Presidente del Banco Central defendió la denuncia penal contra Rocío Aguilar y la solicitud de datos de deudores ante comisión legislativa

Las solicitudes se hicieron públicas el pasado 17 de agosto, cuando la Sugef reveló que su jerarca había sido denunciada penalmente por Hazel Valverde, gerente general del BCCR, debido a que no compartió los datos individualizados de deudores que le solicitó el Central.

Sobre esto, la diputada liberacionista Andrea Álvarez, le preguntó a Madrigal quién tomó la decisión de denunciar, a lo cual el presidente del Central respondió que la decisión se fundamentó en el acuerdo de Junta Directiva JD-6093/10 y que fue a la gerencia la que le correspondió ejecutar la acción.

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Este acuerdo es el que originó la solicitud de datos sin anonimizar que le hizo el Central a la Sugef. En el numeral dos del documento, se establece que de no cumplir con el pedido constituirá una falta muy grave a los deberes del cargo contemplada en el Código Penal.

Según declaró Madrigal, la Junta Directiva estaba al tanto de la denuncia puesta por la gerente Valverde. “¿Cuál fue la reacción de la Junta Directiva ante eso?”, le consultó la diputada, a lo que el jerarca respondió: “el debido proceso”.

La oficina de comunicación del BCCR le había dicho a este medio el pasado 30 de agosto que la decisión de denunciar a la superintendenta Aguilar no había pasado por Junta Directiva ya que es un deber de cada funcionario denunciar ante un posible incumplimiento de la ley.

Plan de contingencia

Madrigal también aclaró que el Central solicitó información crediticia de los deudores de cuatro bancos como plan de contingencia debido a que la Sugef no le había compartido la información. Esto con el fin de elaborar las estadísticas sobre riesgos hídricos en la cartera crediticia del país.

Estos tres bancos fueron el Banco Popular, Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional y el BAC. De estos tres solo el Nacional no compartió los datos de sus clientes. Su gerente, Bernardo Alfaro, también fue denunciado penalmente por no acceder a las solicitudes del Central.

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Madrigal explicó que necesita la información con número de cédula para poder cruzarla con otras bases de datos que tiene el BCCR con el fin de precisar la ubicación de las actividades económicas en las que se ejecutan los créditos y así poder conocer el riesgo climático al que están expuestos.

Según dice, la información anonimizada que tiene la Sugef no permite esa ubicación correcta y, por ende, las estadísticas serían menos confiables. El número de identificación es la única variable que le permitiría hacer esa conexión entre bases de datos.

También recalcó que necesita de esas estadísticas para cumplir metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

Entre esas bases de datos hay información tributaria del Ministerio de Hacienda y de la Caja Costarricense del Seguro Social.

“No son datos sensibles”

El presidente del Central también aseguró que los datos que le solicitó a la Sugef y a los cuatro bancos no entran bajo la categoría de “sensibles”.

“Pedirle información detallada e identificada por persona podría generar información que es sensible, que es lo que ustedes pidieron”, le dijo la diputada del Partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero, a lo que Madrigal le contestó: “no, los invito a que revisen lo que es información sensible (...), yo me adhiero a lo que la Sala Constitucional ha definido como sensible y a lo que el criterio de la Procuraduría dice que es sensible”.

Madrigal se refiere al dictamen PGR-C-125-2023 y el cual es una respuesta a una consulta hecha por la superintendenta Aguilar a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre este tema. En el documento la PGR concluye que los datos crediticios no pueden considerarse como sensibles y que la Sugef debe compartirlos con el Banco Central siempre y cuando tengan fines estadísticos.

Cambronero, en cambio, se apoya sobre el artículo 3 de Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, el cual dice que un dato sensible es, entre otras cosas, uno que revela la condición socioeconómica del individuo.

Por su parte, Madrigal dice que en la ley no existe una definición de condición socioeconómica.

Se abre expediente

La comisión legislativa acordó abrir un expediente de investigación alrededor de las solicitudes de datos que ha hecho el Central al finalizar la comparecencia.

Esta disyuntiva también se encuentra actualmente en la Sala Constitucional, tanto por medio de una acción de inconstitucionalidad como por un recurso de amparo presentados por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). Según la ABC, la información que requiere el Central está protegida por el artículo 24 de la Constitución.

Es de conocimiento de El Financiero que, por lo menos al 30 de agosto, también existía otra acción más presentada en la Sala IV, según confirmó la oficina de prensa de esta entidad.

El pasado 28 de agosto la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) le ordenó al BCCR suspender cualquier solicitud de información que incluya datos personales de los habitantes por medio de la resolución N.° 697-2023, como medida cautelar. Asimismo, le ordenó a la Sugef abstenerse de enviar la información crediticia solicitada por el Central. Sin embargo, Madrigal mencionó durante su presentación ante los diputados que dichas medidas habían sido suspendidas. Se le consultó a la Prodhab si efectivamente había sucedido así, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.