Recortar la inversión pública en educación superior tiene consecuencias graves a corto y largo plazo. La evidencia demuestra el impacto positivo que esta ha tenido en el desarrollo productivo y el bienestar de las personas. Es además parte de las raíces sobre las que se ha construido nuestra identidad.
Es inadmisible justificar la asfixia de la educación por una insuficiencia presupuestaria, sin haber agotado las opciones para evitarlo. Por ejemplo, mejorar la ineficiente administración pública, eliminar sus gastos superfluos y avanzar hacia formas más justas y equitativas de aumentar los ingresos fiscales, en especial dado el acelerado incremento de la riqueza en ciertas áreas de la economía que no aportan proporcionalmente al esfuerzo contributivo del resto de la sociedad.
Los recortes propuestos por el Poder Ejecutivo cerrarán programas y sedes universitarias, debilitarán la investigación científica y transferencia de nuevos conocimientos y tecnologías, y trasladarán parte de la matrícula al sector privado. Este tiene una inversión en investigación y desarrollo notablemente escasa y privilegia la rentabilidad financiera, un objetivo legítimo pero que no siempre va comprometido con el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la formación de profesionales. Prueba de ello son los elevados niveles de reprobación de sus graduados en pruebas como el ingreso al internado de medicina o la incorporación al colegio de abogados.
Disciplinas menos rentables para el mercado, como filosofía, música o historia serán también afectadas con los recortes (¡aunque ya alguien señaló que la cultura es un lujo prescindible para los costarricenses!).
La educación pública persigue, además de la formación de profesionales de muy alta calidad como lo evidencian los indicadores internacionales, objetivos colectivos indispensables como la movilidad social de los más vulnerables, la innovación y adaptación de nuevo conocimiento, y el rescate y enriquecimiento de la cultura.
Lograr una alta calidad educativa requiere de una inversión pública sólida y estable, así de simple es, por ello la Constitución lo estipula. Sea que miremos las prioridades de las naciones más desarrolladas, analicemos la evidencia científica o revisemos nuestra propia historia, claramente debilitar la educación no es la ruta. Esperar de parte de nuestros gobernantes decisiones inteligentes y estratégicas, dirigidas a resolver los problemas y desafíos que enfrentamos, en contraposición a reaccionar pasivamente a ellos, es un mínimo que la ciudadanía merece.
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Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica, exvicerrectora de Acción Social, investigadora en nutrición y desarrollo infantil; coordinadora del Informe Estado de la Nación y exdirectora de la Fundación Omar Dengo. Ph.D. en nutrición infantil y epidemiología.
