Esta semana que concluye, a solicitud de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de la financiera Desyfin S.A. Esta es la segunda intervención en menos de tres meses, luego del caso de Coopeservidores iniciado el 13 de mayo.
A pesar de que se trata de entidades relativamente pequeñas sin efectos sistémicos sobre el sector financiero, estas intervenciones en tan poco tiempo sí llaman la atención y causan preocupación del público general. Lo anterior reviste mayor importancia si se toman en consideración los cuestionamientos por parte de la Presidencia de la República sobre el accionar de la Sugef y de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) en casos más sonados como el de Aldesa, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR Safi) y la irregularidad financiera que pesa sobre el Banco Popular y su operadora de pensiones.
Surge la pregunta sobre si han existido cambios recientes en la regulación y en la forma de trabajar de la Sugef, o si estos procesos de intervención tan seguidos son una mera coincidencia, en adición a las calificaciones de irregularidad financiera descritas. Nos inclinamos más por la primera afirmación que por la segunda.
En primer lugar, debemos recordar que, durante la época de la pandemia, la regulación financiera se suavizó para permitirle a las entidades financieras refinanciar y recalificar operaciones morosas sin que ello influyera en los indicadores de suficiencia patrimonial. Esta laxitud provocó que préstamos malos se catalogaran como buenos durante los años posteriores a la pandemia.
En segundo lugar, posterior a la pandemia, la Sugef cambió la metodología para estimar las pérdidas de los préstamos morosos, pues a partir del 1° de enero de 2024, estas pérdidas ya no se contabilizan con base en pérdidas ocurridas sino en pérdidas esperadas. Esto tiene una implicación importante sobre los resultados de las ganancias de las entidades financieras y, a pesar de que se dieron varios años para realizar el ajuste, la realidad muestra que para entidades como Coopeservidores y Desyfin este cambio tuvo un efecto suficientemente importante como para impactar sus niveles de solvencia medidos por el Índice de Suficiencia Patrimonial (ISP). Desde este punto de vista, la Superintendencia debió prever este impacto y realizar un ajuste más pausado o tomar medidas efectivas que hubiesen evitado una intervención, la cual debe ser una decisión de última instancia.
En tercer lugar, ambas cosas se mezclan con una actitud de supervisión más agresiva que en el pasado, posiblemente a causa de cambios administrativos internos en los entes supervisores o para contrarrestar las críticas que pesan sobre la supervisión financiera. A pesar de ello, persiste la sensación de que las actuaciones de la Sugef están llegando muy tarde y prácticamente la intervención se decreta solo para concluir la inviabilidad de un negocio y su liquidación.
Sea de una forma u otra, el sistema financiero enfrenta un mar picado. Sugef afirma que estas dos intervenciones son muestra de que la regulación funciona. Desde otra óptica se puede argumentar lo contrario: que estas intervenciones muestran que el sistema no es eficiente porque llega a destiempo.
Dos intervenciones en tan poco tiempo alimentan la incertidumbre entre el público y abren la ventana a una proliferación de rumores de que procesos similares vienen en el camino de otras entidades. Ello puede resultar en un efecto contrario a lo que debe buscar una buena regulación, pues enciende alarmas en lugar de generar confianza, lo cual sí puede evolucionar en un problema de carácter sistémico.
