Es imprescindible entender que hoy somos más pobres que ayer y mañana seremos más pobres que hoy. El nuevo coronavirus y la lucha para enfrentarlo nos han empobrecido.

Debemos encarar nuestro empobrecimiento atendiendo en primer lugar la necesidad de defender la vida y la salud, y los ingresos básicos de quienes pierdan su empleo y estén en pobreza. Pero si antes de esta pandemia no teníamos recursos para las necesidades de todos y teníamos una situación fiscal precaria, ahora tenemos menos recursos y tendremos una situación fiscal peor a la que se proyectaba.

Si disminuye la cantidad de harina (turismo), huevos (compradores externos), mantequilla (restaurantes, estadios, y otros entretenimientos), leche (menos pasajeros en los buses) y polvo de hornear (disminuyen los tributos que recibirá el Gobierno) el queque que se podrá hornear (producción de bienes y servicios) será más pequeño.

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El COVID-19 y las medidas para disminuir la magnitud de su incidencia en nuestro sistema hospitalario, nos han empobrecido. Eso ya nos pasó y la necesidad de proteger la vida y la salud obliga a aislarnos, menos gente puede trabajar y comprar, y cada día el efecto será mayor. Las tajadas del queque serán más pequeñas. No hay magia ni mago que pueda impedirlo.

En 1980 el Premio Nobel de economía Roberto Solow, refiriéndose a la crisis provocada por el aumento de precios del petróleo creado por la OPEC en los setentas, advirtió: “…el problema que impone a la política pública una perturbación de la oferta no es eliminar los efectos reales de la disminución del abastecimiento. No hay manera de que la política macroeconómica pueda remplazar una cosecha de trigo que se pierde... El interés de la política macroeconómica es el impacto de la perturbación de la oferta en el nivel general de precios y en el volumen de la producción”.

Pero no todos teníamos la misma tajada del queque antes del nuevo coronavirus. Además, a pesar de la pérdida de ingredientes para hacer el queque, algunas personas, empresas y sectores productivos sufren una pérdida mucho mayor de esos ingredientes.

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No se debe permitir que impere el egoísmo y la indiferencia y dejar que los ganadores y quienes resulten menos afectados se aprovechen de la situación en perjuicio de los demás. Tampoco que para desahogar sus prejuicios sus detentadores muevan la sociedad a buscar culpables en vez de encarar el problema. La demagogia invita a ganar adeptos repartiendo como si los recursos fiscales fuesen infinitos.

Proceder de esas maneras nos llevaría en poco tiempo a una muy grave postración social, que causaría inmenso dolor en especial a las familias más pobres.

No hay más remedio que focalizar las ayudas. No se pueden disipar los escasos recursos en personas o actividades que no son quienes más los necesitan.

Lo primero es satisfacer las demandas de nuestro sistema de salud para atender la pandemia. Por cierto, toda contratación de personal debe serlo temporal con plazo de finalización del contrato laboral determinado y corto, para no incurrir en los costos que se provocaron cuando se enfrentó la gran recesión de 2008-2009.

Recursos del FCL

El otro uso prioritario debe ser para atender a las familias en pobreza o con muy bajos recursos y que han perdido sus empleos. Para ese fin se deben redirigir los recursos de los programas estatales para enfrentar la pobreza. Pero claro que no van a ser suficientes.

Los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) son para atender con el auxilio de cesantía a las personas que pierden su empleo. Durante esta crisis debe permitirse que se usen también en favor de quienes vean disminuida su jornada laboral y su ingreso en virtud de la nueva ley que -adecuadamente- lo permite como un paliativo al desempleo.

Esta emergencia nos ayuda a ver lo perjudicial que habría sido repartir esos recursos sin causa alguna, como se pretendió. Las personas que ahora los necesitan no podrían disponer ahora de ellos. Claro esto solo debe estar disponible para quienes los requieran ahora. El FCL de las demás personas debe preservarse para que se cumpla su propósito, pues el futuro es hoy más incierto y todos debemos ser precavidos ante posibles futuras pérdidas de ingresos.

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Es muy posible por la magnitud del socollón que sufre el sector productivo, que esos recursos no sean suficientes. Y es claro que las necesidades básicas de las familias de más bajos recursos requieren ser atendidas con prioridad. Esto significa que se deberán aumentar los gastos del Gobierno en esta área.

Al mismo tiempo, bien sabemos que los ingresos del Gobierno van a disminuir por la no operación de algunas empresas y por los menores ingresos y consumo de las personas. Ello debe ser compensado en la medida de lo posible con la supresión de gastos convenientes del Gobierno, pero no indispensables, y también con una participación temporal en el esfuerzo ante esta emergencia nacional de pensionados y empleados públicos, como lo he manifestado dando mi apoyo al proyecto del diputado Rodolfo Peña.

Focalizar el apoyo a quienes de verdad lo requieren es costoso. El Gobierno ya ha aprobado no interrumpir la prestación de los servicios de agua y electricidad a quienes no los puedan pagar. Podría darse un apoyo generalizado a las familias con muy bajo consumo de agua y electricidad suspendiendo su cobro por tres meses a las familias con muy bajos consumos.

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En esta misma dirección de apoyo a familias y también a microempresarios van las medidas que ya adoptó la CCSS respecto al cobro de las cuotas de la seguridad social. Respecto al aparato productivo lo más importante es crear condiciones para evitar quiebras comerciales o personales que no se justifican porque son negocios que podrán seguir operando después de la crisis. En este campo es muy importante la conducta que los bancos sigan en adecuar los créditos de las empresas que temporalmente vean muy afectados sus flujos de caja, tal como lo determina la directriz del gobierno a los bancos del estado, que la banca privada ha acordado voluntariamente seguir.

Es importante que todas las medidas en favor de familias pobres y empresas ilíquidas sean muy focalizadas a quienes de verdad lo necesiten. Los recursos son cada vez más escasos por el empobrecimiento que sufre el país. No se justifican de ninguna manera medidas generalizadas de reducción de impuestos.

Se debe evitar la demagogia y es muy nocivo que políticos, periodistas y formadores de opinión caigan en la trampa de creer que es asunto de buena voluntad, y de incluso criticar acremente a quienes llamamos a la mesura y la previsión.

Defendamos la vida, la salud de todos y el bienestar de quienes se encuentren en condiciones que de verdad lo requieran. Participemos todos solidariamente del esfuerzo. Hagámoslo racionalmente, utilizando lo mejor del conocimiento y la experiencia del siglo XXI. Pero recordemos que no emitimos dólares, ni marcos, ni libras, y no podemos financiarnos como los gobiernos de EE. UU. y Europa a tasas de interés de 1 y 0%. Nuestros bonos ya han subido la tasa de interés a la que se pueden colocar en el mercado internacional de 6,7% a 10,4%.

A esa tasa la deuda sería impagable en poco tiempo, y entraríamos en una crisis financiera de incalculables sufrimiento humano y duración. Recordemos la solución costarricense, unámonos y actuemos previsoramente.