EscucharUn recorte de ¢27.000 millones al Poder Judicial, ¢311 millones a la Defensoría de los Habitantes y ¢1.000 millones a la Contraloría General de la República propondrá el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en el presupuesto extraordinario que presentará a los diputados en los próximos días. Eso representa un 5% del presupuesto, aproximadamente.
Así lo anunció el jerarca este miércoles en Consejo de Gobierno como parte de las medidas para mejorar las finanzas públicas.
Chaves añadió que el presupuesto ordinario del 2027 también tendrá recortes. La Asamblea deberá aprobarlos
Además, tanto Rodrigo Chaves como la presidenta, Laura Fernández, anunciaron que le declararán “la guerra” al contrabando, la evasión y el comercio ilícito.
El próximo miércoles se presentará un paquete de medidas completo, dijo Chaves.
Ajustes en los presupuestos del 2026 y 2027
El recorte anunciado corresponderá al presupuesto del 2026 y requiere que la medida sea aprobada por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.
Para el presupuesto ordinario del 2027, Rodrigo Chaves dijo que se incorporarán nuevos recortes, pero que esos sí aplicarán para todo el aparato estatal y que lo estarían presentando en setiembre próximo.
“Vienen recortes para todos. Aquí no hay poderes con corona. Si el Ejecutivo tiene que poner, también tiene que contribuir con el Legislativo”, afirmó Chaves.
Además, aseguró que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, manifestó disposición para revisar la estructura de gastos del Congreso.
Llamado a la contención del gasto institucional
La presidenta de la República, Laura Fernández, respaldó el llamado a que las instituciones revisen sus presupuestos.
Fernández afirmó que los recursos públicos deben administrarse con mayor eficiencia y pidió eliminar desembolsos que considera injustificados, como viajes, viáticos y horas extra que no correspondan.
“La plata del pueblo de Costa Rica es sagrada y le vamos a pedir a todas las instituciones, empezando por las del Gobierno, pero también a todos los poderes del Estado, que se toquen la faja”, manifestó la mandataria.
Además de la contención del gasto, el Gobierno anunció que prepara una estrategia para fortalecer la recaudación tributaria y combatir el contrabando, el comercio ilícito y la evasión fiscal.
Según la última estimación del Ministerio de Hacienda, con datos correspondientes al 2022 y publicada en 2025, el incumplimiento tributario representa cerca de un 5,7% del producto interno bruto (PIB) del país.
Esta cifra equivale aproximadamente a ¢4 billones que el Estado deja de percibir por incumplimientos en el pago de impuestos.
