.  8 junio

Hace tan solo cuatro meses elegimos nuestros representantes ante la Asamblea Legislativa en elecciones libres, transparentes y administradas por un tribunal electoral imparcial.

Hace dos meses los ciudadanos eligieron también al presidente de la República por una abrumadora mayoría.

El pueblo, ejerciendo los controles políticos constitucionales, les ha encomendado la gestión de los asuntos públicos, nuestros representantes recibieron esa misión en elecciones ganadas limpiamente.

La reforma fiscal es una de las tareas pendientes que los representantes populares deberán emprender, debidamente legitimados por el voto ciudadano.

Una vía improcedente

Resulta improcedente y antidemocrático que algunos dirigentes sindicales, cuyas elecciones han sido siempre opacas y casi perpetuas, vengan a plantear que dicha reforma no sea discutida en los espacios constitucionales previstos, sino en una supuesta mesa de diálogo inventada por ellos, para tratar de ganar, en la opacidad de negociaciones bajo la mesa, lo que sus aliados políticos perdieron en las elecciones de febrero.

Si los sindicalistas quieren dialogar lo podrán hacer a la luz del día en el marco de un proceso legislativo que incluye audiencias a todos los sectores.

Los diputados deberán escuchar a todos los que quieran plantear sus ideas sobre este proceso de reformas, atendiendo aquellas que consideren indispensables para el logro del bien común.

Ese es el camino, no las mesas de diálogo ideadas para distorsionar la voluntad popular y promover los intereses de dirigentes sindicales que buscan un Estado corporativista.

El Gobierno tiene capital político suficiente para enfrentar este intento antidemocrático y bien ha hecho el presidente Alvarado en señalar que ese es el espacio adecuado para la decisión democrática.