El procurador General de la República, Iván Vincenti, mencionó que los datos crediticios no caen bajo la categoría de datos sensibles, sin embargo, se abstuvo de referirse directamente sobre la solicitud de información individualizada que le hizo el Banco Central de Costa Rica (BCCR) a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Dicha declaración la dio este 1⁰. de noviembre durante su audiencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la cual investiga el accionar del BCCR.
Vincenti fue llamado debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un criterio a pedido de la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, con respecto a la obligación o no que tenía la Superintendencia de compartirle datos sobre operaciones crediticias de los intermediarios financieros supervisados al Banco Central con número de identificación de los deudores.
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En el criterio PGR-C-125-2023 del 3 de julio del presente año, la Procuraduría concluye que los datos crediticios no caen bajo la categoría de datos sensibles sino en la de datos personales de interés público y que su entrega no está protegida por las excepciones que brinda el artículo 18 la ley del Sistema de Estadística Nacional, ley N° 9694.
Artículo 18 - En todo caso, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los interesados los datos susceptibles de revelar el origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, la orientación sexual y, en general, cuantas circunstancias puedan afectar la intimidad personal o familiar.
— Ley del Sistema de Estadística Nacional N°. 9694
“Consecuentemente, como regla general, la Sugef debe entregar a las instituciones que forman parte del Sistema de Estadística Nacional, toda la información relacionada con operaciones crediticias, en la medida que tengan un fin estrictamente estadístico y que no se trate de información sensible”, se lee en el documento de la PGR.
La diputada frenteamplista, Sofía Guillén, le pidió al procurador que le confirmara su interpretación del criterio emitido por la PGR.
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“Según entiendo, en la conclusión número dos (”b” del dictamen), en su opinión no habría que hablar de datos sensibles, sino de datos personales de interés público sobre estos datos crediticios que pidió el Banco Central. Y sobre la conclusión número tres, lo que comprendo es que estos datos personales de interés público no están sujetos al numeral 18 (de la ley N°. 9694), que pide el previo consentimiento para su solicitud, porque no afectan la intimidad personal al no ser datos sensibles. ¿Este hilo de conclusiones es correcto?”, le preguntó Guillén, a lo que Vincenti respondió afirmativamente.
No obstante, el procurador mencionó que es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) la que está capacitada para definir qué se entiende por datos sensibles.
“Nosotros podemos hacer interpretación sobre la base de los textos vigentes, por eso se llegaron a esas conclusiones, pero en todo caso el sistema jurídico costarricense otorga la competencia primaria a ese órgano (Prodhab)”, dijo Vincenti.
El procurador se abstuvo de calificar directamente la solicitud del acceso integral a la totalidad de la información crediticia que le pidió el Central a la Sugef.
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“La PGR no puede referirse a casos concreto. En el ámbito de esa restricción nosotros no entramos a decir si tal dato en específico está o no incluido (entre los sensibles), lo que hacemos es identificar lo que dice la legislación y en el cuerpo del dictamen se establecen los diferentes tipos de datos según la clasificación de la ley e indicamos cuáles de ellos han sido considerados por la Sala Constitucional y la legislación como de acceso irrestricto, cuáles deben ser solicitados por órganos que tengan competencia de ley y cuáles estarían excluidos”, agregó Vincenti.
Una audiencia atípica
La audiencia del procurador fue diferente a las otras cinco que ha realizado la Comisión con respecto a este tema, principalmente por la escasez de preguntas por parte de los diputados. De los seis presentes, solo Guillén y Daniel Vargas, este último del partido oficialista, le realizaron consultas a Vincenti.
Además la audiencia duró poco menos de 25 minutos, particularmente más breve que las demás. Esta es la primera ocasión dentro de este expediente legislativo en la que no todos los miembros de la Comisión externan sus dudas ante los comparecientes.
Para este mismo día estaba agendada la audiencia de Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional, sin embargo el jerarca pidió que se reprogramara su visita debido a que se le imposibilitaba asistir.
Alfaro fue denunciado penalmente por la gerencia del Banco Central debido a que no entregó los datos crediticios sin anonimizar de la totalidad de sus clientes que le solicitó el ente emisor.
La superintendenta Aguilar también fue denunciada por no otorgarle al BCCR el acceso a la información integral de todas las operaciones crediticias que los intermediarios supervisados le remiten (bancos, cooperativas, mutuales y financieras), incluido forzosamente el número de identificación (cédula física, jurídica o Dimex) de los deudores.
