La crisis generada por la pandemia del COVID-19 generó, en pocos meses, un empobrecimiento en cientos de miles de hogares costarricenses. Los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el mes de julio del 2020, precisa algunas cifras del impacto social hasta ese momento.

Tal y como era de esperar, la pobreza medida como insuficiencia de ingresos, mostró aumentos significativos con respecto al año anterior, explicada por una fuerte contracción de los ingresos de los hogares, producto de la afectación en el empleo. Si no fuera por las transferencias, la situación podría ser peor.

Entre julio de 2019 y de 2020, la pobreza total pasó de un 21% a un 26,2%, lo cual equivale a 419.783 hogares pobres, 83.888 más que el año anterior. De ellos, el 7% estaba en pobreza extrema, es decir, sin poder ni siquiera satisfacer sus necesidades de alimentación, aquejando a 112.987 hogares y 435.091 personas.

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La incidencia de la pobreza del 2020 implicó un retroceso de casi 30 años, pues esos niveles los ostentaba el país a inicios de la década de los noventa y no se observaban desde entonces.

El golpe

Aunque aun es temprano para conocer con mayor profundidad los efectos sociales de la crisis, y con la advertencia de que todos los grupos, en mayor o medida se vieron perjudicados, la ENAHO 2020 da algunas señales por dónde se dio el impacto más fuerte.

En primer lugar están las personas que residen en las zonas urbanas, que históricamente han tenido una tasa de pobreza más baja. La pobreza urbana aumentó de un 19,8% a un 26,4% y superó a la rural, la cual también creció, pero menos (de 24,2% a un 25,5%). Desde 1987, según las encuestas de hogares, nunca la pobreza urbana había superado la proporción de la rural.

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Segundo, los hogares de las regiones Central, Chorotega y Pacífico Central fueron los más fuertemente golpeados. Las dos primeras regiones eran las que ostentaban los niveles de pobreza más bajos en el año 2019 y experimentaron los aumentos más significativos. De este modo, en julio de 2020 cerca de uno de cada tres hogares de las regiones Chorotega y Pacífico Central estaba en condiciones de pobreza, mientras que en la región Central se encontraba el 23,7%.

El INEC también reportó que el efecto de la pandemia no fue mayor debido al aumento en las transferencias, tanto públicas como privadas, que recibieron los hogares (ayudas monetarias y/o en especie, como por ejemplo alimentos y pago de servicios). La ENAHO estima que, de no haberse generado este tipo de aporte adicional, la incidencia de la pobreza total hubiera aumentado a un 30,4% y la extrema a un 11,0%, lo cual equivale a 4,2 y 4,0 puntos porcentuales menos, respectivamente, de las cifras oficiales.

Los últimos Informes del Estado de la Nación demostraban que, en los años inmediatamente anteriores al shock, el país lograba contener el empobrecimiento de la población mediante la inversión social pública, cuyo impacto venía en aumento. Las transferencias monetarias del Estado a los hogares, junto con los programas universales en educación y salud pública, lograban compensar la falta de oportunidades de empleos de calidad y el incumplimiento de las garantías laborales y el salario mínimo a los que se enfrentaba una parte importante de la población.

La difícil situación fiscal del país desde años atrás, agravada por la crisis de la pandemia y la contracción de la economía, ponen en riesgo el financiamiento de la inversión social, en una época en que más bien se necesitan mayores aportes para contener el deterioro que están sufriendo muchos de los hogares.

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Es importante recodar que un mal manejo de las crisis económicas puede tener impactos que se extiendan por varias décadas, y afecten a varias generaciones. Tal y como sucedió con los recortes en la inversión en educación y salud que aplicó el país en los años ochenta, y que limitaron las oportunidades de amplios sectores de la población, que aún hoy sufren las consecuencias de sus bajos niveles educativos.

Es claro que durante los próximos años el financiamiento de los programas sociales será cada vez más limitado, por lo que es imprescindible mejorar la coordinación, la gestión, la eficiencia y la rendición de cuentas en la ejecución de los recursos públicos administrados por las instituciones del sector social.

En este contexto, el país dispone de una pieza clave para la política social, que requiere consolidarse, pues aún tiene algunas limitaciones. El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) integra microdatos de la población objetivo y de las personas beneficiarias de los programas sociales selectivos. Esta fuente de información tiene el potencial de sustentar un programa de investigación social y posibilitar la innovación en el diseño de la política pública basada en la evidencia, así como hacer un uso más eficiente de los fondos públicos.