Ya es oficial: en todo el mundo los trabajadores se están quedando rezagados. Según el último Informe Mundial sobre Salarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con excepción de China, en 2017 el salario real (ajustado por inflación) creció a un ritmo anual de solo el 1,1%, en vez de 1,8% como en 2016. Es el crecimiento más lento desde 2008.

En las economías avanzadas del G20, el salario real promedio creció apenas un 0,4% en 2017, contra 1,7% en 2015. El salario real creció un 0,7% en Estados Unidos (contra 2,2% en 2015), pero se estancó en Europa, donde pequeños aumentos en algunos países fueron contrarrestados por caídas en Alemania, España, Francia e Italia. La desaceleración de “casos de éxito” como Alemania y Estados Unidos es particularmente sorprendente, en vista del creciente superávit de cuenta corriente del primer país y de la reducción del desempleo con estrechez del mercado laboral en el segundo.

En los mercados emergentes, el crecimiento salarial promedio en 2017, del 4,3%, fue más veloz que en las economías avanzadas del G20, pero sigue siendo inferior al del año anterior (4,9%). Asia obtuvo el mayor crecimiento del salario real, debido en buena medida a China y a unos pocos países más pequeños como Camboya, Sri Lanka y Myanmar. Pero en general, el crecimiento salarial en las economías asiáticas se desaceleró en 2017. Y en América Latina y África, varios países experimentaron disminución del salario real.

Además, el informe de la OIT señala que en 2017 se mantuvo una amplia divergencia entre crecimiento salarial y productividad laboral. En muchos países, la participación de los trabajadores en el producto nacional sigue por debajo de los niveles de principios de la década de 1990.

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Se plantea una pregunta obvia: en vista de la recuperación de la producción mundial en años recientes, ¿por qué las condiciones laborales en la mayoría de los países no tuvieron una correspondiente mejora?

La culpa no es enteramente atribuible a ninguno de los dos sospechosos usuales (el comercio internacional y la tecnología). Es verdad que la profundización de la integración con el mercado global de las economías con grandes excedentes de mano de obra, combinada con un aumento del uso de la automatización y de la inteligencia artificial, debilitó el poder de negociación de los trabajadores y trasladó la demanda de mano de obra a sectores muy específicos y limitados. Pero estos factores no alcanzan para explicar la falta de progreso material para la mayoría de los trabajadores.

La verdadera razón del trato injusto obtenido por los trabajadores no es tanto económica como institucional y política. En muchos países, decisiones legislativas y judiciales están limitando derechos laborales reconocidos hace mucho tiempo.

El caso de China

Por ejemplo, gobiernos que solo piensan en mejorar la “flexibilidad del mercado laboral” han seguido políticas que privilegian los intereses de los empleadores por sobre los de los trabajadores, en particular quitando a estos últimos capacidad de organizarse. La obsesión con la consolidación fiscal y la austeridad impidió el tipo de gasto social capaz de aumentar el empleo público y mejorar las condiciones de los trabajadores. Y el actual entorno regulatorio está aumentando la capacidad de las grandes corporaciones para ejercer poder en forma irrestricta, lo que se traduce en un aumento de su renta monopólica y de su poder de negociación.

En síntesis, la captura intelectual de la política económica por parte del neoliberalismo en muchos países está dando lugar a que la mayoría de los asalariados queden excluidos de las ganancias del crecimiento económico. Pero no era inevitable. Al fin y al cabo, China obtuvo un veloz crecimiento salarial, y la participación de sus trabajadores en el producto nacional está en aumento, pese al énfasis del país en el comercio internacional y en el empleo de tecnologías que provocan un veloz reemplazo de la mano de obra.

Tal vez el éxito de China le dé la razón a un modelo propuesto por el difunto premio Nobel de Economía W. Arthur Lewis, que explica de qué manera el empleo en nuevos sectores más productivos puede absorber el excedente de mano de obra y generar un aumento general de salarios. Pero más concretamente, China amplificó este efecto por medio de políticas estatales sistemáticas pensadas para mejorar las condiciones laborales.

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Por eso el salario mínimo nominal promedio en China casi se duplicó entre 2011 y 2018, y los salarios de los trabajadores de empresas estatales crecieron incluso más rápido. Al mismo tiempo, el Gobierno amplió otras formas de protección social para los trabajadores, sin dejar de aplicar políticas industriales que estimulan la innovación y el crecimiento de la productividad y de tal modo ascienden al país en la escala global de valor.

Es cierto que la economía política de China es inusual. Podría ser que la preocupación del Gobierno por el bienestar de los trabajadores solo obedezca a la necesidad del Partido Comunista de China de asegurar su posición política interna. En tal caso, ha forjado un contrato social fáustico típico de las autocracias del este de Asia.

Sin embargo, si China puede ir contra la tendencia del estancamiento salarial, otros países también pueden. Pero antes, las autoridades económicas de todo el mundo tendrán que librarse del paradigma neoliberal, que las volvió incapaces de imaginar políticas alternativas. Como proyecto político, el neoliberalismo está agotado. Para que los trabajadores vuelvan a participar de las ganancias del crecimiento, es necesario que los gobiernos comiencen a adoptar políticas alternativas más progresistas.

Felizmente, la OIT y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, lo mismo que algunos políticos en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países, han comenzado a promover un debate en torno de políticas más razonables. Pero para lograr una economía al servicio de toda la sociedad se necesitará un esfuerzo concertado mucho mayor.

Jayati Ghosh es profesora de Economía en la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi, secretaria ejecutiva de International Development Economics Associates e integrante de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.