Inexplicable y lamentablemente, ocho informes rigurosos, contundentes y públicos de Estado de la Educación, no se han traducido en reformas ni en políticas públicas consonantes.
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El activo más importante de Costa Rica es su gente. Lo prueban las decisiones pioneras tomadas por costarricenses visionarios que desde finales del siglo XIX pusieron al país en posición de avanzada con respecto al resto de América Latina y de países en desarrollo: la abolición de la pena de muerte, la educación gratuita y obligatoria, la electrificación de San José, la fundación del Patronato Nacional de la Infancia, la reforma social que creó la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, el Código de trabajo y las garantías sociales a nivel constitucional; la Orquesta Sinfónica, el solidarismo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la abolición del ejército, la banca de desarrollo, el ICE y el AyA; la alta alfabetización y baja mortalidad infantil; el sistema de parques nacionales, la protección de la biodiversidad, la Sala Constitucional... En fin, una historia de éxito.
Durante la mayor parte de nuestros 200 años de vida independiente, Costa Rica invirtió con arrojo en su gente. Fomentó la formación de una clase media amplia, educada, con altos índices de desarrollo humano, de paz social y de bienestar. Adoptó un modelo de desarrollo centrado en las personas y en un contrato social resguardado por una sólida institucionalidad democrática. La competitividad del país llegó a depender, fundamentalmente, de la formación y la calidad de las personas, del capital humano. Congruentes con ese derrotero, decidimos invertir una parte sustancial —8% del Producto Interno Bruto— de nuestros modestos recursos en la educación pública.
Sin embargo, por diversos motivos, la alta inversión no ha sido suficiente para que la educación sea de calidad, oportuna, pertinente ni innovadora. Desde 2005, el Informe del Estado de la Educación ha señalado los aciertos de la educación pública, como la reforma curricular y los esfuerzos para reducir la exclusión educativa; pero también ha hecho diagnósticos exhaustivos de las falencias y en especial del deterioro y la inercia que se instalaron en el sistema desde hace varias administraciones; y también ha ofrecido soluciones y ha señalado rutas correctivas. Ocho informes rigurosos, contundentes y públicos, que inexplicable y lamentablemente no se han traducido en reformas ni en políticas públicas consonantes.
Como corolario, tras dos años de interrupciones de clases por huelgas, en 2020 llegó la pandemia por covid-19. Enfrentar ese enorme desafío le correspondió a un gobierno debilitado que priorizó todo menos la salvaguarda del derecho humano a la educación. Superada la pandemia, un nuevo gobierno tiene la oportunidad de desplegar acciones robustas para cerrar las brechas de aprendizaje y la obligación de volver a poner a la persona —a cada costarricense— y en particular a cada estudiante, en el centro de sus políticas y de sus decisiones.
Hay mucho por hacer: asegurar la inversión estratégica de los recursos, reestructurar y hacer eficiente la gobernanza, la organización y la gestión del eje central y de sus partes, mejorar la infraestructura y la calidad de la oferta educativa, entre otras tareas necesarias. Pero debemos priorizar. Isabel Román, Coordinadora de Investigación del Estado de la Educación, hace poco señaló en un artículo en La Nación seis medidas sustantivas para salir del apagón: evaluar los aprendizajes para nivelarlos, conectar la red educativa con banda ancha, pruebas de idoneidad y programas de inducción para docentes y directores nuevos; formación inicial de calidad y capacitación continua y reglamentada, inversión en educación sostenida y eficiente, y sistemas de información eficaces para la toma de decisiones.
Esta lista no agota todas las acciones que son necesarias, pero señala prioridades estratégicas que, además, concuerdan en buena medida con el marco RAPID —por sus siglas en inglés— que sugieren el Banco Mundial y otros organismos mundiales para contrarrestar los efectos de los prolongados cierres de aulas. Este marco insta a los gobiernos a realizar 6 intervenciones para acelerar la recuperación de aprendizajes, el avance de cada estudiante en su formación y su bienestar integral:
Realizar evaluaciones regulares de los niveles de aprendizaje
Acercarse y mantener en la escuela a todos los menores
Priorizar la enseñanza de los conocimientos básicos
Incrementar la eficiencia de la educación, por ejemplo, mediante programas de recuperación de aprendizajes
Desarrollar la salud y el bienestar psicosociales
Sobre los hombros del Ministerio de Educación Pública descansa hoy, más que nunca, el futuro de más de un millón de personas estudiantes y, por consiguiente, el destino de nuestro modelo de desarrollo, del crecimiento de la economía, de la competitividad, de la paz y de la democracia.
Los planes futuristas y ambiciosos son importantes y necesarios, pero no pueden preceder ni suplantar lo urgente y lo indispensable.
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