EscucharBAC Credomatic anunció recientemente el cierre de tarjetas de crédito a más de 79.000 clientes al considerarlos poco o nada rentables y Promerica analiza la posibilidad de adoptar la misma medida para 30.000 clientes.
Mientras estos anuncios salen a la luz y preocupan a muchos deudores, el resto de entidades analiza las nuevas reglas del juego en productos de crédito para tomar decisiones en las próximas semanas.
Davivienda, por su parte, anunció que se comunicará con los clientes afectados, e indicó mediante un comunicado de prensa que la modificación en la legislación “lamentablemente limitará el acceso del producto: tarjeta de crédito, a un segmento de costarricenses”. La entidad analiza el cierre de 7.500 plásticos, que pertenecen casi a la misma cantidad en clientes.
La entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (7472), más conocida como Ley de Usura, cambió las pautas bajo las cuales deberá operar el sistema financiero.
El más discutido de los cambios fue la definición de las tasas de usura, intereses máximos que podrán cobrar las entidades financieras por los créditos y los microcréditos, y que calculará el Banco Central de Costa Rica (BCCR) dos veces al año.
Las dudas entre diputados y participantes del mercado financiero salieron a relucir desde que el texto de la reforma se dio a conocer en el Congreso, con un principal cuestionamiento: ¿el tope a las tasas aplicaría para los contratos vigentes o solo para los nuevos?
Aún después de su entrada en vigencia, el texto de la Ley deja varios caminos abiertos, explica la banca, y por esto cada entidad toma el que recomiende su equipo legal.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) dejó claro que el tope a las tasas se debía aplicar en créditos o tarjetas cuyos contratos se firmaron a partir de la vigencia de la ley, mientras que los productos con contratos previos seguían con las condiciones pactadas entre cliente y entidad. Es decir, la Ley no es retroactiva.
El Meic trabaja en la formulación del reglamento ejecutivo que definirá las pautas a seguir, para lo cual conformó un equipo con funcionarios del Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). La propuesta será sometida a consulta, en un plazo máximo de 90 días.
La Sugef fue invitada a aportar criterio en algunas reuniones, pero el órgano no tiene que elaborar normativa de supervisión prudencial en esta materia, aclaró su jerarca, Bernardo Alfaro.
¿Qué dictará este Reglamento? Los aspectos centrales del texto están relacionados con las competencias y responsabilidades que le fueron asignadas a cada una de las entidades de esta ley, también, incluye la valoración de temas que han planteado diversos actores para una mayor claridad, explicó a EF el despacho ministerial.
Al no contar con la publicación de reglas oficiales, y ya estar en vigencia la ley, una porción de la banca decidió evitar cualquier posibilidad de sanción y aplicar el ajuste mientras se dan a conocer las reglas del juego.
Si un producto cae en usura, el delito es castigado con prisión o con multas, con consecuencias “muy severas”, calificadas de esta manera por el gerente de BAC Credomatic, Federico Odio.
Lo que hicieron entidades como BAC, Promerica y Scotiabank fue ajustar de forma generalizada las tasas de los productos que superan la tasa publicada por el Banco Central, para que queden ajustados al límite.
En el caso de Promerica con el detalle de que se aplica a “clientes que están cumpliendo a la fecha con sus obligaciones de acuerdo con los términos originales pactados en los contratos”.
La publicación de la ley y posterior elaboración de la reglamentación es el camino usual en el país. “Los reglamentos siempre vienen después, no hay de otra”, afirmó Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).
Respecto a las medidas aplicadas por los bancos, el despacho ministerial indicó que los destinatarios deberán ajustar su actuación a lo que dispone la normativa.
“Las decisiones administrativas no pueden estar en contraposición con la ley en mención (7274), ni con las condiciones contractuales que definieron con sus clientes. Algún procedimiento distinto a lo anteriormente expuesto, será responsabilidad directa de cada entidad financiera”, destacó el despacho del ministerio de Economía.
La OCF aclaró que así como un banco puede cancelar una tarjeta, el consumidor también puede pedir la cancelación de la misma en cualquier momento. Esto con el objetivo de adquirir una con una tasa más baja.
Tasas y afectación
El Central ya realizó su primer cálculo de tasas de usura y lo hizo público el viernes 3 de julio. Las tasas en colones para todo tipo de crédito son de 37,69% y 30,36%, en dólares. Los microcréditos, por su parte, se sitúan en 53,18% y 42,99%, respectivamente.
Estos topes vienen a cambiar la forma de operar de las entidades financieras, así como el público al que cada una quiere atender según su apetito de riesgo. Ahora cada entidad deberá detallar ese perfil y diseñar productos ajustados para el público que quiere atender.
Las tasas publicadas por el Central son más bajas que muchas de las tarjetas que están en circulación.
Un análisis de las tarjetas en circulación, elaborado por EF y basado en el estudio que realiza el Meic de estos productos, concluyó que el 56,8% de los plásticos en colones tendrían tasas que superan el límite máximo.
Además, muchas de estas tarjetas, explican los mismos bancos, pertenecen a deudores con altos niveles de morosidad o que le daban poco uso a los plásticos.
Este segmento de clientes se vuelve poco o nada rentable para las entidades financieras porque ahora les cobran menos por financiar sus compras, pero los costos asociados son los mismos.
Cuando una entidad atiende a un cliente con mayores probabilidades de presentar morosidad o que ya acumula días de atraso, debe hacer reservas de dinero para atender una posible situación de impago del cliente.
Con los cambios a la ley, estos clientes ya no pueden ser atendidos sin que las entidades incurran en pérdidas.
“Es claro que cuando podían fijarse tasas de interés más elevadas, las entidades contaban con la posibilidad de cubrir los gastos por estimaciones para créditos incobrables propios de sectores muy riesgosos y la carga operativa proporcionalmente mayor de atender clientes de bajo volumen. Con la nueva ley, esa posibilidad se reduce”, explicó Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Ante este panorama, una banca ya golpeada por la desaceleración de la economía y contracción esperada para el cierre de año, deberá ajustar el perfil de los clientes que quiere atender.
Así, BAC Credomatic está en proceso para cerrar 187.526 tarjetas a 79.789 clientes, y Promerica analiza tomar la misma decisión en unas 40.000 tarjetas pertenecientes a 30.000 clientes. Davivienda de momento no detalla cuántos clientes se verán afectados, pero indicó que se comunicará con cada uno de ellos.
Ambos bancos han indicado que se trata de clientes que dan poco uso a sus productos y que tampoco están muy vinculados a otros productos que ofrece la entidad, o que no tienen un comportamiento de pago óptimo.
“Es un escenario de tasas menores, y las relaciones de negocios deben ser renovadas pues nuestro deber con los depositantes nos obliga a otorgar crédito de manera responsable”, explicó Federico Chavarría, subgerente de Negocios de Promerica.
Los saldos pendientes de pago en estos bancos se diluirán en préstamos a plazo, en el caso de BAC hasta por cinco años.
Federico Odio, gerente de BAC, explicó que el banco analiza posibles productos para ofrecer a una parte de esa población a la que cerrará la tarjeta, principalmente en la línea de microcréditos.
Davivienda, por su lado, comunicó que también analiza productos. Y su presidente ejecutivo, Arturo Giacomin, considera que la nueva normativa traerá consigo consecuencias importantes como el uso habitual del dinero en efectivo, el cual no solo afecta la trazabilidad de las transacciones, sino también la recaudación de impuestos.
Es pronto para conocer cuál será el golpe real de las nuevas tasas de usura en el mercado financiero, pero sin duda la dinámica bajo la cual opera esta industria tendrá una transformación a partir de esta ley.
También quedará esperar si existirán entidades financieras interesadas en adueñarse de esos clientes a los que hoy dan la espalda algunos bancos, y que no necesariamente sean los bancos con los cuales compiten en el mercado.
Estas personas que hoy son excluidas del acceso al financiamiento del sector formal, tendrían mayor vulnerabilidad de acudir al sector informal como “única opción para obtener financiamiento”, anotó el jerarca de Sugef.
En esto coincide Giacomin, el presidente ejecutivo de Davivienda, quien considera que los sectores de mayor riesgo serán los más afectados.
Por otro lado, el cierre de cuentas no rentables que aplica el sector financiero, podría traer a futuro el surgimiento de entidades que sí vean rentables a esos clientes.
Lo que sucede hoy “no quiere decir que no puedan surgir otras entidades diferentes que puedan operar con costos que sí los puedan hacer rentables, como las microfinancieras que hay en otros países”, anotó Danilo Montero, director de la OCF.
