La escasa educación financiera de los costarricenses se reflejó en una encuesta publicada recientemente por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que mostró que solo dos de cada diez personas habían recibido algún curso relacionado a cómo manejar su presupuesto o cómo ahorrar.
Además, de las 1.200 personas encuestadas solo un 31% señaló que registraba sus ingresos y gastos. De ese porcentaje, el 43% aseguró que lo hacía en papel o en alguna aplicación; el 40% de manera mental.
“En cuanto a administración de gastos y educación (la encuesta) nos mostró unos datos bastante preocupantes; que solo un 31% de los entrevistados realizan un presupuesto y algo aún más delicado, del 31%, el 40% lo realiza de forma mental por lo que no lleva un registro de ingresos y gastos, lo que provoca que podría tener gastos mayores a los ingresos que tenga”, comentó José Antonio Álvarez, gestor de riesgo de Sugef.
La encuesta se realizó a partir del segundo semestre del 2019 y hasta febrero de este año, pero los resultados fueron publicados a finales de noviembre del 2020.
“Ya teníamos estudios previos del Banco Mundial, que nos mostraban que el uso de servicios financieros en Costa Rica era muy bajo, por lo que nosotros ya imaginábamos que debido a carencias de educación financiera”, dijo.
De quienes indicaron haber recibido un curso en la temática, el 17% lo hizo en el trabajo, un 10% en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y un 10% en el colegio. En cantidades por debajo del 5% se encuentran otras fuentes como entidades bancarias, iglesia y televisión.
Impactos en las finanzas
¿Cómo impacta la baja educación financiera? Álvarez señaló que el primer aspecto es en las finanzas personales, pues en la encuesta el 42% de las personas indicó que no le alcanzaba el dinero para hacer frente a sus gastos. Ante esto, el gestor de riesgo de la Sugef llamó la atención sobre los métodos que utilizan las personas para obtener préstamos, pues un alto porcentaje lo hace con familiares, o bien, con prestamistas informales.
“La inclusión financiera ayuda a sacar de la pobreza a las personas y contribuye a acelerar el desarrollo económico; ayuda por ejemplo a incorporar a las mujeres a la actividad económica, a conocer y empoderarse porque van a tener la educación sobre cómo poder desarrollar sus actividades y que nunca lo ha hecho por desconocimiento”, ejemplificó.
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Por su parte, el experto en administración de empresas, Gustavo Cubillo, explicó que una de las mayores consecuencias es el sobreendeudamiento y con ello el riesgo de la exclusión financiera.
“Llega un momento en el que la persona está tan endeudada que ya nadie le va a prestar, o le prestan a tasas de interés muy altas”, dijo Cubillo.
Asimismo, Víctor Chacón, director ejecutivo de la Cámara de Fondos de Inversión (CAFI), calificó como “insuficiente” la educación financiera que se brinda en Costa Rica y coincidió en que uno de los más grandes riesgos son las deudas descontroladas, muchas veces en entidades no reguladas y a muy altas tasas de interés.
“Incluso se dan condiciones inapropiadas en el financiamiento de algunas tiendas de electrodomésticos u otros, como altas tasas de interés, o de cargos administrativos, o altas multas por pago anticipado de la deuda”, dijo.
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Las consecuencias del endeudamiento no solo afectan a nivel personal, sino que permean en las entidades financieras del país y el costo de los créditos, señalaron tanto Chacón como Cubillo.
“Tenemos una población altamente endeudada, con alto riesgo de endeudamiento en dólares entre gente que genera colones. Esto puede provocar alza en morosidad, la elevación del costo del crédito general, la multiplicación de casos judiciales, y esto satura el sistema judicial. Además, el aumento de remates y adjudicaciones tiene costos altos de administración en las entidades”, comentó Chacón.
Un reciente estudio del Tecnológico de Costa Rica (TEC) y Equifax sobre morosidad en el sistema financiero no supervisado determinó que un 18% de las personas en mora tienen una cuenta superior a los ¢492.776, casi dos salarios mínimos.
Asimismo, el monto promedio de morosidad para el primer semestre del 2020 es de ¢361,684, mientras el ingreso neto promedio ronda los ¢490.000 mensuales. Es decir, la deuda abarca el 73% de sus ingresos, situación que los especialistas consideran delicada.
El TEC analizó una muestra de 5.503.749 registros morosos de empresas costarricenses del sector comercial y financiero que no es regulado por alguna superintendencia financiera.
Cubillo recordó que el endeudamiento no es negativo en sí mismo, pues se trata de un instrumento que podría generar más ingresos según el uso o la inversión para la que se utilice el dinero. Por otro lado, dijo, entre más deudas “no sanas” existan, el sistema financiero pierde eficiencia y se genera el aumento de tasas de interés.
“Eso no le conviene a nadie, porque cuando eso sucede, sucede de forma generalizada”, dijo el experto.
Hábitos de ahorro
Otra de las consecuencias de no contar con un control de los ingresos y educación en el tema es la ausencia del hábito del ahorro. Carolina Lizano, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Coopeservidores, señaló que se suele pensar a corto plazo en temas de inversión y difícilmente se piensa en imprevistos como los que trajo la COVID-19 o una la posibilidad de perder el empleo.
“Muchas personas se dedican a vivir el hoy y no están pensando en el futuro, en ser preventivo o incluso tener un plan de retiro voluntario”, señaló Lizano.
Según la encuesta de Sugef, seis de cada diez personas realizaron alguna acción de ahorro; su casa y su trabajo fueron los principales sitios para reservar dinero. Quienes no realizaron ningún tipo de ahorro, se encontraban en mayor parte entre el nivel socioeconómico bajo y eran mayores de 35 años.
Entre quienes ahorraron de alguna forma, destinaron sus reservas principalmente a gastos básicos como comida, asuntos personales y pago de servicios (38%); un 17% para gastos en educación, un 16% para emergencias o imprevistos y un 14% para pago de vacaciones o fiestas.
Otros usos, aunque en menor medida, son comprar, arreglar o ampliar la casa (11%), comprar bienes (7%) y gastos de salud (6%).
Si un evento inesperado o emergencia ocurriera, un 41% de los encuestados por Sugef señaló que utilizarían sus ahorros, un 35% solicitaría préstamos con familiares o amigos, un 17% dijo que acudiría a trabajos temporales, un 13% al adelanto de su salario y un 9% a la tarjeta de crédito. Un 8% también aseguró que empeñarían algún bien.
Educación temprana
Álvarez advirtió que la educación financiera debe iniciar desde etapas tempranas del sistema de educación y en el hogar, con lo que concuerdan tanto Cubillo como Chacón.
Incluso, Chacón mencionó que los presupuestos deben realizarse en familia, en una dinámica que incluya a los menores de edad.
Por su parte, María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), explicó que ese tipo de conocimiento y el proceso de bancarización deben de ir de la mano.
“En Costa Rica lo que hace falta es que el tema de educación financiera se trabaje integralmente como política pública, en la que se haga converger a los diferentes actores para así realizar un trabajo coordinado”, dijo Cortés.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ya ha firmado varios convenios con entidades financieras y otro tipo de instituciones para implementar planes pilotos de educación. Para el I semestre de este 2020, esos aliados estratégicos alcanzaron un total de 145.642 personas capacitadas.
Asimismo, se instauró una mesa de trabajo para la construcción de la Estrategia de Educación Financiera, integrada por instituciones con el Ministerio de Educación Pública (MEP), el INA y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), según un informe de acciones del MEIC del I semestre de este año.
