La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que la “gran incertidumbre” sobre la estrategia fiscal de Costa Rica aumenta los riegos para acceder a financiamiento en el corto plazo.
La afirmación se desprende del informe Perspectivas económicas de la OCDE 2020, cuya más reciente actualización fue publicada este martes 1.° de diciembre por el organismo internacional.
“La contracción económica ha provocado una pérdida significativa de ingresos públicos, lo que ha agravado una situación fiscal ya vulnerable. El déficit financiero se ampliará a cerca del 9,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, y la ratio de deuda del Gobierno Central respecto al PIB estaría en torno al 80% los próximos años”, señala el organismo.
Agrega que la inversión y la confianza de los agentes económicos (inversionistas, empresarios y consumidores) seguirán moderadas hasta que se disipe la incertidumbre fiscal.
“Los riesgos bajistas están relacionados con que el bloqueo político impida la aplicación de reformas fiscales necesarias”, asevera la OCDE.
También apunta el organismo que debido a las necesidades de financiamiento público del 15,7% de la producción nacional para 2021 y a las dudas que se ciernen sobre la situación fiscal del país, crecieron los riesgos de incurrir en dificultades de financiamiento para los próximos meses.
“Los diferenciales de los bonos soberanos han seguido aumentando recientemente, lo que ha perjudicado la confianza empresarial y la inversión. Las autoridades han iniciado las consultas al Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un programa de asistencia financiera de tres años”, indica el reporte.
Para la entidad internacional, a la cual Costa Rica espera adherirse en 2021 como miembro número 38, la prioridad del país a corto plazo debería centrarse en reforzar el sistema de salud y focalizar el apoyo fiscal a los más golpeados por la crisis de la pandemia.
“La eliminación de exenciones fiscales regresivas y la mejora de la eficiencia del gasto público, inclusive a través de una reforma del empleo público, podrían brindar mayor espacio fiscal y sentar las bases para una estrategia a mediano plazo destinada a mantener la deuda pública en niveles sostenibles”, añade el informe.
La OCDE invita a Costa Rica a continuar con la implantación de reformas estructurales destinadas a fortalecer la competencia interna para respaldar la creación de empleo formal.
Mayor recuperación
La entidad multilateral estimó una recuperación de la economía nacional del 2% del producto nacional para 2021, con una perspectiva mucho mayor (del 3,8%%) para el 2022.
Este efecto rebote, luego de una contracción del 5,6% del PIB en 2020 por el impacto de la pandemia, también se refleja en otros indicadores como el consumo privado que repuntará paulatinamente hasta alcanzar el 4,4% en 2022, un nivel incluso mayor al que se reportaba antes de la crisis.
Las exportaciones de bienes, sobre todo hacia los Estados Unidos, apalancarán la recuperación de la economía costarricense cuando alcancen el 4,1% en 2021 y el 8,8% en 2022.
Mientras que uno de los rubros que sufrirá en cifras negativas es el consumo del Gobierno (inversión de capital) que tras la contracción del 2020 al 1,7%; caerá al 1,2% en 2021 y luego a un -0,8% en 2022.
LEA MÁS: ¿Qué debe mejorar Costa Rica para aumentar su productividad? Estudio señala 8 tareas pendientes
“Las exportaciones seguirán liderando la recuperación, impulsadas por el aumento de la demanda de Estados Unidos. La relajación gradual de las medidas de confinamiento favorecerá a los sectores de servicios, que se han visto muy golpeados”, indica el documento.
Pese a la recuperación del consumo interno de los hogares, la OCDE advierte que la mejora del desempleo será mucho más lenta, aunque ya en 2020 empezó a mostrar una leve perspectiva favorable cuando la tasa pasó del histórico 24,4% en julio, al 22% en setiembre.
“Una estrategia integral para reducir la informalidad, que incluya la reducción de las contribuciones a la seguridad social para los trabajadores con bajos salarios, y construir una red de seguridad social para todos los trabajadores, combinada con mejoras en la calidad de la educación y la formación, promoverían un crecimiento más inclusivo”, puntualiza el informe.
