El nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles en Consejo de Gobierno que viene un nuevo plan fiscal, tras analizar las peticiones del último informe del Fondo Monetario Internacional.
En dicho documento, se plantea claramente que hay que aumentar la carga tributaria, esto debido a la caída en los últimos años.
Entre las acciones requeridas, se solicita ponerle impuestos al salario escolar y a la canasta básica, así como realizar varios cambios en la renta que pagan hoy las empresas y las personas.
Y es que no solo preocupa la baja en la recaudación, sino también el incremento que ha tenido la deuda.
En el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda, correspondiente al periodo 2026-2030, se estima que la deuda alcanzaría 62,24% del PIB en 2026 y continuaría en aumento hasta situarse en un 67,20% en 2031.
Presentación del plan de contingencia
Al respecto, Chaves indicó que el plan de contingencia fiscal será presentado en las próximas semanas a la presidenta Laura Fernández y al Consejo de Gobierno.
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“Yo no quisiera dar en este momento ningún avance hasta que doña Laura apruebe el plan de contingencia o el plan fiscal de corto, mediano y largo plazo, en frente del resto de mis colegas de gabinete y doña Laura, que es Consejo Ampliado y los presidentes ejecutivos. Cuando ella me dé el visto bueno, yo podré elaborar o ella misma podrá hacer la presentación”, aseguró Chaves.
Además, afirmó que “la economía de Costa Rica es sólida, es una de las pocas economías del mundo que merece acceder a esa línea contingente de financiamiento del Fondo Monetario Internacional que le permite establecer compensadores ante el riesgo o los riesgos que existen en la economía mundial”.
Riesgos globales y recaudación
Cabe destacar que la nueva reforma fiscal surgiría en un momento en que la economía internacional enfrenta riesgos, tales como los conflictos geopolíticos, fenómenos climáticos como El Niño y posibles amenazas sanitarias globales.
Asimismo, Chaves reconoció que la apreciación del colón frente al dólar ha tenido efectos sobre la recaudación, particularmente en el sector financiero.
No obstante, subrayó: “La economía de Costa Rica es mucho más resiliente que lo que fue en el 2022. Tenemos colchones de protección y estamos mejor que la mayoría de los países para enfrentar cualquiera de esos riesgos”.
¿Qué propone el FMI?
En su último informe, el FMI sostiene que Costa Rica cuenta con más de 400 gastos tributarios, entre exenciones, reducciones y beneficios fiscales, una cifra que duplica el promedio observado en América Latina y en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
De hecho, estas exoneraciones representaron una renuncia fiscal equivalente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2024.
Ante este panorama, el organismo considera que el país debe ampliar la base tributaria y eliminar beneficios que considera excesivos o poco focalizados.
Entre las principales medidas sugeridas, destaca la aplicación de la tarifa general del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica, eliminando la tarifa reducida vigente.
Según el FMI, esta medida permitiría generar ingresos equivalentes al 1% del PIB.
De igual manera, recomienda eliminar exenciones del IVA que actualmente benefician actividades y productos específicos, como boletos aéreos, equipos médicos, premios de lotería, productos forestales y madereros, así como el alquiler de vehículos.
Estas modificaciones aportarían aproximadamente un 0,2% adicional del PIB.
El organismo reconoce que gravar la canasta básica tendría efectos sobre los hogares más vulnerables, por lo cual plantea complementar cualquier reforma con mayores transferencias sociales para compensar el impacto sobre las familias de menores ingresos.
Cambios en renta y salario escolar
En materia de impuesto sobre la renta, el FMI propone establecer una tarifa única para las empresas, acompañada de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
Aunado a esto, recomienda reducir los montos exentos para los trabajadores asalariados y elevar la tasa marginal para las personas de mayores ingresos.
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En consecuencia, estas modificaciones generarían ingresos adicionales equivalentes a un 0,1% del PIB en cada caso.
Por otro lado, el informe también plantea que los bonos salariales y el salario escolar que reciben los funcionarios públicos pasen a formar parte de la base imponible del impuesto sobre la renta.
De acuerdo con las estimaciones del organismo, esta medida podría representar ingresos cercanos al 0,3% del PIB.
El Gobierno no adelanta decisiones
Pese a la amplitud de las recomendaciones planteadas por el FMI, Chaves insistió en que el Gobierno aún no ha tomado ninguna decisión explícita sobre los posibles aumentos de impuestos o eliminación de exoneraciones.
Por lo tanto, la propuesta fiscal será discutida en las próximas semanas y podría marcar el inicio de un nuevo debate sobre la estructura tributaria costarricense, en momentos en que el país busca consolidar la reducción de la deuda pública sin comprometer el financiamiento de programas sociales, infraestructura, educación y seguridad.
Antecedentes: La última reforma tributaria
A modo de contexto, cabe recordar que la última reforma tributaria se aprobó en la administración de Carlos Alvarado Quesada, conocida como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635.
Su principal cambio fue la sustitución del Impuesto General sobre las Ventas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que amplió la base tributaria al gravar no solo bienes, sino también una amplia gama de servicios que anteriormente estaban exentos.
De igual forma, creó por primera vez un impuesto sobre las ganancias y rentas de capital, estableció nuevas reglas para el impuesto sobre las utilidades de las empresas y fortaleció las herramientas de la administración tributaria para combatir la evasión y la elusión fiscal.
Finalmente, en materia de gasto, la reforma introdujo la regla fiscal, un mecanismo que limita el crecimiento del gasto corriente del Gobierno en función de la situación de la deuda pública y del desempeño de la economía.
Adicionalmente, estableció controles sobre los salarios del sector público, reguló incentivos como las anualidades y la dedicación exclusiva, y modificó diversos pluses salariales con el fin de contener el crecimiento de la masa salarial estatal.
