En el marco del diálogo con el Secretario de Estado de EE. UU., Michael Pompeo, sobre combate al crimen transnacional y el fortalecimiento de la seguridad regional, el presidente Carlos Alvarado esbozó la petitoria para que el gobierno estadounidense revise la disminución de calificación turística de Costa Rica de nivel uno a nivel dos, que ahora recomienda a sus ciudadanos al visitar nuestro país: “Ejercer cautela aumentada debido al crimen”.

Más allá de que no estemos de acuerdo en compartir la misma categoría con países que comparados con Costa Rica muestran mayores índices de criminalidad, tanto cuantitativos como cualitativos, la nueva calificación nos confronta con los costos directos e indirectos del fenómeno delictivo que amenaza económicamente la actividad empresarial y podría llegar a afectar el empleo. Por el lado de la política pública de seguridad ciudadana, obliga a introducir el análisis económico del combate a la delincuencia y medir sus costos directos: públicos y privados.

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En el mismo sentido que preocupa nuestra particular clasificación de riesgo, la política pública debe dar seguimiento a la seguridad de la región centroamericana. Los efectos del crimen regional, “organizado o desorganizado”, repercuten socialmente a nivel de todos los países de la región y en el mercado centroamericano. Si disminuye el crecimiento económico de nuestros vecinos, no solo repercute negativamente en el consumo e la inversión, sino que indirectamente afectará a las empresas costarricenses.

El blog del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un artículo de Dmitry Plotnikov, titulado El alto costo de la delincuencia en América Central, en donde comenta la situación de El Salvador, Guatemala y Honduras. Podría no compartir, desde el punto de vista criminológico, algunos aspectos de la teorización que sigue el artículo, que se basa en la teoría de Gary Becker (Nobel de Economía 1968).

El método formula una medida de la pérdida social por los delitos y halla la inversión de recursos y castigos que minimizan esta pérdida. Se basa en el presupuesto de una racionalidad del sujeto en la Teoría de la Elección, de manera tal que un sujeto pensaría, antes de cometer el delito, en la mayor ganancia que le depararía esa acción delictiva comparándola con la posible ganancia que podría obtener al utilizar sus recursos y su tiempo en otra actividad productiva (costo de oportunidad).

No obstante, la discusión teórica que puede suscitar los supuestos del modelo, el enfoque económico aporta una sólida teorización a partir de la cual puede complementarse la observación del fenómeno, la aplicación econométrica de la estadística criminal, medir la asignación y ejecución presupuestaría; no sólo para una comprensión integral de las causas y efectos de la criminalidad; sino también para practicar la evaluación económica en la gestión del gobierno y los resultados de las políticas públicas tendientes a garantizar la seguridad ciudadana.

El presidente Alvarado

Para ilustrar algunas aristas del artículo referido, he tomado algunos datos de cuentas nacionales publicadas en el portal del Banco Mundial (BM) y de esa forma contribuir a imaginar la magnitud de los datos porcentuales comentados por Plotnikov. Los costos directos de la delincuencia que comprenden los bienes y los recursos (tiempo y salarios de las víctimas y delincuentes perdidos por la actividad delictiva), y los recursos gastados en seguridad, tanto público como privados, que podrían haberse utilizado con otros fines productivos, representaron en Honduras el 13% del PIB del 2016, $2.830 millones a precios actuales.

Para contextualizar esa cifra en el gasto público, la comparamos con el primer bastión de prevención primaria del delito que es la Educación, resultando que esos costos directos de la delincuencia superaron en un 100% el presupuesto destinado por Honduras para la educación.

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En cuanto a los costos indirectos, entendidos como factor subjetivo de la población que interioriza una percepción calamitosa por su estado de inseguridad e impotencia frente a la delincuencia, se cita entre sus componentes: la reducción de las oportunidades de empleo, el aumento de la emigración, la erosión de las instituciones y la corrupción.

En el caso de El Salvador los costos directos de la delincuencia para el 2015 fueron del 20% del PIB, unos $4.700 millones a precios actuales y los costos indirectos -el 7% del PIB- representaron cerca de $1.600 millones. En ese mismo año, El Salvador gastó en programas de educación aproximadamente el 4% de PIB, es decir, los costos del combate a la delincuencia consumieron ocho veces más presupuesto que el monto destinado a proveer educación a la población.

Tomando el mismo año 2015 para Guatemala, los costos directos de la actividad delictiva se calcularon en un 6% del PIB ($3.800 millones a precios actuales), y los costos indirectos fueron del 1% del PIB (cercano a $690 millones). El porcentaje del gasto público para la educación destinado para ese periodo fue de aproximadamente el 3% del PIB, los costos totales ocasionados por la delincuencia duplicaron el gasto en educación.

El enfoque económico sobre el crimen, muestra que el crecimiento estable e inclusivo, infraestructura, mejores salarios, seguridad social, abatimiento de barreras para participar en el mercado y mayores facilidades al crecimiento empresarial con responsabilidad social, se traducen en el crecimiento del PIB per cápita, con menores tasas de desempleo, que tienen efectos directos en la disminución de la criminalidad. De igual forma, un crecimiento del PIB se traduce en una mayor recaudación tributaria y pueden destinarse mayores recursos a la prevención primaria del delito, la reeducación y readaptación social, disminuir la marginalidad, y procurar más y mejores viviendas y servicios públicos.

El presidente Alvarado debe confrontar a su equipo de gobierno sobre la necesaria eficiencia de las acciones que se llevan a cabo para garantizar la seguridad ciudadana y exigirles productividad y eficacia de gestión. Debe analizarse si el dinero que los costarricenses aportamos mediante impuestos, se está invirtiendo con racionalidad en el combate contra la delincuencia, la condena y el castigo. Aún más importante: potenciar los programas de prevención, y en particular el tratamiento de la delincuencia juvenil que muestra la mayor frecuencia y propensión a la violencia, y en consecuencia, requiere de urgentes, vigorosas y sostenidas acciones.

Es ineludible exigir cuentas, y analizar si los resultados son éxitos o fracasos de conformidad con los objetivos de la política de seguridad ciudadana que supone un liderazgo estratégico del señor Presidente.