El freno de las obras en el Polo Turístico del Golfo de Papagayo, a raíz de recientes acciones judiciales, reabrió el debate sobre qué pasará con ese lugar de aquí a 25 años.
El conglomerado turístico podría convertirse en uno de los principales destinos de lujo del mundo o ver afectado el modelo de desarrollo impulsado desde hace más de cinco décadas.
Mientras que los empresarios, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y los hoteleros proyectan inversiones por $3.000 millones y un destino de alto valor agregado, ambientalistas advierten que el crecimiento no puede darse a costa del bosque tropical seco y otros ecosistemas protegidos.
Las resoluciones que adopten los tribunales podrían marcar el rumbo del proyecto durante las próximas décadas.
La iniciativa del Polo Turístico Golfo de Papagayo permite utilizar terrenos propiedad del Estado otorgados en concesión a inversionistas privados para generar desarrollo. Su marco legal, establecido mediante la Ley 6370, buscó atraer inversión nacional y extranjera para impulsar el desarrollo de Guanacaste bajo un esquema de planificación territorial.
El lugar tiene condiciones de construcción muy específicas: en general solo se puede edificar hasta un 30% del área concesionada y la densidad máxima es de 20 habitaciones por hectárea, con edificios de hasta tres pisos y alrededor de 14 metros de altura.
Actualmente, en el proyecto, existen hoteles de alto renombre internacional como el Four Seasons, el Nekajui Ritz-Carlton Reserve y el Andaz.
El conflicto actual
A la fecha, una serie de obras se ha paralizado, ya que se interpuso una medida cautelar que frenó la tala de cientos de árboles en Playa Panamá, Guanacaste, por parte de la Fiscalía Adjunta Agraria Ambiental, el pasado 23 de junio de 2026.
Además, una acción de inconstitucionalidad en estudio cuestiona las condiciones que definen el desarrollo en Papagayo, definidas sin estudios previos.
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Esto ha llenado de preocupación a los concesionarios y a los representantes de la Cámara de Hoteles de Costa Rica, quienes han insistido en que podría afectar la percepción de Costa Rica como un destino seguro para la inversión.
Las críticas ambientales
Para el ambientalista y representante de la Asociación Confraternidad Guanacasteca, Gad Amit Kaufman, “este proyecto debe replantearse” porque se convirtió más en un polo urbanístico que en uno de desarrollo y en la práctica se compran y se venden terrenos propiedad del Estado, lo cual calificó como “corrupción”.
Agregó que “existen contratos que se han cambiado hasta 20 veces a gusto del concesionario y el ICT funciona para beneficiar a un grupo de amigos, que están absolutamente subvencionados”.
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Por su parte, Álvaro Sagot, abogado ambientalista, dijo que si las cosas siguen tal y como están, de aquí a 25 años los bosques se verán irrespetados, lo cual le preocupa mucho, sobre todo por el cambio climático.
Agregó que incluso entre los árboles que se querían talar en Playa Panamá se encontraban 32 especies del bosque tropical seco. “Lo que nosotros queremos es que se respete la Ley Forestal, que dice muy claro que entre tanto haya bosque no se puede talar”, aseguró.
En la acción de inconstitucionalidad del activista y dirigente sindical Sergio Ortiz, que derivó en las medidas cautelares, se sostuvo que el debate no se limita a determinar si existe un bosque, sino a establecer si el Estado actuó con la debida precaución antes de autorizar la tala.
La visión de los concesionarios y el ICT
Rodrigo Castro, presidente ejecutivo de Asopapagayo, aseguró que el conflicto surge por un desconocimiento profundo del modelo de Papagayo, que es único y se diferencia de cualquier otro proyecto turístico que exista en Costa Rica e incluso de cualquier plan regulador.
“Es un proyecto planificado hace más de 50 años desde cero. Ese aspecto es fundamental porque significa que la regulación del territorio fue lo primero y se construyó un plan maestro de desarrollo sostenible. Este desarrollo es importantísimo para el país y para Guanacaste, pero con una bajísima densidad y que no puede expandirse más allá del territorio definido por la ley”, explicó.
“Ahora bien, cuando usted me pregunta por los próximos 25 años, le digo: ¿qué pasaría con Guanacaste sin turismo? Cada dólar se reparte por todo el país", dijo el líder de los concesionarios.
Castro aseguró que en el proyecto faltan por invertir $3.000 millones. Se agregarían 2.500 habitaciones y cumpliría la normativa: no más de 20 habitaciones por hectárea, una altura máxima de 14 metros, la obligación de que cada proyecto cuente con su planta de tratamiento de aguas y una regulación sobre las paletas de colores y los materiales.
Agregó que “se requiere una definición clara a futuro porque acciones legales como las anteriores afectan el empleo, el desarrollo, y, sobre todo, la imagen del país en materia de seguridad jurídica”.
Un detalle que quiso aclarar fue que el proyecto de Papagayo comprende aproximadamente 1.650 hectáreas y excluye los manglares, los bosques, las reservas y la vialidad.
“Eso deja aproximadamente 900 hectáreas para el desarrollo y, de ellas, solo el 30% son desarrollables; es decir, más o menos 300 hectáreas”, aseguró.
El directivo explicó que el Polo Turístico Golfo de Papagayo genera actualmente unos 5.000 empleos directos y cerca de 13.000 encadenamientos productivos que benefician a pescadores, agricultores, transportistas, guías turísticos y pequeños empresarios vinculados a la actividad turística.
“Nosotros no estamos diciendo que el modelo de Papagayo no pueda modificarse, incluso anteriormente ya se han hecho cambios. Lo que pasa es que lo que se quiere cambiar se haga bajo un proceso técnico y científico que justifique estas acciones,” dijo.
Henry Wong, director del Polo Turístico Papagayo, aseguró que espera que dentro de 25 años el destino haya alcanzado la madurez como uno de los grandes referentes mundiales del turismo sostenible de alto valor agregado.
“Un destino donde la inversión privada, la infraestructura pública, la conservación de la naturaleza y el desarrollo de las comunidades funcionen como un solo ecosistema de crecimiento,” destacó.
Agregó que en los próximos 25 años se espera consolidar el Polo Turístico Golfo de Papagayo como un destino premium de nueva generación, donde el crecimiento no se mida únicamente por el número de habitaciones o visitantes, sino por indicadores de generación de empleo, valor agregado local, protección de ecosistemas naturales, innovación, bienestar social y encadenamientos productivos.
Agregó que espera que las diferencias actuales se resuelvan, ya que el impacto económico no es únicamente el de las inversiones que hoy se encuentran ralentizadas o en espera.
“El verdadero costo está en las oportunidades que Guanacaste está dejando de capturar mientras persista un escenario de incertidumbre jurídica”, destacó.
Visión de hoteleros para el futuro
Arnoldo Beeche, presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, mencionó que su preocupación va más allá de Papagayo: es un tema de seguridad jurídica.
Afirmó que el modelo de desarrollo impulsado en Papagayo durante las últimas décadas ha contribuido a atraer inversión nacional y extranjera, a generar miles de empleos y a dinamizar actividades como el turismo, el comercio, el transporte, la agricultura, la pesca y los servicios en las comunidades cercanas.
No obstante, señaló que el futuro del proyecto dependerá de que el país garantice reglas claras para los inversionistas sin renunciar a la posibilidad de revisar y mejorar el modelo cuando sea necesario.
“Si queremos ver más desarrollo de aquí a 25 años deben existir reglas claras y certeza jurídica. El país tiene la capacidad para revisar, mejorar y ajustar proyectos mediante procesos técnicos, razonables y proporcionales, sin poner en entredicho iniciativas que han aportado desarrollo a regiones enteras“, manifestó.
Así, el futuro de Papagayo dependerá de cómo el país resuelva ahora la tensión que tiene entre seguridad jurídica y protección ambiental, y de la velocidad con que se resuelvan los procesos judiciales y administrativos.
