Superintendenta: “Hay varias entidades financieras en este momento que tienen problemas de idoneidad”

Mucho ha cambiado en el sistema y en el país en tres décadas, durante las cuales esa entidad ha enfrentado varias pruebas de fuego, como las recientes resoluciones de Coopeservidores y Desyfin, que fueron intervenidas luego de presentar serios problemas de gobierno corporativo que las llevaron a pique.

Ante los desafíos actuales, la entidad demanda nuevas herramientas para fortalecer sus potestades de supervisión, especialmente cuando se detectan faltas de idoneidad en los órganos de dirección de las entidades reguladas.

Sobre esto conversamos con la superintendenta Hazel Valverde, jerarca de la entidad desde el pasado mes de febrero.

-¿Por qué es tan importante asegurar la idoneidad de los directivos en las entidades financieras?

El órgano de dirección o junta directiva tiene la obligación de determinar el rumbo estratégico de la entidad, pero además tiene un deber de vigilancia con respecto a la operación de intermediación financiera. Por eso es tan importante, porque ese órgano es responsable por los dineros del público.

Por eso ponemos tanto énfasis en que haya un órgano de dirección que tenga las personas correctas, y eso no quiere decir únicamente que hayan estudiado, sino que tengan el conocimiento, las competencias, la experiencia e incluso la voluntad y la asignación de tiempo adecuada para cumplir adecuadamente con su función.

Dada la relevancia de esa labor, los procesos de escogencia de las personas que van a los órganos de dirección son muy importantes. Necesitamos esa conciencia por parte de los propietarios de las entidades, o de quienes representan a los propietarios, para que comprendan la importancia de las personas que están poniendo en ese órgano de dirección y de la labor que ellas realizan.

- ¿Cuáles son las potestades que tiene la superintendencia para actuar cuando una persona en un órgano de dirección no cumple con los requisitos de idoneidad?

- A las propias entidades les corresponde hacer una autoevaluación de cómo está conformado el órgano de dirección, de manera individual y en su conjunto, y enviar un informe a la superintendencia. Nosotros hoy lo que podemos hacer es una valoración de la idoneidad del órgano de dirección.

Hay varias entidades financieras en este momento que tienen problemas de idoneidad, con informes emitidos por parte de la Superintendencia, y que están en diferentes estatus. Emitimos el informe, decimos que hay problemas, pero no podemos obligar a nadie a que haga los ajustes correspondientes, ya sea una entidad pública, privada, o una entidad creada por ley especial.

Cuando hacemos esa valoración informamos al órgano de dirección si hay un problema en la idoneidad, ya sea de miembros particulares o del órgano como un todo, y ellos tienen que ir a quienes los eligieron para comunicarles que hay un problema.

En el caso de los bancos estatales, nuestro aviso es a la junta directiva para que ellos comuniquen al Consejo de Gobierno que hay problemas de idoneidad y ese Consejo entonces tiene que actuar. Si fuera un banco privado, tendrían que ir a la asamblea de accionistas y decirles que hay un problema de idoneidad.

Si deciden no actuar, podríamos hacer una recomendación de destitución, pero esa recomendación pueden aceptarla o no aceptarla. Entonces, en la práctica, hasta ahí llegamos.

- ¿Cómo cambiarían esas potestades con el proyecto de ley que existe para que las recomendaciones de la Sugef sean vinculantes?

El proyecto 24256, para reformar la llamada Ley de resolución bancaria, busca hacer varios cambios que son importantes para mejorar la capacidad de la superintendencia de ejercer sus funciones. Uno de ellos es que podamos solicitar de manera vinculante el retiro de un miembro de un órgano de dirección o de la alta gerencia, cuando vemos que puede poner en peligro a la entidad financiera.

Eso es muy importante, es una potestad que existe en muchos países del mundo y es una mejor práctica a nivel internacional, que le permite al regulador hacer ajustes fuertes en el tiempo para evitar la caída de una entidad financiera.

Tenemos el caso de los dos procesos que se fueron para resolución, que tal vez, con una herramienta así, se hubiese podido hacer cosas distintas. Cuando usted ve una entidad que tiene problemas y recomienda que se hagan cambios, pero los cambios dependen de las mismas personas que causaron esos problemas, la cosa se complica un poco.

Cuando este proyecto de ley se presentó, surgió la preocupación de que la superintendencia pueda tomar decisiones arbitrarias, pero nosotros siempre tomamos las decisiones de manera fundamentada y con base en valoraciones técnicas. No es que yo pueda decidir que no me cae bien alguien y por eso lo voy a destituir, tiene que haber una decisión fundamentada.

-En los dos casos que usted menciona, tanto el de Desyfin como el de Coopeservidores, ¿se advirtió que existían problemas de gobernanza corporativa?

Sí, ahí se advirtieron problemas y se emitieron recomendaciones particulares también, pero, de nuevo, unas fueron acatadas a medias y otras no fueron acatadas del todo.

Uno va subiendo el grado de supervisión y llega a ese nivel donde se necesita hacer movimientos, pero hoy no tenemos esas herramientas cuando lo vemos de cara a los riesgos que se pueden generar a partir de personas no idóneas.

Cuando uno ve una entidad con problemas y sabe que la causa está relacionada con problemas de gobernanza, uno quisiera poder decir: “esta persona no puede estar más”, porque sabemos que está poniendo en peligro el dinero de los ahorrantes.

Ese botoncito que no podemos accionar nos puede jugar en contra de la situación de una entidad en cualquier momento. La supervisión prudencial actúa proactivamente, yo no espero a que haya problemas para hacer algo.

-Dentro de este proyecto de ley, ¿la propuesta es que la misma Superintendencia pueda remover directivos que no reúnan requisitos de idoneidad?

Lo que dice el texto original del proyecto es que, con una fundamentación técnica suficiente, la superintendencia le comunica a la entidad que debe remover a determinado director o gerente. Cuando surgió algún nivel de oposición fue por la preocupación de que eso lo pueda determinar solo la superintendencia, pero nosotros no tenemos problema en que esto sea una recomendación de la Sugef hacia el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y se lleve a un órgano colegiado donde exista una discusión más amplia para tomar la decisión.

Nuestro interés no está relacionado con el poder de la superintendencia, sino con la sostenibilidad de las entidades. Eso se había discutido con algunos legisladores, a pesar de que, a nivel internacional, normalmente es el superintendente el que emite directamente la resolución para remover a alguien.

Cuando hay una resolución de la Superintendencia no significa que es una decisión mía, es un criterio técnico de las áreas que sustentan todo y es una decisión que sale de la entidad.

-A pesar de su importancia, el proyecto de ley no ha avanzado y es difícil que lo haga pronto, dado que se aproximan las elecciones presidenciales. ¿Tiene la expectativa de que se apruebe en un corto plazo o existe un plan B?

Sí, la verdad es que no hemos tenido eco suficiente en la Asamblea Legislativa con respecto a este proyecto, que se presentó en 2023.

Yo puedo comprender que la complejidad de los temas del sistema financiero a veces hace más difícil que las iniciativas de este tipo se muevan en la Asamblea Legislativa. Con la situación de Coopeservidores y Desyfin pensamos que íbamos a encontrar un terreno más fértil para este tipo de discusiones, porque ahora teníamos una experiencia práctica, pero la verdad no ha sido de esa forma.

Nosotros no decimos que el proyecto que se presentó es perfecto, hay cosas que se pueden ajustar, pero esa discusión no se ha dado y eso es lo preocupante.

Desde nuestras posibilidades, vamos a seguir impulsando el proyecto cuando llegue la nueva legislatura y, si no, buscaremos presentar un nuevo proyecto de ley con estos temas que son relevantes.

La Asamblea Legislativa es la que tiene la posibilidad de hacer los cambios. Desgraciadamente no hay nada que nosotros, desde el punto de vista de la supervisión, podamos cambiar en este momento para lograr mejores controles en la gestión de la gobernanza. Utilizamos todas las herramientas que tenemos, pero esas herramientas son insuficientes en estos casos.

-Después de haber pasado por casos como los de Desyfin y Coopeservidores, ¿cuáles deberían ser las lecciones aprendidas por el país en términos de la importancia de la gobernanza corporativa y la idoneidad de los directivos?

Lo primero es que el país necesita tomar conciencia de que el tema de gobernanza corporativa no es un capricho ni es un interés particular de los reguladores, sino que es clave para asegurar la permanencia de las entidades financieras.

Lo segundo, después de tomar conciencia, es tomar acción, y entonces deberíamos modificar la ley para que nos permita asegurar esa adecuada gobernanza.

Eso quiere decir darle a los supervisores los mecanismos suficientes para ejercer sus potestades y asegurar que no se den casos donde podamos poner en riesgo el ahorro de las personas.

Las entidades necesitan un órgano de dirección que tenga la capacidad de cuestionar las decisiones de la administración, que tenga la capacidad de escuchar a la auditoría interna y de entender lo que le está diciendo. Si uno no tiene el conocimiento, no puede hacer eso, entonces no hay pesos y contrapesos dentro de la organización y los desbalances nos llevan a problemas en las entidades.

Ese adecuado balance de los pesos y los contrapesos dentro de una organización, así como dentro de un país, son necesarios para la sostenibilidad.

Cuando el órgano de dirección no tiene a personas con los conocimientos y la experiencia necesaria para poder cuestionar las decisiones de la administración, termina siendo un órgano secuestrado.