Las tensiones comerciales globales rara vez se resuelven en tribunales. Sin embargo, cuando ocurre, sus efectos suelen extenderse más allá de las fronteras donde se originan.
Durante los últimos años, empresas exportadoras, gobiernos y mercados financieros han operado bajo un entorno marcado por decisiones unilaterales en política comercial estadounidense.
Ese contexto redefinió cadenas de suministro, elevó costos logísticos y obligó a múltiples economías —incluidas las latinoamericanas— a ajustar estrategias de acceso al mercado norteamericano.
El equilibrio comenzó a cambiar este viernes, cuando una resolución judicial en Washington introdujo un nuevo elemento de incertidumbre sobre el futuro de esas medidas.
La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el presidente Donald Trump excedió su autoridad legal al imponer una serie de aranceles comerciales globales, al considerar que la legislación utilizada no habilita ese tipo de gravámenes.
Según informó AFP, el tribunal —de mayoría conservadora— resolvió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.
La sentencia bloquea una de las herramientas centrales utilizadas por la administración estadounidense para aplicar presión económica y diplomática sobre socios comerciales.
El fallo elimina parte del “sustento jurídico” que permitió imponer gravámenes amplios a importaciones bajo argumentos de emergencia nacional, política que había alterado flujos comerciales globales.
La decisión judicial invalida los aranceles más emblemáticos impulsados durante el actual mandato presidencial y abre interrogantes sobre acuerdos comerciales negociados bajo ese esquema.
El máximo tribunal sostuvo que la legislación invocada por la Casa Blanca permite restricciones económicas en situaciones excepcionales, pero no la aplicación generalizada de tarifas comerciales, un punto central del litigio.
La resolución podría desencadenar revisiones legales adicionales y reclamos empresariales relacionados con costos asumidos durante la vigencia de los aranceles.
Ahora, el fallo introduce un período de transición regulatoria mientras se define si el Ejecutivo utilizará otras herramientas comerciales disponibles.
Impacto para Costa Rica
Para economías como la costarricense, el fallo tiene implicaciones indirectas pero relevantes debido a la alta dependencia del mercado estadounidense.
Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Costa Rica, destino de más del 45% de sus exportaciones, especialmente dispositivos médicos, manufactura avanzada y productos agrícolas.
Las políticas arancelarias estadounidenses generaron incertidumbre entre exportadores regionales ante posibles aumentos de costos o cambios en condiciones de acceso al mercado.
La anulación parcial de esas medidas reduce temporalmente el riesgo de nuevas tarifas amplias que pudieran afectar cadenas productivas vinculadas a América Latina.
Los episodios de tensión comercial en EE. UU. impactan decisiones de inversión extranjera directa (IED) y planificación exportadora nacional, debido a la integración industrial entre ambos mercados.
Un entorno comercial más predecible tiende a favorecer operaciones instaladas en zonas francas, muchas de las cuales exportan directamente hacia territorio estadounidense.
Sin embargo, el fallo también podría provocar respuestas políticas o nuevas estrategias arancelarias mediante otras leyes comerciales.
Eso implica que, aunque el riesgo inmediato disminuye, la incertidumbre regulatoria no desaparece completamente para países exportadores como Costa Rica.
Empresas vinculadas a manufactura médica, tecnología y servicios corporativos deben esperar cualquier cambio en reglas comerciales estadounidenses debido a su impacto en costos de operación y competitividad regional.
Las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) ya anticipaban un impacto significativo. Los regímenes especiales, que incluyen las zonas francas, pasarían de crecer 12,8% en 2025 a solo 4,9% en 2026. Esta desaceleración obedecía directamente al efecto de los aranceles estadounidenses .
El sector de dispositivos médicos, principal producto de exportación nacional, enfrenta una desventaja competitiva. Mientras competidores como México, Irlanda o Alemania tenían un arancel promedio de 7,1%, Costa Rica pagaba 15%. Esta diferencia de 7,9 puntos porcentuales ponía en riesgo un sector que representa el 56% de las exportaciones a EE.UU.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyectó una desaceleración gradual del crecimiento costarricense: del 4,2% en 2025 al 3,5% en 2026 y 3,4% en 2027.
El organismo advirtió además sobre una investigación que podría imponer aranceles adicionales a dispositivos médicos para la primavera de 2026. Con el fallo de este viernes, productos clave como dispositivos médicos, piña, banano e instrumentos de ortopedia recuperan su competitividad en el mercado estadounidense.
Las exportaciones de bienes a EE.UU. alcanzaron los $9.401 millones en 2024, equivalentes al 47,2% del total exportado por Costa Rica.
Según el medio Bloomberg, la Corte concluyó que, en casi cinco décadas desde su creación, ningún presidente había utilizado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles. Este argumento fue clave en la decisión, pues cuando el Congreso ha delegado facultades arancelarias, lo ha hecho con límites y procedimientos claros.
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) indicó que, tras la resolución judicial estadounidense, las exportaciones nacionales continuarán operando bajo las condiciones comerciales vigentes. En un comunicado, la institución señaló:
“Una vez que las autoridades estadounidenses implementen las instrucciones operativas correspondientes, la oferta exportable costarricense continuará rigiéndose por las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR)”.
La entidad añadió que el Gobierno mantendrá vigilancia sobre cualquier ajuste derivado del fallo y sus eventuales efectos comerciales. Según el comunicado, continuarán “monitoreando la evolución de esta situación (…) y notificará de forma inmediata a los exportadores y a la opinión pública sobre cualquier disposición que emane de la administración estadounidense”.
Asimismo, el Ministerio afirmó que continuará el diálogo bilateral con Washington en materia comercial, destacando que Costa Rica busca “impulsar un comercio bilateral libre y comprensivo que beneficie a ambas naciones”, al tiempo que reafirma su posición como socio estratégico y proveedor confiable dentro de las cadenas de suministro hacia Estados Unidos.
