EscucharLas voces de alerta no son nuevas. En Costa Rica hace rato que se ha venido advirtiendo de las condiciones complejas que se ciernen sobre el Sistema Nacional de Pensiones y que, de no tomarse medidas desde ahora, se pone en riesgo la estabilidad y calidad de vida de miles de costarricenses.
La última advertencia nos la dio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su estudio económico para nuestro país, donde claramente señala que: “existe una necesidad urgente de mejorar los programas de protección social, reducir las desigualdades de género y fortalecer el sistema de pensiones”.
En materia social nuestro país sin duda ha alcanzado resultados admirables con una cobertura casi universal en educación primaria y atención médica, logrando la disminución de la mortalidad infantil y el aumento en la esperanza de vida, incluso sosteniendo una cifra de pobreza que por años ha oscilado aproximadamente en un 20%, pero quedándonos cortos ante un incremento cruel de la desigualdad, cuyo nivel lamentablemente es de las más importantes de la región.
La cobertura que tenemos en pensiones también es buena, la OCDE señala en su informe que es de las más altas de la región, sin embargo, existe una serie de desafíos urgentes por enfrentar con claridad y con una acción unificada e integral si fuera que verdaderamente buscamos fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones.
El primer escollo es el decrecimiento poblacional y el aumento de la longevidad de la ciudadanía. Según la ONU para los próximos 50 años la cantidad de adultos mayores se triplicará, pero, además, las proyecciones del Instituto de Métrica y Evaluación en Salud en la Universidad de Washington prevén que a partir del año 2045 nuestra población dejaría de crecer.
Estos cambios demográficos amenazan la sostenibilidad de los regímenes contributivos de pensiones, porque se genera un desface generacional que debilitaría al sistema, mismo que se nutre, para el pago de las pensiones, de las contribuciones, pero además se ve impactada por la tasa de desempleo, los cambios en la estructura laboral del país producto de la revolución tecnológica y la globalidad del trabajo, así como por el incremento de la informalidad, lo que no solo lesiona al sistema por la falta de ingresos para sostener las pensiones, sino que también perjudica el acceso a una pensión para quienes trabajaron en la informalidad, al no cumplir con las cuotas necesarias para su jubilación.
Ajuste necesario
Para la OCDE es necesario adaptar el sistema de pensiones al envejecimiento, vinculando la edad legal de la jubilación al aumento de la esperanza de vida como se aplica en otros países, y adicionalmente sostiene que la universalización de las pensiones es otra alternativa que permitiría ampliar la cobertura del sistema con un impacto económico tan sólo del 1% del PIB.
Sin embargo, se obvia un aspecto medular en la discusión, y es que nuestro Sistema Nacional de Pensiones es multipilar, y que, en el nivel básico, donde descansa el IVM, también existen otros regímenes con sus particularidades en términos de cuotas, tasa de remplazo, aportes y edad de retiro.
Si bien la contribución del Estado es la misma para todos los regímenes, para hablar de equiparar se debe tomar en consideración el aporte del trabajador que también es distinto según el régimen. Puesto en números, el Estado aporta a todos el 1,57%, pero en cuanto a lo que aporta el patrono, los porcentajes oscilan entre el 5,42% al IVM y el 14,36% del Poder Judicial, entonces ¿cuál sería el ideal cuando se habla de equiparar?, quienes defienden un punto de vista fiscalista probablemente sugieran el porcentaje más bajo posible, en tanto quienes nos inclinamos por el bienestar y la equidad social en la vejez, sugeriríamos el mayor porcentaje posible.
Por otro lado, la propuesta de realizar ajustes automáticos y establecer la pensión universal como alternativas para el sostenimiento del sistema son escenarios que requieren ser explorados a profundidad, y específicamente en el segundo caso de la pensión universal, de valorarse como tal, debería valorarse como una sustitución al régimen no contributivo y no como una eliminación de la pensión básica o del primer pilar. Y en esta línea, coincidimos con el sistema ideado por nuestra sociedad, donde ya el cuarto pilar contempla la pensión no contributiva para aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de aportar en su etapa laboral y que en su etapa de vejez se encuentra en vulnerabilidad económica o pobreza.
Ciertamente para fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones se requieren diversas acciones, desde reformas legales hasta la implementación de políticas públicas, por ejemplo, aquellas que fomenten la disminución del empleo informal, la generación de empleo y mayores oportunidades laborales para las mujeres.
La sostenibilidad del sistema de pensiones también pasa por asegurar la fuente de ingresos, es por ello que cada vez se hace más necesario realizar inversiones y generar rentabilidad real: existe la necesidad de crear mejores instrumentos que permitan una mayor profundidad y diversidad del mercado bursátil costarricense. La posibilidad de establecer alianzas público-privadas y el compromiso del Gobierno de permitir que los fondos de pensiones financien obra pública permitirían vigorizar estos fondos, y a la vez generar crecimiento económico al país.
Es importante que el país avance con legislación que fortalezca al régimen del IVM de la CCSS, el cual agrupa a la mayor cantidad de trabajadores. Por ello es importante estudiar el redireccionamiento de recursos públicos para este fondo, así como considerar una serie de reformas legales que se encaminen hacia este propósito de fortalecimiento y sostenibilidad del régimen.
Uno de los aspectos donde se requiere avanzar es en la lucha contra la evasión y la elusión de las contribuciones de las cuotas obrero-patronales, lo cual podría perfectamente tipificarse como un delito pensando no en la “afectación” del empresario, sino en el bienestar del trabajador, lo que finalmente se convierte en un incentivo para la formalidad y el equilibrio de los factores de producción, así como el combate a la pobreza, especialmente de nuestros adultos mayores.
Temas como estos forman parte de una agenda planteada en la Hoja de Ruta para fortalecer al Sistema Nacional de Pensiones, que desde el año pasado JUPEMA, en conjunto con el IVM de la CCSS y Vida Plena OPC, buscamos impulsar la discusión pública con actores, participantes y tomadores de decisión. Esta es una labor que simplemente ya no puede esperar más y que debe abordarse con seriedad y una visión integral por el bien de la sociedad costarricense. ¡No lo dejemos pasar!
El autor es el director ejecutivo de Jupema.
