Por: Roberto Artavia.   9 agosto

Muchas de nuestras instituciones públicas —ICE, Recope, Japdeva, CNP, etc.—, algunas de ellas estratégicas, se han convertido en un pesado lastre para el desarrollo nacional.

Han sido tomadas por grupos laborales que se han servido de ellas para su enriquecimiento particular, a costa del bienestar de todos los costarricenses. El ICE perdió el año anterior $489 millones que sus “dueños” esperan les sean resarcidos por medio de tarifas o endeudamiento que terminamos pagando todos los costarricenses; todo con la complicidad de las instituciones llamadas a regularlo y de un Estado que no se atreve a hacer lo que corresponde.

En medio de una crisis fiscal se siguen drenando los escasos recursos disponibles para rescatar instituciones que fueron destruidas por una combinación de la incapacidad y codicia de sus trabajadores y de la negligencia acumulativa de sus administradores y directivos.

No tiene que ser así. En otros medios hay instituciones públicas que lo hacen bien, generan utilidades, reparten dividendos al Estado y se desempeñan con alta productividad, calidad e impacto sobre la vida de sus ciudadanos.

Instituciones podridas

Pero algunas de nuestras entidades están podridas.

El paradigma general del Estado costarricense debe cambiar hacia un empleo público al servicio de la ciudadanía e instituciones que, o se redefinen en su gobierno institucional y situación laboral, o se concesionan, privatizan o se convierten en alianzas público-privadas de alto desempeño.

No entiendo por qué no se aprende una lección claramente enseñada por el cambio en nuestros aeropuertos o en la telefonía celular, donde algún grado de apertura y competencia los transformó por completo.

Esta es una lucha que hay que dar.

Espero que nuestras instituciones de sociedad civil, cámaras, centros de pensamiento y sobre todo la ciudadanía, construyan el capital social y político necesario para que este cambio se dé. De otra forma, estamos casi, casi perdidos.