EscucharLa educación costarricense atraviesa un momento incómodo a menudo suavizado con discursos optimistas y recuerdos de glorias pasadas. Las aulas siguen abiertas, los programas existen y el calendario avanza, pero algo no termina de cuajar.
Los resultados de aprendizaje preocupan, el desgaste docente se percibe en los pasillos y la confianza social en el sistema ya no es la de antes. Se puede percibir que no se trata de una crisis súbita, sino de un proceso de deterioro acumulado durante años. Reconocerlo no debilita al sistema; lo vuelve honesto y establece un punto de partida para plantear soluciones que no pueden ser cosméticas, sino estructurales.
Uno de los problemas más evidentes es la falta de continuidad en la política educativa. Cada administración llega con prioridades nuevas, ajustes curriculares y promesas que rara vez sobreviven a un cambio de jerarquía al cuatrienio. Todo esto provoca que el sistema funcione bajo una lógica de corto plazo, porque el educar exige décadas de coherencia institucional. Debemos ser claros en que la educación no se construye con políticas de ciclo reducido. Adicional, cuando se percibe cierta inestabilidad esta termina agotando a los centros educativos y confundiendo a las comunidades. En definitiva, cuando la política cambia de rumbo cada cuatro años, el aprendizaje paga la factura como lo señaló el Programa Estado de la Nación del 2023.
Otro nudo crítico es la burocratización de la toma de decisiones. Las escuelas y colegios enfrentan realidades distintas, pero responden a reglas uniformes que dejan poco margen de acción. La autonomía pedagógica existe más en el papel que en la práctica.
Directores y docentes saben qué ajustes necesitan sus estudiantes, pero el sistema prioriza formularios eternos antes que la solución de problemas; incluso crea puestos que, en lugar de facilitar, complejizan la operación escolar. Esa distancia entre la norma y el aula genera frustración y parálisis cotidiana de acuerdo con la OCDE.
A ello se suma un factor cultural relevante: las consecuencias por errores o incumplimientos son prácticamente inexistentes. El exceso de papeleo que obstaculiza las gestiones de las jefaturas para aplicar medidas correctivas termina limitando y desmotivando la ejecución de responsabilidades. Cada servidor debería tener objetivos claros para el ciclo escolar, un plan de trabajo sólido, supervisión periódica y trazabilidad transparente. Esto provee insumos para la evaluación y evidencia para la promoción. Un sistema basado en la meritocracia contribuye a garantizar la calidad docente.
Profesionales se desmotivan
Asimismo, la formación docente muestra grietas profundas. Muchos educadores ingresan al sistema con una excelente base teórica y práctica, pero reciben escaso acompañamiento durante sus primeros años, justo la etapa crucial para consolidar su vocación y sentido de pertenencia al sistema. Por otro lado, la actualización profesional que provee el sistema tiende a convertirse en una carga administrativa antes que en un verdadero espacio de crecimiento porque muchas veces no responde a las necesidades del docente y su contexto. El mensaje implícito es claro y desalentador: resuelva solo, cumpla, hágalo en silencio y no complique. No sorprende que el desgaste emocional y la desmotivación aparezcan con fuerza en estudios recientes.
También persiste una desconexión entre currículo y realidad social. Los programas promueven pensamiento crítico y ciudadanía, pero las prácticas evaluativas continúan premiando repetición y memoria. Muchos estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, y el sistema responde, por un lado aceptando su culpa, pero por otro no aportando alguna solución a corto plazo. Cuando la escuela pierde relevancia para el estudiante y su contexto, el aprendizaje deja de ser significativo y la deserción deja de ser sorpresa.
Ante este panorama, el reto político-educativo para 2026 no consiste en diseñar otra reforma vistosa y rimbombante, sino en tomar decisiones técnicas estructurales y sostenerlas en el tiempo. Se requiere una política educativa de Estado, no de gobierno, con metas claras y medibles que trasciendan los períodos electorales. El país necesita menos anuncios y más acuerdos duraderos. Sin esa base, cualquier cambio se diluye antes de llegar al aula.
En este marco, la inteligencia artificial surge como una vía posible, aunque no como solución automática. Bien integrada, puede apoyar la personalización del aprendizaje, aliviar cargas administrativas y ofrecer datos útiles para la toma de decisiones. Mal utilizada, puede ampliar brechas y reforzar desigualdades existentes. El reto para 2026 será regular, formar y acompañar su uso con criterio pedagógico, no con miedo ni entusiasmo vacío. La tecnología no reemplaza al docente; puede respaldarlo si el sistema se lo permite.
Además, urge devolver confianza y autoridad profesional al personal docente. Esto implica escuchar más al aula y menos al escritorio. Implica evaluar para mejorar, no para castigar. Un sistema que sospecha de sus educadores termina empujando a los mejores al desgaste, al burnout o a la salida silenciosa. Recuperar la confianza exige valentía política y coherencia institucional. Porque un sistema que premie a sus mejores educadores invita a su cuerpo docente a evolucionar conforme sea la necesidad del contexto educativo.
La educación costarricense todavía cuenta con capital humano, tradición y legitimidad social. El 2026 puede marcar un punto de inflexión si se asume que el problema no es solo pedagógico, sino político y ético. La pregunta ya no es si el sistema necesita cambios, sino si el país está dispuesto a sostenerlos cuando dejen de ser cómodos. Mirar hacia otro lado sería más fácil, pero también más caro, dañino y perjudicial para todos.
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El autor es director de la Escuela Educación de la Universidad Fidélitas.
