Por: Diego Salto.   18 septiembre

La propuesta del Gobierno para pactar un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ataca de forma directa la formalidad de la economía. No hay mayor incentivo a la informalidad y la evasión, que un sistema fiscal caro y confiscatorio. Por ello, el Gobierno se equivoca proponiendo una reforma que estará deteriorando aún más la economía del país.

Si más del 85% de los empleados están en el sector privado, y la capacidad de contratación del sector público es limitada, resulta evidente que deben buscarse los mecanismos para fortalecer al primero a fin de que el desempleo pueda disminuir. Pero si actualmente la carga fiscal resulta elevada, la propuesta del Gobierno es –sin duda alguna- totalmente desproporcionada: las empresas pasarán de tributar el 30% al 36%, y los dividendos remesados pasarán de 15% al 20%. De esta forma, una empresa cuyo accionista sea una persona no domiciliada en Costa Rica, tendrá una carga efectiva de 48,8%, es decir, que de cada $100 pagará $48,8 en impuesto de renta. Si a esto le sumamos las cargas patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el nuevo impuesto sobre bienes inmuebles y muchas otras cargas fiscales existentes, sin duda alguna estamos ante una situación confiscatoria y poco competitiva.

Desde el punto de vista recaudatorio, la “joya de la corona” es el Impuesto a las transacciones financieras, que no es otra cosa que un IVA adicional y encubierto. Tal y como lo comentó el Ministro de Hacienda, representa en recaudación un monto aproximado al que resultaría de incrementar siete puntos porcentuales el IVA. Podrá ser bueno recaudatoriamente, pero -sin duda alguna- fomentará la informalidad y afectará la “bancarización” tal y como lo reconoció el presidente del Banco Central. Por más éxito que tenga el proyecto de Hacienda Digital, no hay sistema informático que pueda atacar de forma directa la información que no se tiene o se desconoce. Y la informalidad es la principal enemiga de un sistema tributario eficiente.

La supuesta temporalidad del impuesto es un chiste que ni ellos se lo creen. Me decía un amigo colombiano que “no hay nada más permanente que lo temporal”, al explicarme el llamado “gravamen a los movimientos financieros” implementado en Colombia hace ya bastantes años: una supuesta iniciativa temporal que se ha convertido en un impuesto que hoy día se mantiene.

Una propuesta de esta naturaleza no puede ser correcta cuando incluso excede y va contra lo indicado por la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual propuso tres medidas principales: ampliar la base gravando del impuesto de renta (cooperativas, salario escolar y otros), crear impuestos de carácter ambiental y reducir las cargas sociales.

¿De qué sirve reducir la carga patronal si el incremento en el impuesto sobre la renta de las empresas y los trabajadores es incluso mayor? La idea era generar justicia en el sistema e incentivar la creación de empleo. ¿Por qué no crear cargas tributarias medioambientales en lugar de castigar la generación de renta y riqueza?

El precio que el sector privado está pagando en esta crisis sigue siendo descomunalmente desproporcionado en comparación con el sector público. Según lo dijo el Ministro de Hacienda, la mayor medida al gasto es la implementación de la regla fiscal. ¿Cómo pueden hablar de equidad, justicia y progresividad, cuando la mayor medida propuesta con respecto al gasto es la implementación (¿fracasada?) de una reforma aprobada a casi dos años?

La progresividad del sistema debe efectivamente buscar que aporten más quienes más tienen. Pero ello no se logra castigando ni desincentivando la creación de la riqueza. Tributariamente esta propuesta de reforma es un disparate y un sinsentido. Todos somos conscientes que hay que buscar una solución, pero el sentido común dicta que la solución no puede ser decretando más y más impuestos a los mismos de siempre.