Editorial: es hora de tomarse la deuda con la CCSS en serio

La deuda corresponde casi exclusivamente a las cuotas del SEM que el Estado debe subsidiar a trabajadores independientes, informales, personas en condición de pobreza y menores de edad, en el marco del modelo de cobertura universal de salud del cual se enorgullece Costa Rica. Su origen se vincula a los aumentos acelerados en la base mínima contributiva del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aprobados por la Junta Directiva de la CCSS para solventar los problemas de sostenibilidad de ese régimen. No obstante, dichos ajustes arrastran también la base contributiva del SEM, elevando automáticamente la obligación del Estado para cubrir a los grupos subsidiados.

A esto se suma una deuda de ¢331.000 millones con el seguro de pensiones, principalmente relacionada con el financiamiento del Régimen No Contributivo, que atiende a la población en pobreza extrema. La Auditoría Interna de la CCSS estima que, en conjunto, la deuda total del Estado con la institución superó los ¢4,4 billones al cierre de 2024.

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Durante la actual administración, el Ministerio de Hacienda ha señalado que no cancelará la totalidad de la deuda mientras la CCSS no la documente con precisión. El exministro Nogui Acosta incluso se opuso a su pago alegando que el Estado no debe asumir el costo de atender a personas que no contribuyen al seguro de salud.

Las decisiones políticas y las posiciones intransigentes nos tiene hoy en un punto donde esa deuda crece de manera descontrolada, se ha vuelto completamente insostenible y amenaza peligrosamente las finanzas públicas.

Urge que el Estado y la CCSS definan un programa de pagos que frene el crecimiento de la deuda en el corto plazo y permita reducirla gradualmente en el largo plazo. Tres aspectos son esenciales.

En primer lugar, se debe garantizar la atención en salud. El derecho de la población a recibir servicios médicos oportunos debe prevalecer. Sin embargo, también se requieren incentivos para que quienes puedan contribuir al SEM lo hagan efectivamente.

En segundo lugar, se debe tener en cuenta el riesgo de un impacto macroeconómico. La deuda con la CCSS, por su magnitud, puede distorsionar los indicadores de deuda pública y los esfuerzos de consolidación fiscal. Su reconocimiento afectaría la calidad crediticia del país y podría afectar el crecimiento del gasto público, especialmente bajo la regla fiscal que limita el presupuesto cuando la deuda supera el 60% del PIB. En la práctica, la reducción de la razón deuda/PIB observada en los últimos años podría ser ilusoria, sostenida en parte por el crecimiento de una deuda no reconocida con la CCSS.

En tercer lugar, se requiere una reforma institucional. Es urgente revisar la Ley Constitutiva de la CCSS para que las cuotas de contribución y otros parámetros claves del SEM y del IVM no dependan únicamente de la Junta Directiva. Hoy, este órgano tiene la facultad de ajustar contribuciones que elevan automáticamente las transferencias estatales, sin evaluar la capacidad de pago del Estado ni los efectos sobre la informalidad y la subdeclaración de ingresos. Así, en los últimos años se han creado gastos para el Estado sin que se hayan definido nuevas fuentes de ingresos. Por tanto, estas decisiones deberían ser aprobadas mediante leyes que incluyan tanto la partida de gasto como la de ingreso para el Estado.

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De cara a las próximas elecciones presidenciales, la ciudadanía debería exigir a los candidatos propuestas concretas sobre cómo abordar esta problemática. La sostenibilidad del sistema de salud y pensiones, así como la transparencia en el manejo de la deuda pública, deben figurar en el centro del debate nacional.