Los tres regímenes que conforman el primer pilar del sistema nacional de pensiones en Costa Rica mantienen disparidades entre sí que impactan el monto de la pensión recibida.
El régimen básico principal del país es el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que mantiene más de 1,4 millones de afiliados; le siguen los básicos sustitutos, que son el Régimen del Magisterio Nacional (RCCMN) con casi 100.000 afiliados y el Fondo del Poder Judicial (FPJ) con poco más de 13.000 afiliados, según datos suministrados por la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Cada uno de ellos mantiene características distintas, como la edad de pensión anticipada, la conformación del porcentaje total de la cuota y, por supuesto, el monto de la pensión promedio.
En el IVM, la edad de retiro anticipado actual es de 61 años y 11 meses con 462 cuotas, mientras que para las mujeres es de 59 y 11 meses con 450 cuotas. No obstante, una reforma reciente hecha por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que entraría a regir después del 2022, elimina el retiro anticipado en hombres y sube la edad de las mujeres a 63.
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Por su lado, esta opción en el RCCMN se da para las personas con 55 años que cumplan con 396 cuotas, mientras que para el sistema del Poder Judicial es de 62 años para hombres y 60 para mujeres. En este último régimen, deben cumplirse algunos requisitos relacionados al tiempo de labor en la administración pública y el sector Judicial.
Otra de las diferencias entre los regímenes del primer pilar radica en la composición del aporte. En total, el FPJ brinda un mayor porcentaje que alcanza el 28,77%, mientras que el del Magisterio brinda un 16,16% y el IVM un 10,66%.
Estas diferencias son provocadas tanto por el porcentaje que da el trabajador como el que aporta el patrono. En el primer caso, los trabajadores del Poder Judicial mantienen un porcentaje en la cuota del 13%, mientras que el patrono da un 14,36%. En el Magisterio el porcentaje de la cuota del patrono es de 6,75% mientras que la del trabajador es de 8%.
En el IVM, ambos porcentajes son más bajos. El trabajador aporta un 4% mientras que el patrono da un 5,25%. Para los tres sistemas el Estado brinda un 1,41% adicional.
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Rocío Aguilar, superintendente de pensiones, explicó que, tomando en cuenta las disparidades de los regímenes, se debe buscar la forma de reformar los aportes patronales para brindar mayor equidad a los cotizantes.
“(...) la Sala Constitucional ha resuelto que pueden haber diferentes regímenes básicos y en este sentido, la Supen ha propuesto que sea el esfuerzo del trabajador el que determine su nivel de pensión. Por ello, el igualar el aporte patronal en todos los regímenes básicos es fundamental, de manera que se logre una equidad en el aporte y un resultado diferente, de acuerdo al esfuerzo del trabajador”, comentó Aguilar.
La definición de los perfiles de requisitos y beneficios, corresponde a cada uno de los regímenes básicos. En el caso del IVM, por ejemplo, la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la responsable de tomar los acuerdos sobre el régimen.
En cuanto a los otros dos regímenes básicos (FPJ y RCCMN), se requiere la aprobación legislativa para modificar sus leyes; es decir, corresponde a los diputados la aprobación de las reformas.
Edgar Robles, exsuperintendente de pensiones, señaló el pasado 10 de setiembre durante un foro organizado por Academia de Centroamérica que el sistema de pensiones nacional es “muy fragmentado”.
“Hay sistemas que son extremadamente generosos (...), dentro de la misma fragmentación la cotización del Estado es diferente para la CCSS, es mayor para el Magisterio y es extremadamente alta para el Poder Judicial, eso permite reflejar las disparidades creadas por el salario del sector público costarricense y eso se refleja a la hora de dar pensiones y hace al sistema aún más desigual”, señaló Robles.
De acuerdo con información de Supén, la pensión promedio para las personas afiliadas al IVM era de ¢277.735 (a junio del 2021). Por otro lado, la del Magisterio es de ¢365.567 y la del Poder Judicial de ¢1.616.327.
De los tres, el régimen que mantiene más activos es el del Magisterio Nacional, pese a que tiene menos afiliados que el del IVM. Sin embargo, estos dos superan los ¢3 billones. Por otro lado, el del Poder Judicial llega a ¢728.000 millones, según los datos más actualizados de Supén.
Asimismo, existe la posibilidad de que se pueda cotizar en dos regímenes. La Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) pone de ejemplo a un docente que trabaja en un centro educativo de lunes a viernes, pero el fin de semana se desempeña en un puesto que no es en educación. Así, para el primer puesto cotiza para el Magisterio y para el segundo cotiza para el IVM.
Retos del IVM
El régimen del IVM ha sido objeto de atención en las últimas semanas por uno de sus grandes desafíos: la sostenibilidad. Para asegurar recursos para las pensiones en los próximos años, la junta directiva de la CCSS acordó aplicar tres ajustes al IVM.
Uno de ellos es que se elimina el derecho de retiro anticipado por vejez para los hombres y a las mujeres se le aumentó a los 63 años.
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“Eliminar la pensión anticipada no solo es necesario en razón de sostenibilidad del IVM, sino que permite una solidaridad intergeneracional, donde los que tienen mayor densidad de cotización porque han tenido mejores empleos contribuyen con aquellos que han tenido empleos más precarios”, manifestó Aguilar.
Para el 2018, según datos de Supén, el pasivo actuarial alcanzaba los ¢100 billones (2,86 veces la razón del PIB), con lo que Régimen solo podía asegurar, con contribuciones o reservas, 1 de cada 2 colones de las pensiones de los próximos 100 años.
El gerente de pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, explicó que las modificaciones le darán oxígeno al régimen hasta el 2050.
