El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contraatacó, con apelaciones y una solicitud de medida cautelar, el informe de la Contraloría General de la República sobre sus compras.
El informe detalló problemas en las adquisiciones de bienes y servicios: se recurre más a las contrataciones directas, lo que implica riesgos en sobreprecios y calidad, no se evidencia relación con la planificación institucional, y no se verifican las declaraciones juradas para ver si el proveedor puede tener algún causal de prohibición o conflicto de interés.
La Contraloría General de la República (CGR) encontró 59 oferentes adjudicados que presentan alguna relación familiar con funcionarios del Instituto . Los contratos con esta situación suman casi ¢6.000 millones.
Asimismo, en una muestra de casos que realizaron los funcionarios de la CGR, encontraron que en el 50% de los contratos se presentaron atrasos en las entregas, pero el ICE no cobró las multas respectivas.
El Instituto respondió que aplica varias de las disposiciones que emitió el ente contralor, pero que hay otras que se convierten en amarras para poder contratar y competir, como la de corroborar las declaraciones juradas que presentan los proveedores.
“La Contraloría no logró acreditar ni destacar ningún acto lesivo a la Hacienda Pública”, dijo Luis Acuña, director de proveeduría institucional del ICE. “Pese a ello, incluye disposiciones que vienen a entrabar los procedimientos de contratación administrativa de la institución”.
Acuña agregó que ese entrabamiento implica un grave detrimento económico , “estimado en casi ¢6.000 millones”. Además, va en contra de la ley de modernización del ICE.
El Instituto presentó el 10 de febrero pasado un recurso de revocatoria a la misma CGR, cuya área de infraestructura rechazó sus alegatos. Posteriormente introdujo una apelación, que se encuentra en trámite ante el despacho contralor.
Según la Contraloría “se trata entonces de un caso que todavía se encuentra en trámite”.
Adicionalmente, el anterior 24 de marzo, el ICE presentó una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para que se suspendan las disposiciones de la CGR.
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“Inaceptables”
El Instituto afirma que la Contraloría se extralimita y que algunas de sus disposiciones “son totalmente inaceptables”, representan obligaciones adicionales y son contrarias a la legalidad.
Entre las disposiciones de la Contraloría aceptadas y ya implementadas por el ICE están la incorporación de cronogramas y de las actas de recepción de obras o bienes en los expedientes, así como completar la falta de folios.
También se procedió al cobro de las multas en los casos en que los proveedores incumplieron las fechas de entrega.
No obstante, respecto a las disposiciones consideradas que no cumplen con el principio de legalidad , el ICE se defiende alegando que posee una normativa especial, la ley 8660 de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones, una de las leyes complementarias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El Instituto sostiene que estas disposiciones cuestionadas crearían procedimientos que aumentan los costos, deterioran la atención de los clientes, y le harían perder competitividad y participación de mercado “al llegar tardíamente con las soluciones que el cliente demanda”.
También afectarían su capacidad de reacción y la imagen que tiene en el mercado.
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Acuña añadió que el ICE cuenta con un plan de compras anual vinculado con su programa operativo. Asimismo, se utiliza la plataforma Merlink , que “asegura transparencia”, y que la verificación de idoneidad del proveedor se aplica en licitaciones o contrataciones directas de mayor cuantía, en todo caso aplicando la Ley de Contratación Administrativa.
“La Contraloría señaló, efectivamente, que 59 oferentes tenían algún vínculo familiar con trabajadores del ICE, pero no encontró alguno hubiera estado sujeto al régimen de prohibiciones en contratación administrativa”, argumentó Acuña.
La entidad sostiene que la mayoría de las contrataciones directas son de escasa cuantía , representan menos del 20% del monto total de compras, se realizan por concurso desde el 2007 (en algunas contrataciones se han recibido hasta 29 ofertas), son adjudicadas casi totalmente a pequeñas y medianas empresas y no requieren tanto formalismo.
El ICE dice que el control de calidad lo realiza el administrador del contrato y que hay mecanismos para garantizar que el precio no sea ruinoso : a la hora de seleccionar al proveedor se fijan en los que cumplen los requisitos mínimos y ofrezca el menor precio. Si si excede el 30% de lo estimado debe justificarse.
Hallazgos
90% de las compras son por compra directa , con riesgos en sobreprecios, dependencia de proveedores, calidad y transparencia.
No se demuestra relación de compras con la planificación del ICE y que reglamento interno no contempla este requerimiento.
No se definen márgenes de precios excesivos o ruinosos , que demuestren la razonabilidad del costo.
No se definen procedimientos de control de calidad de la ejecución, recepción, suministro o servicio.
No se verifican declaraciones juradas de oferentes y que se cumplan prohibiciones o conflictos de interés.
50% de contratos tienen atrasos en entregas y no se cobró multas.
Fuente Informe DFOE-IFR-IF-00001-2017
