El impuesto a la transacciones bancarias que propone el Gobierno como parte del programa de ajuste fiscal que se negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) afectaría la bancarización en Costa Rica y promovería la informalidad.
La inclusión de personas al sistema financiero es un esfuerzo desarrollado durante los últimos años por los intermediarios (bancos, cooperativas y mutuales, etc.) y por los reguladores como la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Un 78,64% de la población mayor de 18 años que habita en Costa Rica tenía al menos una cuenta bancaria a abril del 2020, la cifra representó un crecimiento con respecto al año anterior cuando el nivel de bancarización era levemente inferior al 70%, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) alertó, la mañana de este jueves 17 de setiembre en un comunicado, que la eventual aplicación del impuesto a las transacciones es una medida que afectará de forma directa a todos los clientes del sistema financiero nacional.
La entidad, que agrupa a 14 bancos públicos y privados del país, señala que este tributo generaría al menos seis aspectos negativos:
1- Desincentiva el ahorro, motiva el uso de efectivo y favorece la desbancarización.
2- Fomenta que las personas aprendan a eludir el pago del impuesto.
3- Expone a los clientes a inseguridad con el mayor uso de efectivo y fomenta el lavado de dinero.
4- Genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero (offshore).
5- Conduce a un crecimiento en el sector informal que tendrá impactos negativos para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.
6- Provoca un efecto en cascada que incrementará los costos de producción y los precios finales al consumidor.
La ABC recordó que diversos estudios del Banco Mundial concluyeron que el uso de tarjetas de crédito y débito como medios de pago reducen casi en un 50% el costo asociado al efectivo y se convierten en mecanismos más simples para la inclusión financiera.
“Un nuevo impuesto en la coyuntura actual es sin duda un golpe para los costarricenses y un retroceso en el proceso de bancarización que las entidades financieras han impulsado por años”, indicó Mario Gómez, asesor legal de la ABC.
El economista Eli Feinzaig coincide en que la aplicación de este tributo representaría un freno y un retroceso a los procesos de bancarización y es una invitación a que muchas personas se queden en la informalidad, o bien, se muevan poco a poco hacia este modelo.
“Para quienes están amarrados a la formalidad es un golpe muy grosero porque es impuesto que se cobra a la entrada y a la salida, es decir, lo cobran cuando se recibe el salario y luego cuando se hacen pagos como el alquiler de la casa, los servicios públicos o cualquier otra transacción electrónica. En una época en donde los ingresos de las personas vienen cayendo producto de la crisis económica y donde mucha gente ha quedado desempleada”, señaló Feinzaig.
Incluso el Gobierno reconoce que el aumento en la población con acceso a cuentas bancarias facilitó la entrega más certera de subsidios por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en los últimos años y, sobre todo, los bonos Proteger en el contexto de la crisis.
Con el impuesto a las transferencias financieras se gravarán todas las transacciones como depósitos de salarios, retiros en cajeros automáticos, Sinpe Móvil y cheques.
Estas medidas generarían un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) que representan casi ¢1,03 billones al año.
¿Qué es la tasa Tobin y cómo se aplica?
El impuesto que plantea el Gobierno se conoce en la literatura económica como la tasa Tobin, se trata de un gravamen creado originalmente para regular la volatilidad de la operaciones de compra y venta de divisas, pero que luego se expandió a las transacciones bancarias.
El Ejecutivo propondrá una tasa del 0,3% durante los primeros dos años y del 0,1% para los siguientes dos años. Se desconoce si se trata de un tributo temporal.
La Nación informó sobre esta propuesta la tarde del 16 de setiembre y EF pudo confirmar la información con fuentes cercanas al equipo económico del Gobierno.
En la práctica la aplicación del impuesto Tobin se explicaría así:
- Si una persona saca ¢10.000 de un cajero automático, se le retendrán ¢30 por el tributo.
- Si un cliente paga ¢200.000 en las compras del supermercado con una tarjeta, el impuesto será de ¢600.
- Si una familia o empresa pide un préstamo de ¢60 millones, se le rebajarán ¢60.000 por la tarifa Tobin.
De acuerdo con la ABC, la retención del impuesto quedará en manos de los intermediarios financieros quienes deberán trasladar los recursos al Ministerio de Hacienda mediante algún mecanismo definido posteriormente.
Golpe a Sinpe Móvil
Otro de los servicios en auge durante la pandemia es Sinpe Móvil que en julio alcanzó un nuevo récord histórico de crecimiento en las transacciones con 4,53 millones de movimientos, frente a 3,28 millones registrados un año atrás.
En la comparación interanual se refleja un crecimiento del 841%. Durante el sétimo mes del año se transfirieron ¢79.000 millones (con un aumento interanual del 804%) y se registraron 1,6 millones de suscripciones activas al 31 de julio.
El impuesto a las transacciones bancarias también gravaría este servicio que se convirtió en uno de los medios de pago favoritos de las personas y comercios durante la pandemia porque evita el contacto y se reflejan los movimientos en tiempo real sin comisiones asociadas.
Sinpe Móvil es un servicio que permite hacer transferencias de dinero de forma gratuita (hasta los ¢100.000) con solo utilizar el número de teléfono celular.
Los usuarios pueden realizar movimientos de dinero hacia cualquier cuenta afiliada y puede enviar recursos hacia la misma entidad financiera, cuentas de otros bancos, cooperativas o mutuales. Actualmente 18 entidades brindan este servicio.
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La plataforma Sinpe Móvil es uno de los mayores esfuerzos del sistema financiero nacional por promover la bancarización y ofrecer un mecanismo simple para las transacciones en tiempos donde se evita el contacto para el pago de bienes y servicios. Incluso el propio Banco Central ha respaldado la promoción de este sistema.
Un impuesto a las transacciones bancarias como el que propone el Gobierno podría desincentivar el uso de Sinpe Móvil y revivir el interés de los pagos en efectivo para eludir el tributo.
Experiencia internacional
En los últimos años países como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela adoptaron el impuesto a las transferencias financieras. En todos los casos se reportó un alto impacto distorsivo documentado por estudios.
Existen diferencias sustanciales en los resultados entre naciones desarrolladas y las que se encuentran en vías de desarrollo.
En Colombia, por ejemplo, este tributo incrementó el costo de la intermediación financiera. Se empezó a aplicar en ese país en 1998 con el objetivo de solucionar la crisis que atravesaba el sector bancario.
La tarifa del impuesto fue fijada en 0,2% para retiros realizados de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de depósito en el Banco de la República y la emisión de cheques de gerencia.
Algunos meses después de la introducción del tributo las transacciones interbancarias fueron declaradas exentas. Posteriormente, en diciembre de 2000, mediante la Ley 633, la tasa se incrementó a 0,3%.
En diciembre de 2003, con la Ley 863 (de Colombia), se aumentó nuevamente la tarifa a 0,4%, de manera transitoria para el periodo comprendido entre la fecha de inicio de la ley y el 2007. Así se describe en el estudio Represión Financiera y el Costo del Financiamiento en Colombia, elaborado y publicado por el Banco Mundial (BM) en junio del 2006.
Otra investigación publicada en mayo del 2013 por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), analiza el impacto del impuesto alas transacciones financieras en América Latina entre 1990 y 2012.
El informe concluye que la recaudación anual con este tributo en países como Ecuador, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay y Panamá; superan un punto del Producto Interno Bruto (PIB).
“Muchos de estos impuestos han contribuido con la recuperación de los ingresos tributarios en momentos de crisis fiscales, y, además, en una magnitud igual o superior a lo aportado por los IRPFs (impuestos sobre la renta). Si bien esta contribución parece reducirse en el tiempo, no siempre la razón es una caída en su productividad a causa de la caída en la intermediación financiera”, señala el estudio.
La aplicación de este tipo de tributo en esos países generó una contracción en los depósitos bancarios e incrementó la preferencia por el dinero en efectivo, además se reportaron alzas en el spread (diferencia entre la tasa cobrada por los préstamos y la pagada por los depósitos).
La organización The Tax Foundation, en un estudio de enero del 2020, determinó que los impuestos a las transacciones violan los principios de una política fiscal sólida que son: neutralidad, estabilidad, transparencia y simplicidad.
Nota del redactor: esta noticia fue actualizada a las 12:45 p.m. para agregar información de estudios internacionales sobre el tema.
