EscucharEn las últimas semanas tres hechos han trastocado en forma severa la política fiscal del país: la noticia de que el déficit fiscal del Gobierno Central en 2019 fue del 7% del PIB, la reducción de la calificación de riesgo de nuestra deuda soberana y las nuevas medidas fiscales anunciadas por el Ministro de Hacienda.
En diciembre el ministro de Hacienda tomó la decisión de aumentar el déficit o no tuvo la fuerza para impedir su aumento. Según la programación macroeconómica publicada en julio, el déficit financiero del Gobierno Central durante 2019 sería del 6,3% del PIB. Sin embargo, en forma sorpresiva saltó al 7%. Decimos que el resultado fue una sorpresa, porque en ningún momento el Ministerio de Hacienda avisó que tendría una desviación en sus cuentas fiscales.
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La desviación se gestó hacia el final del año pasado. Las cifras de déficit acumuladas desde enero a octubre no eran radicalmente diferentes a las del año anterior. El “guamazo” –para usar el mismo término usado por don Rodrigo Chaves— tuvo lugar en alguna medida en noviembre y especialmente en diciembre.
La sorpresa fiscal no ocurrió por una inesperada reducción de los ingresos. Por el contrario, fue el resultado de un aumento inesperado de los gastos y, especialmente, en los gastos de transferencias corrientes y gastos de capital.
El jerarca de Hacienda ha justificado el aumento del déficit fiscal con la enumeración de un conjunto de gastos realizados por una única vez o por tratarse de gastos de capital. Sin embargo, en algunos de estos gastos existía al menos la posibilidad de posponerlos para el 2020 y los gastos en infraestructura por más valiosos que sean tienen un impacto en las finanzas públicas.
En conclusión, creemos que el Ministerio de Hacienda cometió en diciembre pasado un grave error al permitir que el déficit fiscal llegara al 7% del PIB. El resultado de este error se notó en unas pocas semanas: una de las calificadoras de riesgo redujo la calificación de la deuda soberana costarricense. Con esto hay un retroceso en los avances realizados para recuperar la confianza desde la aprobación de la reforma fiscal. Ahora habrá que empezar de nuevo.
Apoyo claro
El lunes de la semana pasada, el ministro Chaves compareció en el plenario de la Asamblea Legislativa y anunció un conjunto de nuevas acciones para disminuir el déficit fiscal: reducción de la evasión fiscal por un monto equivalente al 6,25% del PIB en el período 2020-2023, reducción del gasto público en un 1% al año mediante la mayor eficiencia administrativa y una nueva ley de empleo público, un ahorro anual del 0,22 del PIB en el pago de intereses mediante la sustitución de deuda cara por deuda barata y una reducción en el saldo de la deuda en un 2,35 del PIB mediante el uso de los superávits de las instituciones autónomas y la privatización de Bicsa.
¿Cómo evaluamos este paquete de medidas fiscales? Estas acciones deben ser apoyadas en forma clara. Se trata de lograr eficiencia en la recaudación de impuestos y en materia de gasto. Solo alguien muy mezquino le negaría el apoyo a estas propuestas.
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Sin embargo, así como aplaudimos la dirección de las medidas en forma entusiasta, debemos mencionar las limitaciones de lo planteado por el señor Ministro. Primero, estamos muy lejos de tener un plan evaluable, porque en el caso de los elementos con mayor contribución a la reducción del déficit, lucha contra la evasión y reducción del gasto, son simples “metas” o buenas intenciones. Difícilmente, con lo planteado hasta ahora por el jerarca, se puede convencer al Fondo Monetario Internacional, a las calificadoras de riesgo y a los inversionistas de que ahora sí se va a reducir el déficit fiscal.
Segundo, nos gusta el planteamiento de mediano plazo propuesto por don Rodrigo Chaves. Sin embargo, hay una urgencia: cómo reducir el déficit en 2020 para evitar otro 7%. Esto no lo vemos claro. Nos parece que los números del Ministro pecan de optimismo sobre el impacto que tendrán sus medidas durante este año.
Tercero, el titular de Hacienda propuso romper el secreto bancario. Al respecto se debe indicar que actualmente la autoridad tributaria puede acceder a las cuentas bancarias de los ciudadanos con la autorización de un juez. La participación del juez garantiza que los funcionarios no abusen de la prerrogativa de acceder a las cuentas de las personas. Por lo tanto, parece que la propuesta del Ministro es eliminar la figura del juez; de ser así, nos preocupa dejar a los ciudadanos indefensos ante la intromisión de los funcionarios públicos en sus asuntos privados.
En conclusión, la sorpresa de los resultados fiscales de 2019 otra vez elevó el riesgo de la economía, la respuesta de la política fiscal parece ir en dirección correcta, pero el Ministerio de Hacienda está lejos de tener un plan concreto para apaciguar los riesgos y convencer a los tenedores de nuestra deuda. Pero queremos ser optimistas y esperamos conocer en las próximas semanas los detalles de la nueva política fiscal.
