A un año del inicio de este gobierno, en el sector educación la luz sigue apagada. Hacemos votos para que el segundo año sea fructífero, porque el tiempo es un lujo inexistente.
Costa Rica es ponderada mundialmente como modelo en materia de Educación. Desde 1869 la Carta Fundamental estableció la educación primaria obligatoria y gratuita para toda la población infantil, derecho que se ha preservado en las siguientes Constituciones. Poco después se produjo la Gran Reforma Educativa, propiciada por Mauro Fernández Acuña. Se emitió un marco legal integral, se promovió la formación docente, se fortaleció la instrucción primaria y secundaria y se articularon los ciclos educativos, entre otras políticas. Entramos al Siglo XX con la senda marcada por lo que doña María Eugenia Dengo llamó el “Estado docente”: plenamente comprometido con la instrucción pública inclusiva y laica; un Estado que comprendió tempranamente que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico, la movilidad social, la participación cívica, la cohesión social y la cimentación de una sociedad más equitativa.
A lo largo del Siglo XX se establecieron la formación preescolar y secundaria, hoy consagradas a nivel constitucional como obligatorias y gratuitas, y la instrucción vocacional y técnica; se crearon las universidades públicas y centros de atención y nutrición infantil. Hacia fines del Siglo se fundó el exitoso sistema de colegios científicos; se impulsó la enseñanza del inglés y se introdujo la informática en los programas educativos a través de una alianza público-privada del Ministerio de Educación (MEP) con la Fundación Omar Dengo (FOD), ambos programas pioneros, pero aún lejos de un alcance óptimo.
La educación no es ajena a los procesos socioeconómicos, geopolíticos y de todo tipo que ocurren en el país y en el mundo. Por ejemplo, el desarrollo de la educación costarricense durante el Siglo XX estuvo marcado por las guerras mundiales, la revolución del 48 y la crisis económica de los años 80. En este Siglo, las huelgas docentes de 2018 y 2019, la pandemia y las políticas públicas para enfrentarla tuvieron un impacto tan severo que el Programa Estado de la Educación lo llamó “apagón educativo”, agravado por problemas estructurales largamente arrastrados en infraestructura, eficiencia, cobertura y calidad.
En esas condiciones inició la administración Chaves Robles. La expectativa de la gestión de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, con sólida formación profesional y destacada carrera internacional, era muy alta. El lema “Encendamos juntos la luz” con que empezó su mandato parecía un lúcido reconocimiento de que el sistema educativo estaba hundido en una profunda y oscura crisis.
A pocos días del inicio del curso lectivo 2023, la ministra Müller presentó la “Ruta de la Educación”. Desde diversos ámbitos nacionales la Ruta ha recibido múltiples críticas que acusan que no se consultó a todas las partes relevantes y que el plan carece de metodología, indicadores, plazos, asignación de recursos y otros parámetros que permitan valorar su idoneidad y viabilidad. La jerarca ha dicho que se trata de “un proceso vivo” alimentado por múltiples actores y en constante ajuste.
Uno de esos ajustes parece ser la súbita eliminación del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE) ejecutado por la FOD. No se trata de defender a la FOD, pero sí al estudiantado. Es imperativo expresar una honda preocupación por el cierre del PRONIE sin que esté en pie un plan B que lo sustituya. Una transición anunciada con antelación, coordinada y escalonada habría garantizado que las actuales y futuras cohortes estudiantiles no sufran ningún perjuicio a consecuencia de la cancelación del convenio y del programa.
La ausencia de metas específicas con sus correlativos parámetros y plazos de ejecución en la Ruta de la Educación hace difícil evaluar el primer año de la ministra Müller. A pesar del esperanzador lema inicial, no hay señales de que se esté resolviendo lo más urgente: compensar la pérdida de aprendizajes. Se tardó casi un año en implementar las pruebas nacionales diagnósticas, fuertemente cuestionadas por varios asesores nacionales del propio MEP. El pasado miércoles 31 de mayo, la ministra afirmó estar “contenta” porque las notas preliminares de las pruebas nacionales estandarizadas indicaron que los estudiantes de sexto grado superaron, en promedio, la nota mínima para aprobar, que es de 65. No se dio la misma situación con los jóvenes de undécimo y duodécimo. El reporte final de notas será presentado el 30 de junio.
La inversión en Educación es la más baja en decenios y los recortes a becas y subsidios como el transporte estudiantil afectarán a los quintiles más vulnerables dentro del sector, lo que podría traducirse en mayor exclusión. No se ha implementado la prueba de idoneidad para contratación de nuevos docentes ordenada por la ley 9871, no se conoce un plan para resolver la alta cantidad de ausencias por incapacidad y la inopia de docentes, no se ha publicado el plan de inversión en infraestructura educativa ni el de reestructuración institucional, ni se ha presentado un proyecto de ley para actualizar el marco normativo que data de 1957. La lista de pendientes es larga y los datos accesibles son escasos. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) tampoco da muchas luces, pues propone metas muy genéricas y difíciles de alcanzar en el contexto de emergencia educativa que experimenta el país.
La coyuntura demanda acciones extraordinarias e inmediatas, con metas medibles y total transparencia. A un año del inicio de este gobierno en el sector educación la luz sigue apagada. Hacemos votos para que el segundo año sea fructífero y luminoso, pues el tiempo es un lujo inexistente en esta materia.
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