¿Qué puede hacer Costa Rica con $3.456 millones? No es una pregunta retórica, pues, efectivamente, este es el monto aproximado que el país espera recibir a través de cinco préstamos y dos emisiones de eurobonos que están en proceso de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
Los préstamos corresponden a proyectos negociados por el gobierno con diferentes organismos, incluyendo tres con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), uno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otro con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Estos sumarían $1.456 millones en financiamiento.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda espera que se apruebe el proyecto para la modificación de la Ley N° 10332 de Eurobonos, que le permitiría colocar dos emisiones por $1.000 millones cada una. Una se haría este año y la otra en 2026.
Adicionalmente a esos $3.456 millones, el país cuenta con dos líneas de crédito que le permitirían acceder ―en caso de ser necesarias― a $2.000 millones más: una por hasta $1.500 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otra por hasta $500 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Ambas fueron aprobadas en junio por estas entidades.
Existe, además, un préstamo por $250 millones que también fue aprobado en junio por el directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, este, al igual que la línea de crédito de la CAF, aún se encuentra en etapa de aprobación administrativa por parte de Hacienda, por lo cual no se ha enviado el respectivo proyecto de ley al Congreso.
¿Cómo se usarían?
El endeudamiento público del Gobierno Central implica la aprobación de la Asamblea Legislativa, dado que así lo establece la Constitución Política. Además, en el caso de los créditos con endeudamiento externo —como los llamados eurobonos—, se requiere al menos la aprobación de las dos terceras partes del Congreso.
A continuación, se resumen los proyectos que actualmente están en proceso de aprobación de la Asamblea Legislativa, según información suministrada por Ariel Barrantes, director general de Gestión de Deuda Pública en Hacienda.
Entre los objetivos reiterados de estas iniciativas se encuentran apoyar al país en su recuperación tras el impacto de la pandemia por Covid 19 y fortalecer su resiliencia frente al cambio climático.
Los tres contratos de préstamo suscritos con el BIRF —que forma parte del Grupo Banco Mundial— suman $1.050 millones.
El primero es el “Préstamo de Política de Desarrollo para la Gestión del Riesgo Social en Costa Rica con una Opción De Desembolso Diferido” (proyecto 24.945), por $200 millones. Su objetivo, en palabras simples, es fortalecer la focalización y eficiencia del sistema de protección social de Costa Rica.
El segundo proyecto es el 24.761, por $350 millones, dirigido a “Financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima”.
Con estos recursos se pretende desarrollar capacidad institucional para la recuperación de la infraestructura dañada por desastres, así como una mejor gestión del riesgo de desastres en los territorios. En los objetivos también se menciona “un desarrollo económico, social y ambiental territorial resiliente al clima e inclusivo, que mitigue los costos financieros por las atenciones de las emergencias y la rehabilitación y reconstrucción de los servicios públicos afectados por eventos futuros de desastre asociados a fenómenos relacionados con el clima”.
El otro contrato con el BIRF es el “Tercer Préstamo para Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y Descarbonización”, por $500 millones. Este busca apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) tras el impacto del Covid-19, además de fortalecer sistemas de protección social para las personas en condición de pobreza y situación de vulnerabilidad, y sentar las bases para una recuperación post pandemia mediante la promoción del crecimiento verde y el desarrollo bajo en carbono.
Estos objetivos son muy similares a los del préstamo con el BCIE (proyecto 24.907), por $290 millones.
Dicha operación pretende apoyar el crecimiento económico equilibrado, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible y el combate al cambio climático, a través de tres pilares:
A) Proteger los ingresos y empleos de las personas ante el impacto de la Covid-19 y fomentar la recuperación de las Mipyme
B) Reforzar la sostenibilidad fiscal después del Covid-19
C) Sentar las bases para una fuerte recuperación posterior al Covid-19 promoviendo el crecimiento verde.
Por otro lado, el contrato de préstamo suscrito con la AFD es por €100 millones (cerca de $117 millones), el cual busca contribuir al desarrollo e implementación de una política nacional integrada en materia agrícola y ambiental, definida por las autoridades como la “Agenda Agroambiental” del país.
Una vez aprobado por Hacienda, la lista se completaría con el crédito por $250 millones del BID para fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia.
Eurobonos y crédito contingente
Los “eurobonos”, como popularmente se les conoce, son títulos valores de deuda externa. Es decir, son bonos que el gobierno emite para recibir fondos a partir de inversionistas en el mercado internacional.
En el año 2022, el Congreso dio una primera autorización a Hacienda para colocar eurobonos por $5.000 millones. De esa partida se colocaron $3.000 millones en 2023, en dos emisiones de $1.500 millones cada una.
Las dos siguientes, de $1.000 millones, estaban programadas para el 2024 y 2025. Sin embargo, la del año pasado no se realizó debido al incumplimiento de metas fiscales y de seguridad (colocación de escáneres en las fronteras), y tampoco se ha colocado la de este año.
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El proyecto 24.462 —que ya fue aprobado en primer debate por el Congreso— busca reformar la Ley sobre Eurobonos, con el fin de autorizar a Hacienda a mover la colocación de los $2.000 millones restantes en dos tractos de igual tamaño para este 2025 y 2026. De esta forma, se completaría la colocación de los $5.000 millones aprobados en 2022.
Finalmente, Costa Rica cuenta también con las líneas de crédito otorgadas recientemente por el FMI y la CAF.
La primera es la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI, por un monto aproximado de $1.500 millones, concebida para atender la demanda de préstamos de prevención y mitigación de crisis.
Esta busca fortalecer la vulnerabilidad del país frente a choques externos, según lo explicó Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en una reciente entrevista con El Financiero.
“No es un préstamo, sino un producto de acceso crediticio que nos da la facilidad de solicitar un desembolso, hasta por el monto aprobado, en caso de presentarse un choque externo o un problema de balanza de pagos”, aclaró el jerarca.
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Asimismo, la Línea de Crédito Contingente, Revolvente y No Comprometida de la CAF, por hasta $500 millones, le permitirá al país contar con acceso expedito a liquidez, en caso de que enfrente disrupciones en los mercados financieros o emergencias por eventos climáticos extremos.
“Esta línea no representa endeudamiento inmediato, sino un respaldo estratégico para proteger los avances que hemos alcanzado en materia de sostenibilidad fiscal. Es como contar con un paracaídas bien preparado: no esperamos usarlo, pero tenerlo da tranquilidad y fortalece nuestra posición ante cualquier eventualidad futura”, dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuando se anunció la aprobación de la CAF.
De esta manera, ambas líneas de crédito pretenden fortalecer el blindaje financiero del país, que actualmente mantiene reservas por más de $14.000 millones. Mientras tanto, la deuda externa ronda los $14.868 millones, que representan un 15% del Producto Interno Bruto (PIB).
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