EscucharGoogle confirmó este viernes 17 de junio que fue condenado en México a pagar unos $245 millones a un particular por permitir la publicación de un blog que lo señalaba sin pruebas de diversos delitos, una decisión que impugnará en tribunales superiores.
En una breve declaración enviada este viernes a la AFP, Google México confirmó la sanción por "daño moral" tras el litigio interpuesto por un abogado acusando al gigante de internet de permitir dicha publicación.
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Un blog señalaba al demandante de delitos como lavado de dinero, tráfico de influencias y falsificación de documentos. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)
"Lamentamos la sentencia (...), que consideramos arbitraria, excesiva y sin fundamento alguno. Google se defenderá hasta la última instancia", señala la declaración.
Este fallo, emitido el 13 de junio, "atenta contra la libertad de expresión y otros principios fundamentales y confiamos en que los tribunales federales actuarán en estricto apego a derecho", añade la declaración.
El demandante es el abogado Ulrich Richter Morales, quien acusa a Google —perteneciente al conglomerado Alphabet— de haber permitido la difusión de un blog que lo señala de presuntos delitos como lavado de dinero, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
"Es un fallo muy importante y relevante en esta era tecnológica, en la era digital, y creo que fija un precedente de que también los buscadores tecnológicos pueden ser sujetos a una responsabilidad de daño moral y que no están exentos de ello", dijo Morales en entrevista.
El abogado añadió que la multa "debe de ser ejemplar para que el que causó el daño no lo vuelva a repetir y que otro ciudadano no pueda verse afectado en sus derechos".
Richter ha exigido desde 2015 que Google retire de internet el blog, con ocho breves entradas de 2014 y que aún se puede consultar.
Ante la negativa, Morales Ulrich entabló una demanda por daño moral, misma que ganó en primera instancia en 2021 y que Google apeló. Este caso podría llegar hasta la Suprema Corte.
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La firma estadounidense, con sede en Mountain View, ha enfrentado demandas similares en otros países.
El 6 de junio, una corte australiana le ordenó indemnizar con $500.000 al primer ministro de Nueva Gales del Sur, John Barilaro, quien reclamó que fue difamado en unos videos de un cómico difundidos en YouTube, propiedad de Google.
