Editorial: Retos económicos del Gobierno en 2023

Este desalineamiento de la inflación con respecto al rango meta del Banco Central de Costa Rica (BCCR) provocó igualmente inusitados incrementos en la tasa de política monetaria con el fin de reducir la cantidad de dinero circulante en la economía. Además, el BCCR favoreció una fuerte apreciación del colón, que en los últimos seis meses supera un 15%, con la esperanza de controlar el crecimiento de los precios de los bienes transables, a pesar del desequilibrio que ello provoca sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Como punto de partida, debemos mencionar que el sendero de crecimiento del país previo a la pandemia ya era mediocre. De hecho, este crecimiento es insuficiente para generar los trabajos que reduzcan de manera razonable una de las tasas de desempleo más altas de América Latina y de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

A esto hay que sumarle que una consecuencia de ambas políticas perseguidas por el Central –aumento de tasas de interés y apreciación del colón– representa un enfriamiento de la economía, en especial de los sectores destinados al consumo de la producción local. Estos efectos ya se han empezado a materializar, pues la producción destinada al consumo local prácticamente está estancada, lo cual provoca una dualidad entre actividades destinadas al sector exportador y aquellas dedicadas a la atención del mercado local.

Sin embargo, también se está generando una distorsión en el sector de productores nacionales de exportaciones y los prestadores de servicios de turismo. Ellos han visto perder su competitividad por la alta apreciación del colón, la cual no es el resultado de una mejora en la productividad del país, sino la consecuencia de una política deliberada del BCCR y del Gobierno por incentivar el ahorro en colones, tanto de inversionistas locales como extranjeros. Mientras estas políticas no cambien, se continuará en un círculo vicioso en donde la mayor apreciación del colón y las altas tasas de interés atraen mayores capitales del exterior, con el daño colateral sobre el crecimiento económico y el empleo, aspectos que no deben relegarse a un segundo plano dentro del diseño de política económica.

Por tanto, el mayor reto económico para el 2023 consiste en articular un programa de promoción del crecimiento económico retomando los procesos de reforma que han permanecido en el tintero desde hace más de una década. Este programa debe contener al menos dos componentes. En primer lugar, debe establecerse un plan agresivo para eliminar las trabas que impiden mejorar la productividad en el país. Ello abarca aspectos en áreas tan diversas como una mejor seguridad ciudadana, la revisión de las cargas vinculadas a la contratación de trabajadores, la desregulación de las actividades productivas, el reinicio de las obras de infraestructura pública, las cuales están prácticamente detenidas, y aspectos de mayor plazo como la recuperación de la calidad de la educación pública debido al apagón sufrido en el último lustro.

En segundo lugar, se debe retomar el tema de la transformación del sector público mediante reformas que también aumenten su productividad y controlen el crecimiento del gasto. No se pueden negar los esfuerzos que el Ministerio de Hacienda viene haciendo por mejorar la recaudación y por aplicar la regla fiscal. Sin embargo, esto esfuerzos son insuficientes para que la dinámica de la deuda pública deje de ser explosiva y el país recupere el grado de inversión. Mientras ello no ocurra, el país seguirá pagando un premio de riesgo importante por el endeudamiento público y privado; ello también es un desaliento al consumo local y a la inversión. El reto consiste en entrarle de lleno a una reforma del sector público de la que mucho se ha hablado pero poco se ha hecho. A menos de que se logren equilibrar las finanzas públicas y se consiga alcanzar un superávit primario significativo, será muy difícil cumplir con las funciones del Estado para mejorar la productividad del país. Por el contrario, sin las reformas necesarias, la calidad y efectividad del gasto público para lograr las metas del Estado estarán cada vez más comprometidas.