El nuevo informe Estado de la Educación, que monitorea periódica y rigurosamente el desempeño del país en ese campo, presenta quizás el diagnóstico más reservado de los últimos 20 años desde que el informe se publica.
Rezagos y estancamientos se unen a malas decisiones políticas e institucionales para incidir negativamente en el éxito educativo de las nuevas generaciones y en el modelo de desarrollo social sostenible por el que Costa Rica apostó desde hace décadas.
Transitamos un momento en el cual la sociedad necesita del talento humano y de la mejor formación de todas las personas para enfrentar un mundo de alta incertidumbre, una economía basada en el conocimiento y retos complejísimos como el cambio climático y la adaptación a un nuevo orden generado por los avances de la Inteligencia Artificial.
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Sin embargo, los logros educativos que se están obteniendo son más que insuficientes, son llanamente vergonzosos para un país que llegó a ocupar los mejores lugares de la región y hoy lamentablemente se acerca a los vecinos con menores desempeños.
Desde hace varios años lanzamos a los jóvenes a una realidad convulsa y compleja, sin las mínimas herramientas para enfrentarla. Tenemos jóvenes terminando la secundaria con competencias de tercer o cuarto grado de primaria, cohortes completas de estudiantes con reducidas capacidades para resolver problemas, analizar y discriminar información, sin capacidad de síntesis y sin pensamiento crítico.
Una seguidilla de factores que inicia con las huelgas prolongadas del 2018 y a la que luego se le suma la pandemia, golpearon duramente una institución que ya mostraba problemas importantes de resultados, gobernanza y gestión, y que evidenció tener poca resiliencia.
En los últimos años, las máximas autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) actuaron irresponsablemente ante el rezago educativo acumulado. No presentaron un plan de recuperación ni una ruta educativa estratégica con objetivos claros y medibles para mejorar los logros estudiantiles y la capacidad institucional. La exministra y ahora candidata a diputada, Anna Katharina Müller, destacó por esta inacción; aunque en mayo pasado, ya fuera de su cargo, tuvo el descaro de afirmar: “La ruta sí existe, solo que no me dio la gana publicarla”. Las consecuencias de acciones y omisiones más relevantes de su gestión sí quedaron publicadas para la historia en el Estado de la Educación.
Con Müller a la cabeza del MEP, además, se eliminaron programas exitosos, impulsivamente, sin fundamento y sin una alternativa mejor que los remplazara.
A esto se suma la decisión política de atender el ajuste fiscal con una fuerte disminución de la inversión social, pasando de un tope de 7,5% del PIB en educación en el 2017 a 5,2% para el ejercicio presupuestario del presente año.
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Atender demandas fiscales recortando la inversión educativa fue una pésima decisión ya no solo de autoridades educativas, sino también hacendarias, en con el también exministro y también nuevo candidato a diputado Nogui Acosta a la cabeza. Costa Rica ya tomó este camino durante la crisis de los años 80, con lamentables consecuencias que seguimos viviendo hoy y que han condenado a la pobreza a miles de hogares.
Por otro lado, en la educación superior pública se registran algunos avances en el acceso. Sin embargo, la oferta debe ajustarse a las nuevas demandas de una sociedad digital avanzada, y las tasas de graduación deben mejorar significativamente. El porcentaje de la población joven con estudios universitarios está entre los más bajos de los países de la OCDE, cuyo promedio, al contrario, viene mejorando, logrando que casi un 50% de la población cuente con estudios universitarios, en contraste con un 33% para Costa Rica. Estamos ante otra brecha que se agranda.
Recuperar la prioridad fiscal de la educación es necesario, pero no suficiente. Costa Rica requiere con urgencia un pacto nacional por la educación con una hoja de ruta concreta y visionaria, una estrategia de Estado proyectada a 15 años o más, técnica y blindada contra los vaivenes políticos. Como país, debemos garantizar que las personas que están en los estudios básicos en este momento salgan con las mejores herramientas para su vida laboral y es urgente hacer las correcciones necesarias a quienes padecen las deficiencias educativas en este momento.
Para empezar cuanto antes, el informe brinda una amplia oferta de acciones estratégicas de solución para áreas clave que merecen ser consideradas, y nos recuerda que el sistema educativo aún conserva importantes fortalezas históricas para apalancar esa reconstrucción.
No invertir en educación es desperdiciar nuestro talento, limitar nuestra oportunidad de participar plenamente de la nueva economía, debilitar la capacidad de innovación del país, estancar la pobreza y la desigualdad y vulnerar nuestra vida democrática.
