En los últimos cinco años y medio, el Gobierno ha preferido ampliar el plazo de su deuda y prácticamente “patear” hacia adelante sus obligaciones económicas.
Entre el 2012 y el 2015, más de la mitad de los bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda tienen un vencimiento superior a los cinco años.
Incluso, los vencimientos a más de 20 años han empezado a cobrar relevancia en la estructura de emisión del Gobierno, según datos recopilados por EF del mercado primario de deuda interna (subastas, canjes y subastas inversas), con la suma de deuda externa bonificada.
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Esto se conoce como alargar el plazo promedio de la deuda y tiene como resultado inmediato una reducción en el peso de las obligaciones que tenga Hacienda en el corto plazo y, de cierta manera, “compra” tiempo para determinar qué hará cuando tenga que pagar ese volumen de bonos.
La estrategia no es sorpresiva.
En el plan de colocación dado a conocer el pasado 2 de marzo, las autoridades hacendarias insistieron en que estarán concentrado en captar recursos a más de tres años, mientras que en los plazos más cortos operará el Banco Central, que busca recursos como parte de su política monetaria.
Al evitar los pagos o renegociaciones en el corto plazo, se genera otro efecto que es la menor presión sobre las tasas de interés en el mercado local.
El apetito de Hacienda se orienta hacia recursos en los que no compiten otras entidades del sistema financiero (como los bancos) y, por lo tanto, no ocurre el denominado estrujamiento del mercado.
Por el momento, o al menos durante este año, la estrategia ha dado resultado, pues los intereses han tenido una tendencia a la baja.
Así se observa en la tendencia de la Tasa Básica Pasiva y la curva de rendimiento de Costa Rica calculada por el Banco Central de los últimos meses, la cual se ha desplazado hacia abajo en todos los plazos, entre octubre del 2015 y mayo del 2016.
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Una parte importante de ese aumento en el plazo general lo aportaron las emisiones de eurobonos, que fueron lanzados entre el 2012 y el 2015. El menor de los plazos de esa deuda fue a 10 años y máximo fue de 30 años, algo que Costa Rica nunca había intentado.
Para esos años, se sumaron $1.000 millones a la deuda pero con vencimientos a partir del 2023, 2025, 2043, 2044 y 2045.
Por ahora, ese es el año de caducidad y el Gobierno de ese momento tendrá que determinar pagar esos bonos.
No obstante, tirar “la bola” hacia adelante tiene un precio.
Para los instrumentos de deuda, cuanto mayor sea el plazo, mayor debe ser el interés que se ofrezca debido al aumento del riesgo; también será mayor el tiempo en que el emisor, en este caso el Gobierno, pague intereses.
De esa manera, las finanzas públicas se ven impactadas al tener que pagar mayores rendimientos a lo largo de más años, en comparación con hacer estructuraciones a menor plazo.
El efecto es claro en el rubro de pago de intereses en los últimos años, pues ha venido en aumento al punto que el incremento entre el 2010 y el 2015 fue de un 98%.
Édgar Ayales, exministro de Hacienda, explicó que para alargar la duración de la deuda se debe ofrecer a los tenedores mayores rendimientos, pues en el país son pocos los inversionistas que tienen la capacidad para adquirir esa cantidad de emisiones.
Según Ayales, en un inicio, el alargamiento de los vencimientos se hacía para mejorar el perfil general de la deuda, pero ahora otra de las razones es la necesidad de liquidez, pues el Gobierno carece de la capacidad para amortizar o cancelar una buena parte de los vencimientos.
Por eso surgieron los canjes de bonos, que permiten renegociar un monto y ampliar el plazo.
Otra característica asociada a la obtención de más tiempo es el aumento constante de la deuda total debido a las renegociaciones.
Mientras que en el 2010, las obligaciones financieras del Gobierno representaban un 29% del Producto Interno Bruto (PIB), en el 2015 llegó al 43%, un valor que ya se considera alarmante para la economía costarricense.
Ese es otro de los problemas de alargar el plazo y, específicamente, de la manera en que lo hace el Gobierno, pues dado que no amortiza, solamente traslada hacia adelante el financiamiento y eleva el pago por intereses.
El alza del endeudamiento es el aspecto que más preocupa, dijo Antonio Pérez, director comercial del puesto de bolsa Mercado de Valores.
A su juicio, la Tesorería ha ejecutado un plan acertado en cuanto a manejo de plazos y, en general, del plan de colocación, pues si las cosas se hubieran hecho como hace más años, hoy tendría un caos en el mercado y mucha más presión sobre las tasas.
Respecto a emitir a más de cinco años, Pérez afirmó que se trata ganar tiempo para planear una solución global al problema del déficit fiscal.
La economista y presidenta de Academia de Centroamérica, Edna Camacho, coincidió en que este comportamiento es simplemente darle un escape al flujo de caja del Gobierno.
“Si el Gobierno no alarga el plazo, no hubiera tenido la capacidad financiera de amortizar deuda en este momento”, detalló.
Pérez insistió en que pronto se debe contar con una solución al crecimiento de la deuda, pues en pocos años no importará a qué plazo coloque Hacienda, pues, sea cual sea, generará una presión en las tasas de interés dado el volumen que requerirá y en el país son pocos los inversionistas que tienen capacidad de comprar grandes cantidades.
Mayoría en dólares
De lo emitido en el mercado interno en el 2015 en colones, el 52% se hizo a más de cinco años de vigencia.
Empero, a la hora de dividir los plazos por moneda, la predilección de Hacienda ha sido colocar a mayor plazo en dólares.
La preferencia en el caso de la moneda extranjera es clara. Para el año pasado, el 86% tiene un vencimiento que supera el 2020 y el largo plazo ha prevalecido en los últimos tres años, eso sin contar con los eurobonos.
En total, Hacienda puso el año pasado ¢1,4 billones de colones a más de cinco años de las nuevas emisiones.
De enero hasta el 25 de mayo pasado, el total emitido con vigencia después del 2021 ya suma ¢550.000 millones.
Sobre el comportamiento del mercado en este año, Pedro Aguilar, jefe de análisis económico de Aldesa, detalló que los inversionistas han carecido de apetito suficiente sobre los instrumentos de mayor plazo y las tasas ofrecidas por el Gobierno no fueron lo suficientemente llamativas.
Según el saldo total reportado por Hacienda a abril del 2016, el 51,3% de la deuda vence a más de cinco años, monto que equivale a ¢6,6 billones. La suma incluye las emisiones recientes y todos los bonos pendientes a la fecha.
Para Aguilar, la captación a un futuro más lejano también es un traslado de las expectativas, pues los inversionistas podrían pensar que para cuando lleguen esos vencimientos, se generará un aumento de las tasas de interés.
Adicionalmente, se agrega incertidumbre, pues un gobierno sin suficientes recursos genera dudas de cómo enfrentará los vencimientos que en algún momento aplazó y deberá cumplir a partir del 2017.
