Por: Manuel Avendaño Arce.   8 enero
Las ministras Geannina Dinarte, de la Presidencia; y Pilar Garrido, de Planificación, explicaron los detalles del plan para negociar con el FMI a los jefes de fracción este martes 5 de diciembre. Fotografía: Cortesía Casa Presidencial.
Las ministras Geannina Dinarte, de la Presidencia; y Pilar Garrido, de Planificación, explicaron los detalles del plan para negociar con el FMI a los jefes de fracción este martes 5 de diciembre. Fotografía: Cortesía Casa Presidencial.

En medio de contradicciones, el Gobierno reveló a cuenta gotas el plan con el que se sentará a negociar un acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir del lunes 11 de enero.

Los detalles finales se dieron a conocer en una reunión, la tarde del martes 5 de enero, en Casa Presidencial en la que participaron las ministras Geannina Dinarte, de la Presidencia y Pilar Garrido, de Planificación; junto con jefes de las fracciones legislativas.

El Ejecutivo ofreció una escueta presentación a los congresistas para explicarles cada una de las medidas que componen el plan 2.0 con el que buscarán un acuerdo de Servicio Ampliado por un monto de $1.750 millones a tres años. Lo cual abriría la puerta nuevos préstamos internacionales con otras instituciones.

La propuesta contiene tres medidas para recortar el gasto público, seis para aumentar los ingresos y la venta de dos activos del Estado.

EF reconstruyó el mapa de este plan para puntualizar de qué se trata cada acción, cuál es el rendimiento que generarían en términos del Producto Interno Bruto (PIB), de dónde surgieron las propuestas y en qué estado se encuentran actualmente.

Más ingresos, nuevos impuestos

El Gobierno busca una combinación de recorte al gasto y aumento de ingresos que le permita revertir el déficit primario (que a noviembre del 2020 estaba en -3,3% del PIB), para convertirlo en un superávit de 1,2% de la producción nacional.

De las seis medidas en el frente de ingresos hay cinco que son claras y una que todavía no se define, sobre la cual deberá librarse una discusión política en la Asamblea Legislativa.

1- Renta global: es uno de los resultados del diálogo multisectorial, pero el proyecto de ley está en construcción con la promesa de que llegará al Congreso durante el actual megaperiodo de sesiones extraordinarias de ocho meses.

La mesa de diálogo acordó el 20 de noviembre promover este tributo para que se empiece a aplicar en el país a partir del 2023. El sector empresarial se comprometió a aceptar una tarifa máxima del 27,5% en modalidad global y dual, es decir, que no globalice las rentas pasivas porque ya se encuentran gravadas.

2: Premios de lotería: El proyecto fue enviado a la Asamblea el 9 de diciembre y convocado a sesiones extraordinarias. De aprobarse, gravaría con impuesto de renta del 25% todos aquellos premios de lotería que superen medio salario base (¢225.100) y produciría 0,09% del PIB por año.

3- Ley de exoneraciones: la iniciativa de ley fue remitida a Cuesta de Moras el pasado 17 de diciembre y cuenta con la venia del diálogo multisectorial.

Eliminaría la exoneración de renta del salario escolar, suprimiría el 50% de la exención de renta a los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias, homologa al 15% el gravamen a las rentas de capital y aumenta por dos años la tarifa al 16,5%, y promueve un incremento de cinco puntos porcentuales en el impuesto sobre las remesas que tiene tasas diferentes para cada producto o servicio.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta iniciativa generaría 0,58% del producto nacional que equivale a ¢209.407 millones.

4- Dividendos de empresas estatales: el proyecto de ley está en construcción y fue propuesto por el Gobierno en la primera versión del plan para negociar con el FMI.

La idea es que empresas del Estado como, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), los bancos públicos o la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), entre otras; aporten dividendos calculados sobre su rentabilidad y esos recursos se destinarían a abonos para la deuda pública.

5- Reforma a la Ley de Aduanas: se trata de una iniciativa presentada el 17 de diciembre ante el Congreso para fortalecer la lucha contra la defraudación y el contrabando. Nació en el diálogo nacional con el fin de facilitar el comercio y reforzar los mecanismos de gestión por riesgo aduanero.

La normativa fijaría nuevas sanciones por incumplimiento de obligaciones aduaneras y redefine el concepto de contrabando con el objetivo de incrementar las importaciones formales y mejorar la recaudación.

En resumen, incorpora elementos tecnológicos al proceso aduanero, como, por ejemplo, la obligatoriedad de utilizar el Registro Único Tributario (RUT) para importadores y exportadores.

6- Nuevos ingresos: al Gobierno le falta conseguir entre 0,2% y 0,6% de la producción nacional para aumentar sus ingresos a partir del 2021 y hasta el 2024. Para lograrlo propone dos iniciativas: un nuevo impuesto a las casas de lujo o una tarifa de renta global más alta.

Las propuestas de subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 14% o gravar las transferencias bancarias, que fueron presentadas a los líderes del Congreso, parecen haber sido deshechadas por no tener viabilidad política.

Recorte y empleo público

En materia de recorte al gasto, el plan con el FMI tiene tres propuestas concretas. La reducción de transferencias y de la partida de bienes y servicios se debe aplicar por regla fiscal, aunque el Ejecutivo pretende emitir un decreto para congelarlas.

1- Empleo público: se trata de una de las acciones “estrella” del Gobierno para convencer al FMI de que se puede bajar en gasto en el principal disparador después de los intereses de la deuda pública: las remuneraciones.

El controvertido proyecto de ley que ingresó a la corriente legislativa el 19 de abril del 2019, fue devuelto por los diputados y ahora avanza despacio pero con mejor perspectiva −tras su tercera versión presentada en mayo del 2020−. Justamente el 11 de noviembre, la Comisión de Gobierno y Administración dictaminó el texto que se encuentra en el plenario.

En diciembre la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que es viable y posible aplicar salario global y otros ajustes a todos los empleados del Estado, es decir, los actuales y los que se contraten a futuro.

2- Reducción al gasto: los diputados que asistieron a la reunión en Casa Presidencial explicaron que el Ejecutivo pretende reducir el gasto en las partidas de transferencias y bienes y servicios mediante un decreto que las congelaría por tres años.

Esta alternativa se puede aplicar con base en la regla fiscal debido a que el monto total de la deuda ya superó el 60% del PIB. También se congelaría el incremento de las pensiones con cargo al presupuesto nacional que superan un salario base (¢450.200) y se aplicarían las normas presupuestarias aprobadas en el plan fiscal.

3- Deuda política: el 3 de diciembre el plenario aprobó la ley para recortar el gasto en deuda política destinado a los procesos electorales del 2022 (nacionales) y 2024 (municipales).

La reducción es del 55% y generará un ahorro de ¢36.000 millones.

Una pequeña venta

El apartado de venta de activos del Estado es el más pequeño del plan 2.0 con el Fondo, luego de que el diálogo multisectorial excluyera la posibilidad de comercializar la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), una empresa pública que goza del monopolio del destilado de licores, pero se encuentra en paupérrimas condiciones financieras.

1- Cartera de crédito de Conape: también nació en el seno del diálogo nacional, esta iniciativa llegará pronto al Congreso con la intención de que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal adquiera la cartera de crédito de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape).

La entidad se resiste a esta opción porque considera que se generarán problemas de liquidez y efectos adversos para los deudores. Mientras que el Popular defiende que podría acrecentar su activo y mejorar el flujo de recursos de Conape.

2- BICSA: la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa); que fue planteada por Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda; sobrevive como una de las rutas para producir ingresos a un urgido Gobierno.

El proceso para concretar una transacción de venta de este activo podría tardar tiempo, factor al que se debe sumar la posición interna de sus propietarios: el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco de Costa Rica (BCR).

“El procedimiento requiere la valoración de un tercero independiente para fijar el precio. Buscaríamos una entidad que cuente con toda la experiencia en esta área, puede ser un banco internacional que se dedica a hacer estas evaluaciones”, comentó la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

En el Ejecutivo reconocen que pensar en la venta de una entidad financiera durante la coyuntura económica internacional bajo los efectos del coronavirus, es complicado.