participantes financieros, razón por la que los cuestionamientos se enfocaron hacia Fernández.

Por otro lado, esta mañana se realizó una audiencia de Aldesa en el Tribunal de Apelaciones. La cita la pidió Aldesa con el fin de hacer ver al Juzgado la importancia de que no se demore más el proceso de la solicitud de intervención judicial, para garantizar el saneamiento financiero y la permanencia de la empresa.

Ese tiempo en el que no cuentan con el aval, deteriora las expectativas y pone un freno a la operación, explicó el departamento de comunicación.

La presentación la realizaron Alfonso Jiménez, abogado principal del proceso y Manuel Briceño. También participó Carlos Oreamuno como representante legal. El Tribunal solamente fue oyente y no brindó criterio alguno.

Sobre la comparecencia

Fernández expuso al inicio de la cita con los diputados que el alcance de supervisión de la Sugeval en Aldesa implica al puesto de bolsa, la sociedades administradora de fondos de inversión, la unidad titularizadora y la de fideicomisos, mientras que Aldesa Corporación de Inversiones no forma parte de su perímetro.

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En ese criterio se escudo varias veces ante las preguntas de los diputados, que en la mayoría de los casos demostraron poco conocimiento del funcionamiento del mercado de valores o de la estructura de sociedades que tiene Aldesa.

Por lo anterior, Fernández utilizó una buena parte del tiempo de sus respuestas para explicar la composición de la industria, más allá de responder el accionar de Sugeval en el caso.

También explicó que existen proyectos de ley en la corriente legislativa que buscan atender la problemática del perímetro de supervisión de Sugeval.

Fernández hizo hincapié en el texto de supervisión consolidada (expediente 21.355), y en la reforma la Ley Reguladora del Mercado de Valores (con unos 20 años sin renovarse) que permitirían, en casos donde exista vinculación de negocios supervisados con aquellos que no lo están, poder solicitar información a esa área que hoy está en la sombra.

Algunas de las preguntas abordaron puntualmente dudas que han expresado los inversionistas que denunciaron a Aldesa.

El diputado Jonathan Prendas, de Nueva República, cuestionó la cantidad de visitas que realizaron los auditores a Aldesa, y los resultados que estas arrojaron en los últimos diez años.

Como respuesta, Fernández se comprometió a responder por escrito esta solicitud, ya que no tenía los datos a mano.

Por su parte, la diputada Franggi Nicolás, de Liberación Nacional, le cuestionó por qué Sugeval espera a que llegue una denuncia para actuar y cómo es que una denuncia, como la realizada por un inversionista en el fondo de inversión del proyecto Monte del Barco, tarda ocho años en surtir medidas por parte de Sugeval.

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Shirley Díaz, también de Liberación, puntualizó sobre las pérdidas que mostró el puesto de bolsa de Aldesa durante más de un año, y la afirmación que dio Javier Chaves, presidente de la corporación, en marzo, de que esta unidad de negocio presentaba pérdidas desde hacía más de tres años.

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Fernández respondió que “el puesto de bolsa puede tener pérdidas, como cualquier empresa puede tener pérdidas, lo que a la Superintendencia, y de acuerdo a los indicadores financieros, (...) mientras que tenga un patrimonio suficiente para cubrir las pérdidas, lo puede hacer”, explicó Fernández.

En la evaluación que hace la Superintendencia cada mes está el cálculo de suficiencia patrimonial y el manejo del riesgo, de acuerdo con el reglamento. Estos y otros indicadores, los ha logrado cumplir, entonces "desde el punto de vista del marco regulatorio no tiene incumplimientos legales”, añadió.

La jerarca de Sugef también expuso la necesidad de regular la gestión de los ahorros que realizan las asociaciones solidaristas. “No puede ser que los patrimonios de los trabajadores hoy en día no tengan un marco legal en esa dirección”, afirmó.