Las operadoras de pensiones complementarias podrán invertir una mayor porción de los fondos administrados en instrumentos del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda y Banco Central) y el sector público, tras un cambio regulatorio aplicado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Ante esta modificación -aun pendiente de publicación en el diario oficial La Gaceta-, surge la duda de si las OPC acogerán esta opción, en un momento en el que el Ministerio de Hacienda está hambriento de fondos para cancelar sus crecientes obligaciones.

EF consultó a las administradoras de fondos de pensiones para conocer si aplicarán cambios en la gestión de su portafolio.

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Las respuestas fueron heterogéneas, pero en la misma línea: el ambiente fiscal exacerba los riesgos de invertir en bonos públicos y por tanto, el panorama es nuboso.

Se puede dividir a las OPC en dos grupos, las que tienen claro que la inversión en bonos públicos no aumentará y las que evaluarán la posibilidad.

En el primer grupo están Popular Pensiones y la operadora de la Caja Costarricense del Seguro Social (OPC CCSS), que además es la que tiene menos recursos invertidos en Hacienda y el Banco Central.

En el segundo, BN Vital, Vida Plena.

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BCR Pensiones indicó que se referirá al tema cuando el nuevo reglamento sea publicado en La Gaceta, y no fue posible obtener una respuesta de BAC Pensiones.

¿Cuál fue el cambio regulatorio?

Hasta ahora, las normas dictan que un máximo del 50% de los recursos administrados pueden ser invertidos en bonos del Gobierno Central y un 35% en el sector público.

La directriz aprobada por el Conassif avaló que la inversión en valores del sector público local -incluyendo Gobierno Central y el resto del sector público- puede acaparar hasta un 80% del total de los recursos administrados por las operadoras de pensiones.

En otras palabras, la normativa unifica el monto y entonces, abre el portillo para que las OPC inviertan más dinero en el Ministerio de Hacienda.

Las cifras a setiembre muestran que poco más de la mitad de los fondos (unos ¢2,9 billones) estaban invertidos en el Gobierno.

Eso se traduce en que el 53,83% de los recursos que administran los seis fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) estaba invertido en bonos del Gobierno Central.

Mayor riesgo

Las operadoras de pensiones ven de cerca los movimientos que realiza el Ministerio de Hacienda para mejorar la situación fiscal costarricense, y basadas en esto, deciden qué porción de los recursos que administran serán invertidos en bonos públicos.

Si un fondo quiere obtener la rentabilidad que ofrece el sector público, deberá enfrentar a cambio el riesgo que esta decisión conlleva. Además, si la oferta de rendimientos de los bonos estatales no satisface a las operadoras, estas pueden dejar su portafolio sin cambios. La decisión es opcional.

La gestión de los portafolios de inversión lo que hace es ponderar el rendimiento y el riesgo, según el apetito de cada portafolio. Por esto, la decisión puede variar entre las distintas administradoras de los fondos de pensiones.

En un momento en el que la deuda presiona al Gobierno y la incertidumbre está al tope, algunas operadoras ven con certeza el camino de no invertir más dinero en Hacienda.

Así, aunque a las arcas públicas les caería bien recibir más inversión de las operadoras de pensiones para solventar sus crecientes gastos, las operadoras están dudosas de si es buen momento para dar el paso.

Algunas de ellas, están decididas a no llevar más recursos de las pensiones de la población a inversiones en bonos estatales.

“Actualmente, contamos con la mayor ponderación de la industria en inversiones internacionales, con alto grado de liquidez, y con una diversificación geográfica global, lo que ayuda a tener una menor exposición al riesgo local”, explicó Mauricio Ávila, gerente de Popular Pensiones.

El representante manifestó que esta subsidiaria del Banco Popular continuará con su tendencia de diversificación, que tratará de manejar un portafolio competitivo y con menor exposición al riesgo local, que por ahora no desean aumentar.

Por el lado de la OPC CCSS, la junta directiva definió que no quiere aumentar el porcentaje del portafolio que está invertido en bonos del Gobierno.

La decisión está en análisis en BN Vital y Vida Plena.

Alejandro Solórzano, gerente de Vida Plena, explicó que considera importante observar los resultados de la gestión del Ministerio de Hacienda para modificar tanto la estructura de la deuda como sus fuentes de financiamiento.

“Nuestra estructura de inversión se ajustará de acuerdo con la evolución de los indicadores del mercado”, añadió Solórzano.

BN Vital, por su lado, afirmó que en su momento evaluará si el aumento de los montos invertidos en el Gobierno se ajusta a los objetivos y el apetito de riesgo de la entidad y los fondos administrados.