Empresas como Uber y Airbnb son las más conocidas hasta ahora, pero muchas otras iniciativas similares surgen constantemente en distintas áreas de negocio, facilitadas por los avances tecnológicos y la generalización del acceso a Internet. Estas nuevas realidades deberían llevarnos a replantear el sistema de pensiones en varias vías.

Lo primero es evitar las soluciones fáciles, que le permiten a las autoridades ganar tiempo sin entrarle a los problemas de fondo. A solicitud del presidente Alvarado, actualmente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trabaja en una propuesta para replantear el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Se habla de medidas “emergentes” o “creativas”, como generar recursos frescos mediante la titularización de ingresos de obra pública o de los peajes de la ruta 32.

LEA MÁS: Trabajadores en negocios colaborativos permanecen en la sombra del sistema de pensiones

Sin embargo, los expertos coinciden en que para enfrentar en serio los problemas del IVM hay que entrarle a sus variables fundamentales: el monto de las cotizaciones, la edad de retiro y el nivel de beneficios. Generar nuevos ingresos, mejorar los rendimientos de las inversiones y reducir los costos administrativos son medidas que pueden ayudar, pero no son una solución.

Los regímenes básicos del Magisterio y del Poder Judicial también han sido considerados como insostenibles desde el punto de vista financiero, con el agravante de que sus niveles de beneficios son mucho más altos que los del IVM. La reforma reciente al régimen del Poder Judicial mejora la situación, pero enfrenta retos legales y no garantiza del todo su sostenibilidad futura.

Un segundo aspecto es reconocer y abordar el tema de la informalidad de la fuerza laboral, que ahora se ensancha con los trabajadores de la economía colaborativa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la informalidad en Costa Rica alcanza alrededor del 46% de la fuerza laboral, lo que significa más de un millón de trabajadores informales. Esos trabajadores no cotizan a la CCSS y no tienen capacidad de ahorrar en otros esquemas como fondos voluntarios de pensión.

El ROP

“El modelo actual lo que hace es recargar la informalidad”, comenta uno de los expertos, Rodrigo Arias, actuario de la Universidad de Costa Rica. Del más de un millón de personas que hoy no cotizan para la CCSS, la mitad de ellos son trabajadores independientes. En contraste, la CCSS reportaba apenas 209.197 trabajadores independientes a junio de 2018.

Abordar la informalidad, que impacta fuertemente el tema de pensiones, es urgente. Entre los temas por analizar, sin que sea una lista exhaustiva, cabe mencionar los siguientes: el exceso de trámites que implica formalizarse ante la CCSS; la rigidez en el cómputo de las cuotas, basado exclusivamente en cotizaciones mensuales; las bases mínimas contributivas que ha establecido la CCSS y que desestimulan la formalización de trabajadores a tiempo parcial; la posibilidad de establecer tasas diferenciadas para pequeñas y medianas empresas; la posibilidad de trasladar al Presupuesto Nacional, conforme mejore la situación fiscal, el financiamiento de algunas de las cargas sociales que no se destinan a fines propiamente de seguridad social, como lo ha sugerido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esos temas deberían estudiarse a corto plazo como parte de la agenda de reformas al IVM, con el objetivo de buscar más inclusión, más equidad y garantizar a largo plazo la sostenibilidad del régimen.

LEA MÁS: Las siete acciones que debe ejecutar para ordenar sus finanzas si trabaja por su cuenta

En tercer lugar, como lo hemos resaltado en editoriales anteriores, desde el 2001 con la Ley de Protección al Trabajador Costa Rica abrió el camino de las cuentas individuales de pensión complementaria, que ha sido exitoso y debe fortalecerse. El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), con la eventual adición de fondos voluntarios según las posibilidades de cada trabajador, es un complemento necesario para garantizar una vejez digna a los cotizantes de los regímenes básicos, particularmente los del IVM.

En tal sentido, la idea que sigue circulando en algunos sectores en la Asamblea Legislativa, de permitirle por ley a los cotizantes del ROP retirar la totalidad de su ahorro para pensión en el momento en que alcancen la edad de retiro, debería descartarse. Más bien deberían buscarse formas de fortalecer el ROP, como trasladarle recursos adicionales del Fondo de Capitalización Laboral, y ampliar su cobertura permitiendo la incorporación de trabajadores independientes.

Los retos en materia de pensiones son múltiples, debido al fin del bono demográfico. La gran informalidad en el mercado laboral y las formas cada vez más comunes de economía colaborativa, aumentan la presión. Del Gobierno y las autoridades de la CCSS esperamos propuestas serias y de fondo, no parches para salir del paso.