Por: María Fernanda Cisneros.   9 julio
Rocío Aguilar, compareció el 30 de mayo ante los diputados en la Asamblea Legislativa, para explicar las medidas de contención y recorte del gasto público ante el creciente déficit fiscal que afecta las finanzas públicas del país. Fotos: Mayela López
Rocío Aguilar, compareció el 30 de mayo ante los diputados en la Asamblea Legislativa, para explicar las medidas de contención y recorte del gasto público ante el creciente déficit fiscal que afecta las finanzas públicas del país. Fotos: Mayela López

A seis años de que se aprobara la última emisión de eurobonos, el Gobierno trae a la mesa su intención de enviar un proyecto de ley al Congreso para emitir un nuevo paquete de $4.000 millones.

El propósito es claro. El Ministerio de Hacienda pretende obtener recursos de los mercados internacionales para fondearse de forma más barata y así, evadir la inevitable presión que recibirían las tasas de interés si busca los fondos localmente.

Al lado de esto, una emisión externa traería al mercado local más moneda extranjera y esto provocaría, en principio, que el tipo de cambio no sufra tantas presiones.

También, el ahorro nacional quedaría disponible para las entidades financieras y esto podría evitar tensiones en las tasas de interés.

Una nueva emisión no reducirá el nivel de deuda, pero sí las presiones que esta genera.

Inclusive puede abrir puertas a que otras entidades busquen también recursos en el exterior y así favorecer aún más las tasas de interés, explicó Mauricio Hernández, gerente de Prival Securities Puesto de Bolsa.

Sin embargo, el tiempo se agota y el Gobierno tendrá que ingeniárselas para atender sus obligaciones hasta que esta posibilidad se analice en la Asamblea Legislativa.

Camino está lejos de ser fácil

En 2012, la propuesta fue avalada casi por unanimidad, pero en esta ocasión el destino no parece tan certero e inclusive, la emisión ya tiene enemigos sin haber sido propuesta formalmente.

Sin haberse presentado el proyecto de ley que buscaría captar recursos externos, la bancada del Partido Liberación Nacional ya mostró dudas y malestar ante las intenciones de Hacienda.

Otro factor que juega en contra es el deterioro de la imagen del país.

A diferencia de hace seis años, Costa Rica hoy muestra calificaciones que no solo están desgastadas, sino que también vienen acompañadas de una perspectiva negativa.

Esto podría afectar el atractivo de inversión que genere la emisión.

La nota que las agencias calificadoras otorgan al riesgo soberano es analizada por inversionistas para tomar decisiones. Un inversionista puede apostar por un país que representa mayor riesgo que otro, pero lo hace a cambio de un rendimiento más alto.

Aún con la reforma fiscal, es más que posible que las agencias calificadoras de riesgo esperen a ver los efectos de la reforma en las cifras fiscales del país.

Es decir, la aprobación por sí misma será vista como una buena noticia, pero podría no ser suficiente para realizar un ajuste en la calificación o en la perspectiva.

Se debe ver una baja en el déficit fiscal, una clara señal de que las finanzas mejoran. “No basta con que se mencione la reforma, debe ser aprobada y tiene que implementarse”, explicó Gabriel Torres, Moody’s.

“La gran pregunta es si el déficit va a empezar a bajar, no si se va a estabilizar en niveles altos”, añadió Torres.

El mercado doméstico ha sido la fuente de recursos del Gobierno desde la última emisión, realizada en 2015. Sin embargo, los fondos se agotan y las obligaciones aumentan.

El gobierno apostaría por cuatro emisiones de $1.000 millones y en el mercado externo puede lograrlo en una sola subasta, mientras que para hacer eso en el mercado local podría tomarle varios meses, hasta un semestre.

Las finanzas públicas sienten mayor apremio que en cualquier otro momento.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que el déficit fiscal alcanzará el 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y aunque la reforma fiscal se discute con mayor urgencia que antes, los resultados de estos cambios no se ven de forma inmediata.

La búsqueda de una emisión externa solo refleja -una vez más- la necesidad de recursos que enfrenta el Gobierno para atender sus obligaciones y el tiempo es su mayor enemigo.

La estrategia de acudir al exterior en busca de recursos parece lógica. En los próximos tres años, vence el 28,7% de la deuda ($8.600 millones de un total de $29.950 millones de deuda).

Desde hace algunos años, Tesorería apostó por canjes de deuda, subastas y otros instrumentos que les permitieran reducir las presiones en el corto plazo y aunque se logró con éxito en años previos, cada vez se complica más.

Por ejemplo, los vencimientos para el 2019 aumentaron entre diciembre del 2017 y mayo del 2018.

Además, la deuda que vence dentro de uno y cinco años tomó fuerza, mientras se contrajo la que vence a más de cinco años.

El apetito por los recursos también ha hecho que Hacienda deba captar más dinero a tasa variable. Esto se evidenció en las cifras del 2017.

La necesidad de recursos es clara pero también la condición que establece el mercado: la reforma fiscal se debe aprobar antes de pensar en una emisión externa.

En esto coincide Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, quien explicó en entrevista con Bloomberg que buscará una autorización en el Congreso pero después de que la reforma reciba luz verde.

Todavía es prematuro para hablar de un regreso al mercado, se debe antes analizar la magnitud del ajuste del déficit de la reforma fiscal antes de proponer ir al mercado, de qué tamaño será la emisión y cómo se ajusta ese monto, explicó Luis Liberman, exvicepresidente de la República.

Por lo pronto, la reforma fiscal sigue a la espera de un aval definitivo en el Congreso, y la nueva emisión tendría que pasar por este mismo filtro.

La tarea de negociación de esta emisión también será ardua para el Gobierno. Se enfrentará a una imagen país deteriorada y una coyuntura de tasas de interés al alza.

Por tanto, al lado de una reforma fiscal, el Gobierno deberá cuidar otros factores.

Esperar a que las calificadoras cambien la nota que le otorgan al riesgo soberano nacional no parece viable. El tiempo es oro.

Desde finales del año pasado, la gestión de la deuda ya evidencia rasguños de un déficit. La Tesorería Nacional se ha tenido que volcar a tasas de interés variables y plazos menores con tal de captar dinero, cuando años atrás se buscaba todo lo contrario.

Esta emisión ayudaría a alargar los vencimientos, si coloca a plazos de por lo menos 15 o 20 años y así, quitar presión sobre flujo de caja, afirmó Freddy Quesada, gerente de INS Valores.

Por otro lado, la Reserva Federal de Estados Unidos está en un periodo de ajuste de tasas que puede encarecer la deuda. Conforme más tiempo se espere, la emisión podría ser más cara.

¿Qué puede hacer el Gobierno mientras tanto?

La reforma fiscal verá sus frutos a futuro y la emisión podría tardar en concretarse, por lo que pensar en acciones más a corto plazo no sería mala idea.

Es ahí en donde se podría analizar el acudir a organismos bilaterales en busca de financiamiento.

Entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ofrecen créditos a condiciones más blandas que el mercado financiero.

Respecto a la gestión de la deuda, al Gobierno no le queda más que apostar por las ya conocidas cartas: subastas y canjes.

Entre mayor plazo logre colocar las nuevas emisiones, más alejará las obligaciones.

Los canjes de deuda pueden asemejarse a la práctica de “patear la bola” de los vencimientos de emisiones más antiguas. Principalmente si se trata de vencimientos de corto plazo que se cambian por otros de mediano y largo plazo.