3 abril

En este editorial abogamos por guardar sensatez en el manejo de la política económica para al menos no profundizar el impacto de la crisis originada en el COVID-19.

Se debe actuar en forma sensata en la política fiscal. Algunas personas, incluso economistas, han propuesto en Costa Rica, como en Alemania, el aumento del gasto público y el déficit fiscal para amortiguar la reducción de la producción y del empleo.

Sin embargo, hay una diferencia básica entre las finanzas del gobierno alemán y las nuestras. Alemania en los últimos años ha tenido superávit o equilibrio en sus finanzas públicas. En otras palabras, los alemanes durante las épocas de las vacas gordas ahorraron y ahora pueden aplicar políticas fiscales para sobrellevar la crisis.

En el lenguaje de los economistas: Alemania tiene espacio en su política fiscal para enfrentar la crisis.

Por el contrario, Costa Rica desde el 2009 ha tenido déficits fiscales y acumulación de deuda pública. En 2018 el Gobierno estuvo en fuerte riesgo de no poder financiar el déficit y recurrió al financiamiento del Banco Central. Este mismo año se aprobó una reforma fiscal que enfrentó el problema en forma parcial y en el mediano plazo, bajo la promesa de cumplir una regla fiscal.

Para colmo de males en 2019 el déficit fiscal llegó al 7% del PIB, el más alto desde los años ochenta del siglo anterior. En enero de este año una de las calificadoras degradó el nivel de riesgo de nuestra deuda soberana.

En el lenguaje de los economistas: Costa Rica tiene poco o ningún espacio en su política fiscal para enfrentar la crisis. Por lo tanto, el mayor gasto para enfrentar la crisis en Costa Rica debería salir de la reducción de los otros gastos.

En consecuencia, sería totalmente insensato proponer la actual política fiscal alemana a Costa Rica, porque nos llevaría a una terrible crisis. El ministro de Hacienda ha sido omiso en plantear cómo será la política fiscal durante el resto del año. Lo invitamos a definirla con mayor claridad.

Encajes mínimos

La sensatez también debería imponerse en el manejo de la situación de los deudores. La presente crisis ha llevado a que muchas personas y empresas no puedan realizar el servicio de la deuda con las instituciones financieras. El Poder Ejecutivo dictó una directriz a los bancos del Estado para que flexibilizarán las condiciones a los deudores. Los bancos privados en forma voluntaria se acogieron a esta directriz.

En la Asamblea Legislativa algunos diputados propusieron un proyecto de ley para suspender en forma total el pago de las deudas por cuatro meses. La pretensión original era beneficiar incluso a las personas y empresas que no han resultado afectadas por la crisis. Esta pretensión era totalmente insensata, porque no es justo beneficiar a todos por parejo y porque no es posible realizarlo.

El Superintendente General de Entidades Financieras advirtió que una moratoria generalizada sería de ₡1,7 billones, lo cual representaría un 4,5% del PIB. Este monto pondría en riesgo la liquidez y solvencia del sistema financiero.

Las últimas declaraciones de los diputados se encaminan a algo más sensato: focalizar la moratoria a las personas y empresas más afectados por la crisis. Este es el camino correcto y esperamos que la aprobación legislativa siga por este rumbo.

“El ministro de Hacienda ha sido omiso en plantear cómo será la política fiscal durante el resto del año. Lo invitamos a definirla con mayor claridad".

En el campo de la regulación prudencial, las autoridades del Consejo Nacional de la Supervisión del Sistema Financiero se han movido con rapidez para flexibilizar la regulación y permitir que las entidades financieras puedan responder en forma eficiente a la nueva realidad de los deudores.

El Banco Central de Costa Rica ha seguido una política cambiaria flexible: no ha intervenido para modificar la tendencia de devaluación del colón. Esto nos parece sensato para evitar la acumulación de presiones en el mercado cambiario y proteger el nivel de las reservas internacionales.

Nos parece que el Banco Central debería ser más proactivo en garantizar la liquidez del sistema financiero. Desde hace muchos años el Banco Central ha sido omiso en establecer líneas de crédito de última instancia efectivas. También el ente emisor ha sido omiso en tener un plan para enfrentar situaciones críticas de liquidez.

Ante la ausencia efectiva de préstamos de última instancia para las entidades financieras, consideramos que el Banco Central debería reducir los niveles de los encajes mínimos, especialmente en dólares, para que las entidades puedan administrar con mayor amplitud su liquidez. Sería preferible actuar prudencialmente en vez de hacerlo ante hechos consumados.

Finalmente, una observación general: en materia sanitaria el Ministro de Salud es el vocero oficial y lo hace eficazmente. En materia económica no hay un vocero eficaz y la dirección de la política económica no tiene suficiente claridad para orientar las expectativas de los agentes económicos.